La firma de un acuerdo entre la CGT y la Unión Industrial Argentina (UIA) para que los trabajadores afectados por la cuarentena cobren el 75 por ciento de sus salarios generó duras críticas de distintos sectores, que apuntaron a la figura de los líderes de la central obrera, Héctor Daer y Carlos Acuña. Desde la CTA Autónoma manifestaron el “absoluto rechazo, pues tiende a la negociación colectiva a la baja, sin condiciones y a colocar al trabajador en estado de indefensión”. “Se pretende universalizar una quita del 25 por ciento del salario de los trabajadores, sumado a un sistema de subvenciones, donde sectores de empresas concentradas transfieren el pago de salarios al erario público”, sostuvo la entidad.

Mediante un comunicado firmado por el secretario general, Ricardo Peidro, la entidad sindical remarcó que “sólo se hacen cargo de una pequeña parte con un costo insignificante en función de sus ingresos y ganancias habituales. El acuerdo pone en el mismo plano a las pequeñas y medianas empresas que verdaderamente requieren el apoyo del estado”.

“La CTA Autónoma y sus organizaciones adheridas no están representados por la CGT ni dimos mandato alguno, por lo que nos consideramos en libertad de acción para reclamar lo que los trabajadores y trabajadoras resuelvan”, agregó la central.

La CTA Autónoma recordó que “la resistencia y las movilizaciones populares impidieron que el gobierno neoliberal, representado por Mauricio Macri, consumara las reformas laborales y de la seguridad social. Fuimos los trabajadores y las trabajadoras, y el pueblo mayoritariamente, los que posibilitamos la derrota electoral del neoliberalismo y la asunción del actual gobierno presidido por Alberto Fernández”.

“Inmediatamente nos dispusimos a participar, desde la autonomía, en las decisiones de un gobierno que intenta “poner de pie” a nuestra patria, diezmada y seriamente afectada por las sucesivas políticas de ajuste”, explicó.

Para la central, que se fracturó junto a la CTA de los Trabajadores de la CGT en los noventa, la emergencia “no es motivo suficiente como para anular la consulta y la participación de otras entidades de trabajadores y empleadores que estamos en condiciones de efectuar aportes para encarar la difícil situación por la que atravesamos. En este camino, se concentran las decisiones en unos pocos y se deteriora el sistema democrático”.

“La experiencia de los comités de crisis que se han constituido en la lucha contra el hambre y la emergencia sanitaria, deben continuar siendo la orientación para lograr consensos en la actividad productiva”, concluyó el texto.