La Argentina, con una economía nacional casi devastada, sumó un nuevo problema: la pandemia del coronavirus (Covid-19) y la posterior cuarentena o aislamiento social, preventivo y obligatorio.

 

Desde su inicio, se generó una incertidumbre generalizada, no sólo por el justificado temor acerca del cariz novedoso del virus, sino también por motivos tales como los problemas de abastecimiento de productos tradicionales de primera necesidad, aquellos básicos para prevenir el contagio (y no sólo por la falta de insumos, sino también por el precio exagerado e inmoral al que se vendían), el mantenimiento de las fuentes de trabajo y el nivel de ingresos.

 

Pasada la cuarentena, las distintas organizaciones que son parte de nuestra sociedad, seguramente analizarán si las medidas tomadas por el Gobierno fueron las oportunas -a priori, frente a la situación que se generó en otros países, parecería que sí-, y deberán ponderar cómo esta crisis económica que atraviesa la economía mundial golpeará a la nuestra, o discutir cuál habría sido el devenir de la ya crítica situación previa, de no haber aparecido la pandemia, y con los niveles inéditos para la última década de inflación, desocupación, pobreza e indigencia.

 

Llegará también el tiempo para poner en claro si el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) llegó oportunamente, teniendo en cuenta que a la fecha aún no se les depositó a muchos por complicaciones en el trámite o al informar el CBU o no tenerlo, lo mismo que otras formas de asistencia mediante transferencias monetarias directas u otro tipo de mecanismos destinados a otros grupos de la población y de actores económicos (pymes, monotributistas, autónomos), que atraviesan serias dificultades, son medidas que deben complementarse con la inmediatez que reclama el carácter alimentario de la ayuda.

 

Lo que sí queda claro es que los trabajadores informales, tanto asalariados como cuentapropistas y trabajadores desocupados que constituyen, entre ambos grupos, cerca de la mitad del total de la fuerza laboral argentina, son quienes más sufren -aunque no los únicos- los efectos económicos de la cuarentena.

 

ATE-Indec: ¿en dónde estábamos?

 

A fines de marzo el Indec dio a conocer el dato oficial de pobreza del segundo semestre de 2019. Los trabajadores de ese organismo y la Junta Interna de ATE-Indec teníamos previsto salir a la calle para repudiar la política de ajuste y exclusión que llevó adelante el anterior gobierno y pedir que el actual actúe con mayor rapidez para cambiar el rumbo. Más importante que el dato en sí mismo fue su evolución: nos encontramos con que a fines de 2019 la tasa de pobreza llegó al 35,5 por ciento, unos 10 puntos más que a fines de 2017, lo que implica que casi 4,5 millones de argentinos pasaron a ser pobres en sólo dos años (y cerca de un millón y medio, sólo en el último año). Para encontrar una suba mayor, debemos remontarnos ni más ni menos que a la crisis de 2001-2002.

 

Extrapolando los datos a todo el país, esto significa que unos 16 de sobre 45 millones de argentinos ya eran pobres antes de la pandemia. Esto quiere decir que, contando todos los ingresos del hogar (trabajo, jubilaciones, asignaciones familiares para trabajadores formales e informales), esa población no llega a juntar para una canasta (muy) básica de bienes y servicios, cuyo precio para una familia tipo en el Gran Buenos Aires asciende en abril a unos 42 mil pesos. Más aún, el 8 por ciento de la población, más de tres millones y medio de personas, eran indigentes, es decir, ni siquiera tenían los ingresos necesarios para adquirir un mínimo de alimentos.

 

Sin dejar de indignarse aún más con estos números, cabe recordar que el gobierno anterior había machacado hasta el hartazgo en campaña con la “pobreza cero”, pero apenas asumido, reconoció que se trataba de un deseo y no de un “objetivo real”.

 

En criollo, esta renuncia inicial a su principal slogan de campaña fue, nada más y nada menos, que el primero de los muchos fraudes a los que sometió a su electorado (y a todos los habitantes del país).

 

Dicho esto, los dramáticos niveles de pobreza e indigencia de fines del año pasado empeorarán sin dudas en 2020. A ese panorama es al que hay que sumarle los efectos de la actual pandemia sobre la economía.

 

Sin embargo, una vez pasada esta situación, el actual gobierno no debe conformarse con atender a los sectores más postergados, debe encargarse de poner todo el esfuerzo en la creación de trabajo formal y digno, atacando la gran informalidad de nuestro mercado de trabajo, con reglas claras de contratación para empleados y empleadores. Porque esa es la madre de todas las batallas: incluso en los hogares con ingresos por debajo de la línea de la pobreza, en promedio siete de cada diez pesos provienen de actividades laborales, en tanto que apenas uno de cada diez pesos se origina en transferencias sociales como la AUH o planes de empleo. Argentina tiene que ser un país que de una buena vez deje de tener trabajadores pobres.