La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó una nota en el Ministerio de Seguridad bonaerense en la que dio cuenta de quince casos relevados de violencia institucional que ocurrieron durante la última semana en el marco del control del cumplimiento de la cuarentena obligatoria. Todos ellos cometidos en barrios humildes y cuyas víctimas fueron en su mayoría “menores o personas jóvenes”. 

En la carta enviada al ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, la CPM pidió que se investiguen y sancionen los hechos de abuso de autoridad por parte de las fuerzas encargadas de garantizar el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno. 

Dichos episodios descriptos por el organismo de derechos humanos consisten en métodos de tortura y prácticas sistematizadas en la provincia de Buenos Aires que incluyen también hostigamientos y amenazas desde los patrulleros, persecuciones por parte de policías motorizados y armados y traslados ilegales a las comisarías. 

La CPM resaltó que, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio, “el Estado tiene atribuciones para limitar la libertad ambulatoria en la medida que esto no implique -como demuestran estos hechos- un cercenamiento ilegal o arbitrario de otros derechos tales como la vida, la integridad física, la salud”. 

También, señaló que, “en todos los casos, se trata de hechos ocurridos en barrios pobres y que las víctimas fueron en su gran mayoría niños, niñas y adolescentes o personas desocupadas o que deben circular para conseguir la comida diaria”. 

Un rasgo particular que se evidencia en los episodios denunciados es la filmación y difusión de las imágenes realizada por los propios agentes policiales, considerado por la CPM como “un efecto de adoctrinamiento al resto de la población”. 

La situación de emergencia sanitaria por el coronavirus y la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio de ninguna manera habilita el uso irracional, desproporcionado e ilegal de la fuerza. Tal como está garantizado por la Constitución Nacional y tratados internacionales, la prohibición de la tortura, los tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes no pueden ser derogados, incluso en circunstancias excepcionales y emergencias.