Por: Diego Lanese

Con apoyo del bloque oficialista, el Senado de la Nación aprobó la ley que regula el teletrabajo, una propuesta que nació en la Cámara baja por parte de diputados de extracción sindical y que fue acompañada por el Frente de Todos. Pese al rechazo del macrismo, la norma logró el visto bueno y ahora se espera la reglamentación para conocer los alcances específicos de la misma.

 

Con el correr de los días, aparecieron dudas e incluso críticas de algunos sectores sindicales, que alertan sobre varios efectos negativos de la legislación, incluida cierta zona ambigua que puede facilitar situaciones de abuso y precariedad laboral. La ley también fue criticada por cámaras empresariales.

 

La norma aprobada en el Senado contó con el apoyo de un sector del sindicalismo, en especial la Corriente Federal y la CTA de los Trabajadores, cuyos legisladores fueron quienes motorizaron la iniciativa. Sin embargo, otros gremios pusieron reparos respecto de la propuesta.

 

Desde la CTA Autónoma recordaron que las patronales “hace mucho venían imponiendo de a poco la metodología que denominaban ‘home office’”. Así lo recordó José Peralta, secretario adjunto de la central en la Ciudad de Buenos Aires, que afirmó que estas empresas, “aprovechando la emergencia, pudieron imponerlo con el consenso de los y las trabajadoras, ya que ante la imposibilidad de realizar trabajo presencial por el temor al contagio, no respetaron las condiciones mínimas de garantías de trabajo y con esto evitar mayores costos y apuntar a mantener las rentas extraordinarias”.

 

En diálogo con Política del Sur, Peralta agregó: “No compartimos la legalización y apostamos a la organización democrática de los trabajadores para hacer cumplir con las normas de seguridad e higiene que esta metodología no respeta.”

 

En tanto, el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma elaboró un informe crítico respecto de la propuesta, cuando se comenzó a discutir en la Legislatura. En este trabajo, al que tuvo acceso Política del Sur, la central obrera remarcó que el proyecto “contiene numerosas disposiciones que parecen estar inspiradas en buenas intenciones, pero que en el texto de cada uno de los artículos no constituyen más que remisiones a la negociación colectiva”.

 

“En otras palabras, para poder ejercer gran parte de los derechos reconocidos en la ley será necesario contar con un acuerdo colectivo entre empleadores y organizaciones sindicales que puede o no celebrarse”, destaca el informe del observatorio de la CTA.

 

Además, agrega que “en caso de no existir tal acuerdo, la ley terminará funcionando como una habilitación general a la imposición del teletrabajo sin mayores límites normativos”. Para el observatorio, tal como está redactado (y aprobado) el proyecto, “fomenta el teletrabajo sin establecer límites precisos ni garantías para evitar que se transforme en una nueva herramienta de flexibilización y precarización laboral”.

 

Una vez aprobado, se espera que para que entre en total vigencia sea reglamentada por el Poder Ejecutivo. A partir de eso, las provincias podrán adherir o establecer leyes locales, aunque no queda claro cómo se complementarán.

 

En la provincia de Buenos Aires, los trabajadores de la justicia lograron el primer convenio que regula el teletrabajo, y por el momento seguirán bajo ese convenio. “A nosotros nos sigue vigente el acuerdo que hicimos con la Corte Suprema de Justicia bonaerense, pero una legislación nacional está por encima de una provincial, pero en derecho laboral siempre rige la más beneficiosa”, explicó el dirigente de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) de Lomas de Zamora Roberto Cristófano.

 

En comunicación con Política del Sur, si bien aclaró que por el momento no se pusieron “a comparar las legislaciones”, opinó que “es bastante similar la ley nacional y nuestro acuerdo”.

 

En este tiempo, el gremio está en proceso de lograr una prórroga del acuerdo para continuar con la modalidad virtual de las tareas.