sábado 08 de agosto de 2020 - Edición Nº3707

Gremiales | 31 jul 2020

ANÁLISIS

Salario universal, una idea que crece en la región para salir de la crisis del Covid-19

La pandemia tendrá un efecto devastador en el mercado laboral y la economía, en especial en los países americanos. Por eso, la CEPAL pide un ingreso para los que están por debajo de la línea de pobreza. En el país, la CTA Autónoma y otros sectores sindicales están en plan de campaña para lograr este beneficio. Además, se reclaman medidas de contención para los informales.


Por:
Diego Lanese

El 1 de mayo pasado se presentó en sociedad el Manifiesto nacional por la soberanía, el trabajo y la producción, un espacio donde gremios y movimientos sociales, entre otros sectores, formalizaron varias propuestas para la salida de la pandemia. El impacto económico y social de estos meses de aislamiento se anticipan devastadores, en especial para el mercado laboral y los sectores más vulnerables, por lo cual este grupo quiere instrumentar una serie de medidas para mitigar el golpe. Además, se muestra como una alternativa al pacto CGT-UIA, que se potenció en estos días con la negociación de la central obrera con el “grupo de los seis”, los grandes empresarios del país.

 

Entre las propuestas del Manifiesto se encuentra un viejo anhelo de la CTA, en sus distintas versiones: un ingreso universal. En un informe de la CEPAL, el pago de un salario que permita acercar a la población vulnerable a una canasta básica es una de las medidas recomendadas para salir de la crisis. Las proyecciones de la entidad hablan de un retroceso de “una década”.

 

Un ingreso universal para adultos desocupados o informales es una propuesta que la CTA incluyó en su Marcha Grande, que en agosto cumple 20 años. En aquella epopeya, se impulsó un paquete de medidas para paliar la crisis de la convertibilidad, que luego se cristalizaron a través de la Asignación Universal por Hijo y los planes sociales. Pero el salario universal quedó olvidado. Hoy, el Manifiesto, que cada vez suma más sectores que lo respaldan, apunta a esta idea como parte de las primeras decisiones para la post pandemia.

 

La iniciativa coincide con las últimas recomendaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que se presentaron de forma virtual ayer junto con autoridades de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

 

Salud y economía: una convergencia necesaria para enfrentar al Covid-19 y retomar la senda hacia el desarrollo sostenible” es un trabajo de la CEPAL que apunta a medidas urgentes para cuando se salga de la crisis sanitaria, que por lo que se ve, no será pronto.

 

En la presentación virtual del trabajo, a la que asistió Política del Sur, su titular, Alicia Bárcena, aclaró que “no se puede hablar de la reactivación económica si no se controla antes la pandemia”. “Hay cinco propuestas que reafirmamos: ingreso básico de emergencia, un bono extraordinario contra el hambre, políticas sociales universales y distributivas, plazos más amplios para pequeñas y medianas empresas y medidas fiscales y monetarias expansivas”, propuso la CEPAL en voz de su presidenta en la presentación.  

 

En cuanto a este ingreso universal, debe cubrir una canasta básica, que saque en lo posible de la línea de pobreza a la gente. “Este ingreso básico costaría 2 por ciento del PBI regional, y el bono un 0,2 por ciento. Lo importante es que se complementen entre ellas y así sostener las necesidades básicas de las familias más castigadas”, agregó Bárcena.

 

El salario propuesto por la CEPAL sería de 143 dólares mensuales y alcanzaría a más de 300 millones de personas en la región. En el país, el salario universal es una propuesta de la CTA Autónoma y se lanzó una fuerte campaña para apoyar la iniciativa.

 

En Capital Federal, por ejemplo, la central obrera le reclama al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta un ingreso para quienes realizan tareas en comedores comunitarios. “Estamos pidiendo un salario mínimo, vital y móvil para todos los trabajadores y trabajadoras de los espacios comunitarios de la Ciudad de Buenos Aires”, explicó Pablo Spataro, secretario general de la CTA Autónoma porteña.

 

El dirigente le confirmó a Política del Sur que este sueldo “debería ser de 16.875 pesos para quienes realizan esa tarea”. Spataro dijo que es “perfectamente viable” la iniciativa, ya que “pagar este salario a quienes cumplen tareas en estos 471 establecimientos, entre espacios y comedores comunitarios, representaría el 3,1 por ciento del total del presupuesto del área de Desarrollo Social de la Capital Federal”.

 

Crisis impresionante

 

Las proyecciones de la CEPAL permiten adelantar el fuerte impacto de la pandemia, generando lo que es, para su criterio, “la peor crisis en un siglo”. La entidad aseguró que habrá “una caída del PBI regional del 9,1 por ciento, una desocupación del 13,5 por ciento, que empujará a la pobreza al 37,3 por ciento de la población, lo que equivale a 231 millones de personas”. De estas, 98 millones estarán en la llamada “pobreza extrema”. Esto será producto, en parte, del retroceso de los indicadores laborales y sociales a diez años atrás. “Será más de una década perdida: al cierre del 2020 el nivel de PBI per cápita retrocede diez años, y los niveles de pobreza 14 años”, afirmó Bárcena.

 

Este escenario pondrá en peligro de crisis alimentaria a quienes quedan excluidos del mercado laboral, incluidos quienes están “en negro”, es decir, son trabajadores no registrados. “Alta informalidad laboral y débiles sistemas de protección social amplifican los efectos económicos y sociales de la pandemia”, insistió la CEPAL.

 

En el país, la situación de los informales es particularmente grave, ya que durante el macrismo no sólo no se bajó el nivel de empleo no registrado, sino que además en esos años crecieron los cuentrapropistas y monotributistas, otra forma de informalidad.

 

En este sentido, un trabajo realizado por la Comisión Interna de ATE en el INDEC analizó el impacto de la crisis de ese sector y explicó que “la evolución del trabajo registrado entre noviembre de 2015 y abril de 2020, último dato disponible, marca un decrecimiento de 290 mil trabajadores, fundamentalmente por el crecimiento de los trabajadores independientes monotributistas, que sumaron 103 mil del total”.

 

“Tomando un salario mensual de 28 mil pesos, sólo en los últimos dos años han perdido la suma de 180.135 pesos, el equivalente a seis sueldos y medio”, destaca el trabajo, al que tuvo acceso Política del Sur. “A la pérdida del poder adquisitivo general se le debe sumar la no percepción de medios aguinaldos y sumas fijas que el Gobierno otorgó para atenuar la pérdida salarial”, agrega el informe.

 

Además de la cuestión salarial, se habló de la situación de precariedad que sufren, ya que alertan que “los monotributistas, en muchos casos, son trabajadores víctimas de fraude laboral que esta realidad y las patronales imponen, al tener que aceptar la situación irregular de empleo frente a la posibilidad de no tenerlo”.

 

Si bien para ellos existe el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), muchos no pudieron acceder a él, lo mismo que a los préstamos a tasa cero.

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