Por: Diego Lanese

Desde que se decretó la cuarentena, los trabajadores del Indec no realizan mediciones presenciales, ya que salir a la calle a realizar el relevamiento de precios del Índice de Precios al Consumidor (IPC), por ejemplo, podría ser fuente de contagio. Por eso, se están realizando algunas mediciones a distancia, pero desde el propio organismo admiten que no tiene la misma profundidad que los datos tomados en personas.

 

Hace unos días, cuando se dieron a conocer los datos de inflación de marzo, los trabajadores alertaron que en esta situación los datos que se puedan recoger en abril serán relativos. Incluso, con la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio, el mes no tendrá ningún relevamiento presencial, lo cual genera alarma.

 

“No será un IPC, sería otra cosa, un dato alternativo durante la pandemia”, afirman desde la Junta Interna de ATE-Indec sobre esta cuestión.

 

La preocupación de los trabajadores apunta a la falta de datos que puedan incluirse en la información de abril y a la inclusión de metodologías alternativas para medir precios u otros datos. Por el momento, por cuestiones de seguridad, no habrá salidas a la calle, lo que pone en peligro la fiabilidad de los datos.

 

“Marcos Lavagna (titular del organismo) dice que será un IPC, nosotros planteamos nuestras dudas de buena fe. Hay que ver qué se puede recolectar, nuestros compañeros y compañeras están trabajando mucho en eso”, destacó Raúl Llaneza, titular de la Comisión Interna de ATE en el organismo.

 

Según le dijo el referente a Política del Sur, la recolección de datos vía web o de forma telefónica puede funcionar para alimentos, “pero hay que ver para el resto de la canasta que mide con el IPC”. “A título personal, creo que debería esperarse a fin de mes y ver qué se relevó, y luego anunciar algo que se llama ‘un aproximado a una variación de precios’ o algo similar”, subrayó Llaneza.

 

Cuando se dieron a conocer los datos de marzo, ATE-Indec y organismos estadísticos de la región emitieron un comunicado donde rechazaron las alternativas metodológicas a la hora de crear índices en plena pandemia. El documento difundido ese día fue firmado por entidades de todo el continente, como el Sindicato de Trabajadores del INEI–STINE de Perú, el Assibge SN de Brasil, la dirigente nacional del Anfine de Chile, la Asociación de Empleados de Estadística y Censos del Uruguay y la Comisión Interna de ATE-Indec.

 

Uno de los temores de estos organismos sindicales es que, una vez concluidas las respectivas cuarentenas, “las autoridades transformen en permanentes medidas que resultan excepcionales afectando las condiciones de trabajo, los presupuestos asignados y, en definitiva, la calidad de las estadísticas públicas”.

 

El mensaje, además, se adelanta a la posibilidad de que los nuevos procedimientos “sean funcionales a una subestimación del impacto que la propia crisis podría generar en el tejido económico y social” que ellos relevan a diario.

 

En medio de la polémica, Llaneza ratificó que “mientras persista el aislamiento social, no saldrá ningún encuestador a relevar de manera presencial para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y a exponerse a contagiarse por coronavirus”.

 

El dirigente sostuvo que de ninguna manera “la voz del titular del Indec está por arriba de la del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; o el ministro de Salud, Ginés González García”.

 

“Hay que ver qué se consigue en abril, qué datos. Lo que se pone de manifiesto es la necesidad del relevamiento presencial, y si se quiere hacer un cambio metodológico, se tiene que hacer en el marco de una amplia discusión con académicos, especialistas y con los trabajadores”, insistió Llaneza.   

 

Por otra parte, la Junta Interna de ATE en el Indec afirmó ayer que al 31 de marzo último, un hogar constituido por una pareja de 35 años con dos hijos de 6 y 9 años necesitó 66.013,20 pesos de bolsillo para satisfacer sus necesidades básicas.

 

También, explicó que ese valor “se compuso de 21.659,30 pesos para adquirir una canasta alimentaria mínima y de 44.353,90 pesos para acceder a otros bienes y servicios básicos”, según un estudio, para establecer “una referencia para las discusiones paritarias de la pauta salarial para este año”.

 

Además, el informe puntualizó que se impone a partir de la actual situación excepcional “una paritaria extraordinaria o social que contenga al resto de los trabajadores”, y añadió que “el salario a marzo último se aproxima a la economía de cada familia en relación con los verdaderos valores de la canasta, las necesidades básicas de los trabajadores y de sus respectivas familias”.