Por: Federico Cedarri

Promediaba el año 2016 y el ambiente parlamentario se encontraba imbuido en la vorágine de proyectos que venían a ampliar  derechos y terminar, se dijo así en aquel momento, con la perpetuidad de los mandatos de legisladores e intendentes.

Así fue que con amplio consenso de la opinión pública se avanzó en la aprobación unánime de leyes como la de paridad en las listas electorales y el límite a las reelecciones. Eran los tiempos en que la  sociedad política de María Eugenia  Vidal y Sergio Massa funcionaba a pleno.

Hoy en día mucha agua parece haber corrido debajo del puente, y reposicionamientos políticos al margen, algunas iniciativas comienzan a considerarse un lastre casi 5 años después, sobre todo en lo referente a la imposibilidad de  los alcaldes de volver a postularse más de dos mandatos y con la amenaza en cierne de los ímpetus juveniles que avanzan con la venia del kirchnerismo duro.

Esta última implicancia, ya comienza a encender luces de alarmas en los laboratorios electorales, con vistas más que nada hacia el 2023, es que ya nadie quiere quedar preso de una normativa que les generaría de mínima una reducción en la cuota de poder en los últimos dos años de mandato a los intendentes que no podrían postularse nuevamente.

Esto conllevaría un desaguisado interno que podría desembarazar un precipitado desembarco en algunos distritos de funcionarios que hoy responde a La Cámpora y que conducen dependencias de Anses y Pami, que aspiran a posicionarse como hipotéticos reemplazantes de los intendentes con fecha de vencimiento.

La vía judicial gana cada vez más adeptos entre los alcaldes de los dos colores políticos mayoritarios y también comienza a visualizarse como única tabla de salvación.

Cuando al comienzo de la gestión de Alberto Fernández, el primer mandatario ejecutó un contundente guiño cómplice, ante la queja amarga de algunos intendentes del conurbano,  a la posibilidad de avanzar en la justicia para voltear esta la ley que se cruzaba en sus planes de mediano plazo, la irrupción de la pandemia puso un freno repentino a la intentona que se pergeñaba y todas las energías se concentraron en la gestión de la lucha contra el coronavirus.

Pero el tema volvió al ruedo, trascendió por estos días que estaría dándose forma a un hermético pacto entre senadores del Frente de Todos y Juntos por el Cambio y  el Defensor del Pueblo, el peronista Guido Lorenzino, que pondría la mano de obra para ejecutar una presentación en la justicia que pida otra interpretación de la ley y que los primeros mandatos sean considerados como los electos en 2019.

A cambio de este favor, según reza la versión, el Senado se comprometería a habilitar la extensión del mandato de Lorenzino por tres temporadas más.

Ante este insidioso rumor, desde PDS  comenzamos a indagar si el mismo tiene algún brío de entidad o bien podría considerarse más una operación política de algún interesado directo que podría resultar beneficiado.

El presidente de las Bicameral de las Emergencias, Francisco Paco Durañona, descalificó la especie y nos confesó que era primera vez que oía semejante desatino.

El legislador negó de plano la especie al asegurar: “Nadie me comentó eso ni lo escuché”.

También volvió a pronunciarse a favor de hacer cambios en los sistemas electorales, “pero los mismos deben encarase en años no electorales así las discusiones no se tiñen de partidismo”.

Por su parte, el titular del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara Alta, Roberto Costa, aseguró que desde su espacio no tienen ánimo de modificar la normativa votada en el 2016: “Nosotros votamos algo que evitaba la perpetuidad en los cargos y garantizaba una oxigenación de la política, entonces mal podemos avanzar en algo que termine de desdibujar el objetivo de lo que refrendamos”, aclaró.

Sin embargo, no le cerró el camino a que los que se crean perjudicados puedan asistir a la vía judicial: “No vamos a modificar ni eliminar algo que hicimos a conciencia y convencidos, pero no podemos impedir que recurran a la justicia quienes se sientan damnificados”.

El titular de la Comisión de Reforma Electoral y Política, y alfil de Jorge Macri, Gabino Tapia,  también descartó que desde Juntos por el Cambio puedan avanzar en algún tipo de conciliábulo con el oficialismo y el Defensor del Pueblo: “Desmiento en forma rotunda esa versión, es la primera vez que escucho algo tan descabellado”, soltó.

Dejó expresa la posibilidad de generar algún tipo de debate dentro del ámbito que conduce: “En la medida que exista una discusión con argumentos y no responda a un oportunismo y conveniencia coyuntural, toda postura es válida y respetable”.

Volvió a negar de forma tajante la posibilidad de que Juntos por el Cambio auspicie una presentación en la justicia para condicionar la esencia de la ley: “En mi opinión, yo no estoy a favor de modificar la ley de reelecciones ya que dicha norma, promovida en la gestión de Maria Eugenia Vidal y en ese momento criticada por el hoy oficialismo, busca consolidar el sistema democrático evitando perpetuidades y generando alternancia”, argumentó el senador del PRO.