El bloque de Juntos por el Cambio de La Matanza presentó un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante del distrito para que se restrinjan la aspiración a cargos en el departamento ejecutivo y a cargos directivos como ediles por elección popular a quienes tengan condenas por corrupción.

A través de un comuncado, se informó la petición de exclusión del derecho a ser elegidos y a ocupar cargos directivos a los condenados por: cohecho y tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; exacciones ilegales; enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; encubrimiento; el delito de fraude en perjuicio de la administración pública; todos los delitos que sean incorporados al Código Penal de la Nación o por leyes especiales, en virtud del cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción.

Estas restricciones se extenderán desde que exista sentencia condenatoria hasta su eventual revocación posterior, o bien hasta el cumplimiento de la pena correspondiente. El objetivo perseguido es proteger las bases de la democracia contra eventuales estragos a manos de presuntos responsables de delitos de corrupción, según dicta el texto

“Las prácticas corruptas destruyen las bases de la democracia, por eso buscamos protegerlas. Los momentos que atravesamos exigen extremar los recaudos para tener la mejor representación posible. La ciudadanía tiene que estar confiada desde el mismo momento de la oferta electoral. E iniciativas que ya tomaron cuerpo a nivel nacional o en algunas provincias deben llegar también al nivel municipal. Esta coyuntura demostró, una vez más, el decisivo rol de las intendencias, de sus funcionarios y de sus cuerpos legislativos a la hora de determinar la calidad de vida de la gente. Se espera entonces, de todos ellos, cualidades singulares, condiciones distintas y más estrictas. En La Matanza hay mucho para mejorar”, señalaron los referentes de la Mesa.

“Será de gran utilidad para el Municipio, contribuyendo a vigorizar la confianza que la ciudadanía tiene en las personas que ocupan magistraturas públicas y siendo un auténtico tamiz para aquellos que pretenden convertirse en servidores públicos”, concluyeron.