miércoles 23 de septiembre de 2020 - Edición Nº3753

Gremiales | 24 mar 2020

MERCADO DE TRABAJO

Un informe alternativo contabilizó más de 500 muertes laborales en el país en 2019

Desde el espacio Basta de Asesinatos Laborales (BAL) presentaron su trabajo anual, donde registraron con fuentes paralelas a las oficiales 534 muertes, contra las 375 del 2018. Transporte y construcción son los que más casos fatales reportaron. El diagnóstico apunta a la “violación de los convenios, la desinversión en maquinarias y el incremento de los ritmos laborales”. Casos emblemáticos como el de Cinthia Choque marcan que los trabajadores precarizados están más expuestos.


Por:
Diego Lanese

En 2018, último año disponible de acuerdo a la Superintendencia de Riegos del Trabajo (SRT), las muertes laborales en la Argentina ascendieron a 348. Este número está a tono con el promedio de otros años y se estima que en 2019, cuando se conozcan las cifras, esta cantidad se mantendrá “estable”.

 

Sin embargo, desde hace tiempo, un espacio de delegados y organizaciones sindicales vienen haciendo su propio relevamiento, a partir de fuentes alternativas a los datos oficiales.

 

En los dos últimos años, este grupo detectó un “sub registro” en los trabajadores fallecidos mientras cumplían sus tareas. Según su último informe, estos casos superarían los 500, una cifra alarmante que genera casi dos muertes diarias.

 

Así lo denunció el colectivo Basta de Asesinatos Laborales (BAL), que presentó su trabajo anual y denunció que parte de las muertes ocultas se debe a que les ocurrieron a empleados no registrados, los famosos “trabajadores en negro”.

 

En la presentación se recordaron casos emblemáticos, como el de la agente de tránsito porteña Cinthia Choque, que murió atropellada en un control nocturno.

 

Además de las muertes, los datos marcan el aumento de las enfermedades laborales, otro flagelo que se extiende de manera silenciosa, como ocurre en el subte con los empleados contaminados con asbesto.

 

Hace unos días, Basta de Asesinatos Laborales (BAL) presentó su informe anual 2019 y volvió a denunciar las muertes ocultas en el ámbito laboral. A través de fuentes alternativas como notas periodísticas o denuncias de gremios, este colectivo viene denunciando los mal llamados accidentes fatales y hablando de un “sub registro” de los casos.

 

Para el año pasado se contabilizaron 534 muertes, bastante más que las 300-350 en promedio que registra la SRT.

 

Según las conclusiones del trabajo, a las que tuvo acceso Política del Sur, las muertes son el resultado “de la violación de los convenios, la desinversión en maquinarias y equipamiento y el incremento de los ritmos laborales con el sólo propósito de engrosar las ganancias empresarias”.

 

Además, el espacio remarcó que “cerca de la mitad de las y los trabajadores muertos eran personas jóvenes, menores de 40 años”, aunque la edad promedio de los fallecidos es de 42 años. “También deben resaltarse aquellos casos de personas de edad avanzada, que deberían estar jubiladas y murieron trabajando para -contradictoriamente- ganarse la vida”, denunció el informe final del BAL.

 

Entre los 534 casos relevados, se estima que al menos 200 eran trabajadores informales o precarizados, como el caso de Cinthia Choque. Su muerte ocurrió el 8 de septiembre de 2019 y se volvió un emblema de esta problemática. La agente de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires murió atropellada por un automovilista cuando realizaba un control en la avenida Figueroa Alcorta, hecho en el cual también fue gravemente herido otro agente, Santiago Siciliano.

 

A partir de esto quedó al descubierto que muchos de estos empleados eran monotributistas, no tenían ningún tipo de cobertura ni beneficio laboral y cobraban por debajo de los convenios municipales.

 

Luego de la muerte de Choque, los agentes se organizaron para buscar mejoras laborales, aunque la situación a seis meses no cambió demasiado. “Siguen las malas condiciones de trabajo, no tan graves como cuando murió Cinthia, pero sin cumplir con las demandas de fondo que le hicimos al gobierno porteño”, le explicó a Política del Sur Verónica Báez, vocera de los agentes.

 

La semana pasada hubo una nueva protesta en el Obelisco, donde los empleados precarizados montaron una carpa para visibilizar su reclamo. “Hace unos días dos agentes fueron heridos cuando los atropelló una moto en un control, en la zona de Núñez, una muestra que las condiciones no mejoraron demasiado”, explicó Báez.

 

A fin de año, como consecuencia de que se organizaron para reclamar estas mejoras, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta despidió a 50 agentes, pero un fallo judicial los restituyó a su puesto. Un conflicto que sigue abierto.

 

Por otra parte, el informe del colectivo BAL analiza las muertes según la categoría laboral, destacando que es transporte la que más fallecidos reporta. “Esto se da especialmente en transporte de cargas, pero afecta también a otros trabajadores/as que desarrollan sus tareas en la vía pública”, indica el trabajo.

 

Y agrega: “Aquí debemos mencionar que la falta de descanso, el apremio por los tiempos, la falta de personal, el no respeto al descanso entre jornadas y semanal, y la falta de mantenimiento de los vehículos son una combinatoria que lleva a la muerte a decenas de compañeras y compañeros”.

 

Entre las causales aparece en el ranking “la caída desde altura y/o a pozos, seguida por el derrumbe de edificios o instalaciones, electrocución, falta de sistemas de seguridad (el enviar, por ejemplo, trabajadores de limpieza a áreas de alto voltaje, instalaciones eléctricas sin mantenimiento)”. También figuran “golpes, atrapamientos, explosión de calderas, etc., en especial en la industria”.

 

Este año, como novedad, BAL incorporó datos sobre las enfermedades laborales, es decir, los casos de personas que murieron fuera de sus lugares de trabajo, pero como consecuencia de las condiciones laborales. En este punto, se denunció que existen muchas muertes “camufladas” por cuadros que se dan incluso años después de dejar los puestos de trabajo, pero que deben atribuirse a las tareas realizadas.

 

En este sentido, en la presentación se habló de evitar que esos casos queden encubiertos, como sucede en el subte de Buenos Aires, donde los metrodelegados vienen peleando para que se retire el asbesto, una sustancia contaminante que afectó a al menos trece trabajadores, con cuadros de salud derivados del contacto con el material.

 

Esta semana, la Justicia definió que los pasajeros también podrán sumarse al amparo colectivo. Según un fallo, habilita a que particulares se sumen a la demanda que inició la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP).

 

Según le confirmaron a Política del Sur desde la Secretaría de Salud Laboral del sindicato, para eso se pondrán carteles en las boleterías, además de publicar en medios de comunicación la convocatoria, para que se adhieran a la causa que busca retirar el material de vagones y estaciones.

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