La tomas acaecidas en el conurbano bonaerense parecen haberse expandido y devenido en ocupaciones de reparticiones públicas en el interior bonaerense.

En realidad, como sucedió en el cordón que rodea a la Capital Federal queda al descubierto una verdadera demanda por la tierra que exponencialmente colaboró en visibilizar la situación angustiante de muchas familias en distritos de bonaerenses que parecían ajenos a tales conflictos.

Al unísono, las bancadas de senadores y diputados de Juntos expresaron un rotundo respaldo al alcalde de Olavarría Ezequiel Galli por los incidentes acontecidos en las últimas  horas con cooperativistas y empleados municipales que utilizaron una toma del palacio municipal para hacer sentir sus demandas.

También denunciaron una situación de características similares en la municipalidad de Junín, tierra del alcalde cambiemista Pablo Petrecca, que se niega por estas horas a entablar  negociaciones bajo extorsión con los grupos que solicitan su presencia para retirarse del lugar.

Evaluaciones del arco opositor sostienen soterradamente que hay un plan de intencionalidad política que apunta a esmerilar la gestión de los intendentes de Juntos por el Cambio con Juan Grabois como punta de lanza.

Dejaron expreso su repudió a lo que ellos consideran una utilización política de las necesidades de los vecinos de Olavarría.

“Acompañamos al Intendente local y a todos los empleados municipales que vivieron una jornada marcada por el atropello a las instituciones”, lamentaron desde el espacio que comanda Roberto Costa.

Si bien admiten un componente de necesidades reales de la gente del lugar, propugnan por una resolución de forma pacífica: “la violencia no es el camino”, sostuvieron. 

Reiteraron su total alineamiento al trabajo del alcalde de Galli y Petrecca por la labor que viene realizando para brindar respuestas concretas a los reclamos de los vecinos.

“No se pueden naturalizar hechos de esta magnitud. No hay lugar para actos intimidatorios ni especulaciones políticas”, soltaron.

La diputada renovadora Valeria Arata, en diálogo con PDS, desestimó las acusaciones de Juntos por el Cambio y fue terminante: “no hay ninguna toma en Junín”.

Explicó que se está dirimiendo un conflicto de larga data: “es una cooperativa de trabajadores del relleno independientes,  no están motorizados por nadie, es un conflicto netamente local”.

Arguyó  que los trabajadores “están pidiendo mejores condiciones de trabajo para el reciclado”.

Y reiteró: “es solamente eso, un reclamo sin intencionalidad política, y de ningún modo una toma de la municipalidad”, aclaró ante este portal.

En tato fuentes del peronismo distrital aseguran que el reclamo en Olavarría es genuino, desvinculan a Grabois de los episodios violentos y  achacan culpas a un grupo trotskista denominado Juventud Guevarista con raigambre territorial en el distrito a través de una sociedad de fomento.

Desde PDS consultamos sobre el estado de situación al diputado de la séptima sección electoral y ex secretario de Néstor Kirchner, Walter Abarca, que minimizó los alcances de la toma en Olavarría: “son un número minúsculo quienes reclamaban,  no hay que magnificar las cosas", aseguró.

También descartó de plano que tales reclamos apunten a la desestabilización de los gobiernos comunales de Juntos por el Cambio: “no me parece de ninguna manera que sea una cuestión institucional en desmedro de los intendentes opositores”, afirmó Abarca.

Y fue concluyente: “nadie quiere boicotear a los gobiernos municipales”.

Instó a poner el acento y prestar suma atención a la dramática situación que se vive en el interior con respecto al acceso a la tierra: “es una demanda de hace muchos años que comenzó a visibilizarse en estos tiempos cada vez más, pero que subyace hace tiempo en el interior bonaerense”.

Y graficó un dato que refleja la angustiante necesidad que padecen en los distritos ajenos al AMBA: “se abrió el sorteo para la inscripción por sorteo de 178 lotes del Plan Procrear y en Saladillo  hay no menos de 500 a 600 inscriptos”.

Y refirió al epicentro de la problemática: “el tema pasa por que el costo de los lotes en cualquier pueblo bonaerense esta en el orden de los 3 a 4 millones de pesos y un sueldo promedio de cualquier trabajador público y privado ronda los 30 a 35 mil pesos”.

Opinó que este flagelo debe ser morigerado por la acción de un Estado enérgico que proceda a brindar respuestas adecuadas: “desde  el gobierno nacional y provincial se están tomando medidas en ese sentido como la puesta en marcha del Procrear donde se incorporó el sorteo de lotes prestando atención a la necesidad primaria de un terreno, a lo que se agrega el Plan de Hábitat lanzado por el gobernador Kicillof con una fuerte inversión en la construcción de viviendas que dará respuestas habitacionales a muchos bonaerenses”, fundamentó el diputado provincial.