Por: Federico Cedarri

La empresa Edesur, prestataria de energía eléctrica en la zona sur del conurbano bonaerense, encuentra severos cuestionamiento por sus deficiencias en la provisión del servicio. Ante esta circunstancia despunta con ímpetu en la Cámara Alta bonaerense un proyecto de Ley del senador peronista Francisco Paco Durañona que propone la creación de una Comisión Bicameral  Investigadora de la Transferencia y Funcionamiento de la compañía.

El objeto inicial del nuevo ámbito de análisis se enmarcará en el estudio de los "Acuerdo de Transferencia de jurisdicción del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica a la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma De Buenos Aires".

A modo de recordatorio, cabe reseñar que en el transcurso del  2018 cuando al gobierno de Mauricio Macri le cerraron el grifo de los préstamos externos y debió acudir al Fondo Monetario Internacional para financiarse, en el programa de ajuste pactado para el desembolso de los 44.000 millones de pesos del organismo internacional de crédito se contempló el traspaso de las eléctricas al ámbito de la provincia de Buenos Aires.

Esta jugada del macrismo prácticamente licuo la mejora que la misma administración le había concedido tiempo antes a María Eugenia Vidal como consecuencia de una  actualización del Fondo del Conurbano ante el reclamo de la entonces mandataria ante la Suprema Corte con guiño presidencial.

El traspaso de estas empresas  a la provincia  produjo en el erario bonaerense una erogación de  30.000 millones de pesos que agrietaron el déficit fiscal que hoy Buenos Aires detenta.

En rigor, la propuesta presentada en el Senado argumenta la necesidad de  conocer detalles de aquel pasamanos mediante la conformación de esta Comisión Investigadora que propicia la integración de tres (3) Diputadas/os y tres (3) Senadoras/es designadas/os por las/os presidentes de las respectivas Cámaras y rectificados por los Cuerpos parlamentarios, tres intendentes en representación de los municipios donde preste servicio la empresa transferida EDESUR, el Defensor del Pueblo, y un representante sindical de los trabajadores de la empresa transferida.

En diálogo con PDS Durañona ratificó que la propuesta emerge a partir de la visibilización del  reclamo de los intendentes de la zona sur del conurbano que denuncias deficiencias acentuadas en la prestación del servicio en los últimos dos años.

También explica que los alcaldes se quejan por la falta de inversiones en la red eléctrica y confirmó que está trabajando en forma conjunta con el defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, que hace un tiempo había solicitado al gobernador Kicillof la caducidad de la licencia a la eléctrica: “Estamos codo a codo con Lorenzino trabajando en forma conjunta y coordinada”, confirmó.

Durañona reveló a este medio que por estas horas participará de una reunión conjunta con intendentes del conurbado sur y el Defensor del Pueblo para dotar de consenso a la propuesta: “Es de suma importancia instalar el tema para decantar el debate”, aseguró Paco.

Puso de relieve las resoluciones emitidas por el órgano de contralor nacional ENRE, respecto a la dudosa legalidad de las referidas transferencias, “no solo por los actos suscriptos sino principalmente, y que son motivo de denuncias penales que se encuentran tramitando, por los acuerdos económicos que llegaron las autoridades nacionales con las empresas prestatarias”.

"Es por esto que impulsamos esta Bicameral- continuó- para que dé certezas respecto a la transferencia y llevar a cabo un análisis y evaluación de la prestación de servicios, con el objeto de lograr el cumplimiento en caso de ser necesario del contrato por parte de las empresas”.

El senador peronista describió que será función de la comisión elevar a ambas Cámaras en un plazo que no exceda los 90 días corridos desde su entrada en funcionamiento, un informe detallado sobre la prestación del servicio por parte de la empresa prestataria: “En caso de encontrar incumplimientos se le otorga la facultad de impulsar sanciones, multas, las cuales estarán directamente proporcionadas con el costo de las consecuencias que causes esos incumplimientos por parte de las concesionarias”, ratificó Durañona

Durañona expresó sus dudas y mostró cierto escepticismo en relación  a las posibilidades reales de avance de la iniciativa en el Senado debido a la mayoría que ostenta Juntos por el Cambio.

Patentizó que la verdadera intención de la presentación apunta a generar una toma de posición en la sociedad e instalar un debate que “permita brindar soluciones concretas a los ciudadanos de esos distritos afectados, y al mismo tiempo brinde una herramienta imprescindible a los gobernantes para tomar las decisiones basadas en criterios técnicos y sustentables”.