El Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, recibió a Patricia Aguirre, la joven que denunció a su tío por abuso sexual cuando era niña y a Paz Bertero, abogada querellante en el marco del pedido de elevación a Juicio por la Verdad que está a la espera de la resolución en la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora.

Aguirre denunció el año pasado que durante los 5 y 10 años (1990-95) había sido abusada sexualmente por Manuel Romero, plomero, domiciliado en el Barrio Gorriti de Glew. La niña vivía con su mamá y su abuela. Compartían el terreno donde el acusado tenía una vivienda al fondo junto a sus hijas y esposa.

De acuerdo a la ley vigente en el momento de los abusos, el caso está prescripto y fue lo que argumentó la defensa. Romero no irá preso. Pero el Juzgado de Garantías Nro. 8 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Gabriel Vitale, tuvo una mirada superadora de los hechos y pidió la “reparación simbólica” del daño cometido a la joven cuando era niña. El magistrado aceptó la “prescripción” de la defensa pero solicitó que se lo juzgue como a los genocidas con un Juicio por la Verdad que es el reconocimiento de los hechos cometidos.

Hoy estuvimos junto a Patricia Aguirre y su abogada, @PachiBertero

Patricia es víctima de abuso sexual y la vamos a acompañar como “amicus curiae” en la Justicia, para pedir que se realice un "Juicio por la Verdad" en defensa de sus derechos vulnerados hace 25 años. pic.twitter.com/9Vv2omAPmN

— Guido Lorenzino (@GLorenzino) December 15, 2020

Lorenzino, en calidad de Defensor del Pueblo, adhirió al pedido de Vitale. Y se presentó en los tribunales lomenses en carácter de amicus curiae “con el objetivo de acompañar este proceso que resulta necesario como respuesta estatal que apunte a la reparación de los derechos vulnerados y para que no se repita en casos similares”.

“Desde la Defensoría del Pueblo bonaerense acompañamos a la denunciante porque creemos que algo está muy mal. Si la causa queda archivada, por un lado el Estado renunciaría a su responsabilidad de investigar el delito de abuso sexual infantil y, por el otro, la víctima (se) quedaría sin el derecho a que haya una reparación al tormento que vivió. Ganaría la impunidad”, dijo.

“Ante este panorama, los “Juicios por la Verdad” aparecen como una alternativa. Son juicios orales y públicos que, ante la prescripción de la causa, pueden servir para que la persona que haya sufrido delitos contra la integridad sexual pueda alcanzar algún tipo de reparación, más allá de que al condenado no se le aplique una pena concreta” agregó el funcionario.

La decisión de continuar o no hacia el juicio queda bajo la órbita de los jueces de la Sala 1 de la Cámara de Apelación Penal de Lomas de Zamora, Guillermo Rolón, Miguel Navascues y Miguel Alberdi, quienes deberían expedirse en el corto plazo.

El amicus curiae –expresión latina que se puede traducir como “amigo del Tribunal”– es un informe escrito que puede ser presentado por una persona natural o jurídica que, a pesar de no tener un interés directo en el caso, interviene en él para defender un interés de trascendencia general, como cuando está en juego la defensa de los derechos fundamentales.