miércoles 27 de enero de 2021 - Edición Nº3879

Sociedad | 5 ene 2021

SEGURIDAD SOCIAL

Guerra abierta entre el gobierno y las prepagas por la suba de cuotas suspendida

Se había acordado un incremento en febrero del 7 por ciento, pero el Ministerio de Salud lo anuló mediante una disposición oficial. Por eso, las empresas dicen que no pueden sostener la atención, y amenazan con suspender prácticas, incluyendo hisopados de coronavirus.


El gobierno y las empresas de medicina prepaga entraron en las últimas horas en una guerra abierta por el incremento de las cuotas. En 2020, se había llegado a un acuerdo para dar dos aumentos, uno de ellos en febrero de este año, que en principio sería del 10 por ciento. Pero el Ministerio de Salud primero reduce ese porcentaje al 7 por ciento, y luego directamente lo anuló, generando la furia del sector privado. “Por expresa decisión del presidente de la Nación se procede a suspender los incrementos que fueran autorizados a las entidades de Medicina Prepaga y a los Agentes del Seguro de Salud”, indica la resolución 2988/20 de la cartera sanitaria, publicada en el Boletín Oficial el jueves 31 de diciembre por la tarde.

 

La marcha atrás generó sorpresa y malestar, ya que el acuerdo había sigo pactado tiempo atrás. Desde la Casa Rosada enmarcan la decisión en una estrategia general para controlar la inflación, que incluye medidas restrictivas para la exportación de granos. En una resolución anterior, donde se otorgaba el aumento, se admitía que “las entidades representativas del sector han expresado su preocupación por el estado crítico en que se encuentran la mayoría de los prestadores y enfatizado la necesidad de incrementar los valores retributivos que perciben por las prestaciones que brindan, a fin de paliar dicha situación y garantizar su continuidad”.

 

En el 2020, el gobierno nacional sólo autorizó una suba: del 10 por ciento en diciembre. Esto contrasta con los incrementos por encima del 60 por ciento que se dieron en 2019, subas que estuvieron por encima de la inflación. Ante esta situación, las empresas pusieron el grito en el cielo, y alertaron sobre una inminente “situación de crisis”, ya que al freno del aumento se suma la quita de ayuda estatal del programa ATP.

 

Las prepagas dicen que “no pasan” de enero si no se encuentra una solución a la caída de los ingresos, y alertan que puede haber faltante de prestaciones, inclusive de hisopados para detectar Covid-19. “Si no se actualiza la cuota simplemente no se pueden atender. El desfasaje que ha tenido la cuota del sistema de seguridad social es del 54 por ciento. Estos aumentitos están cubriendo parte de eso. Hoy estamos en el 65 por ciento de la cuota”, explicó Ricardo Lilloy, presidente de la Cámara de Empresas de Medicina Privada (CEMPRA). En este contexto Lilloy hizo referencia a que el desfinanciamiento que vive el sector impactará en “escasez y merma de la prestación de servicio, que ya es algo que viene sucediendo”. “Durante el 2020 el Estado nos salvó de una crisis terminal por el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) y los beneficios impositivos, pero a partir del 1° de enero se suprimieron y el aumento no termina de solucionar la situación. En este contexto, el sistema no pasa enero, debe ser resuelto de forma urgente”, concluyó el representante del sector.

 

Consultado sobre si por la crisis económica perdieron afiliados, el titular de la CEMPRA dijo que la estimación que tienen fue de “una pérdida de alrededor del 7 u 8 por ciento de los afiliados”, pero que sí hubo una caída en los planes. Asimismo, reconoció que durante la pandemia hubo una caída en los gastos por la menor cantidad de atenciones de otras enfermedades, como por ejemplo las respiratorias, pero que eso no afectó intrínsecamente el costo de la operación. “La baja de la gente que no fue a atenderse no hizo bajar el costo. Si uno analiza la evolución de los ingresos, que son estables pero tienen demanda estacional –por ejemplo, las enfermedades respiratorias–, observa que es constante mientras que los egresos tienen ondas. Los gastos fueron menores este año, hubo menos prestaciones de las que se denominan voluntarias, que son las consultas al médico, pero ese segmento es un porcentaje menor; las internaciones, los tratamientos crónicos, la medicación que aumentaron más que la inflación, los insumos que son dolarizados”.

 

Mientras hacía referencia a que “peligran prestaciones como los hisopados que son tan importantes en este momento pero también otras patologías”, Lilloy hizo un análisis respecto de por qué el sector debería recibir un subsidio estatal. “Cuando una persona define pagar un plan voluntario está renunciando a un derecho. Todos nosotros pagamos para acceder a un servicio que paga el Estado. Como no estamos de acuerdo con el servicio que se presta, decidimos utilizar el sistema privado y dejar ese lugar en el hospital público para los más desfavorecidos. En muchos lugares ese derecho que se cede significa que el sistema tenga un grado de subsidio por no usar el hospital público, como sucede con la educación privada”, comentó.

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