Por: Diego Lanese

En estos cuatro años de gestión, los gremios estatales fueron de los sectores que más se opusieron a las políticas del gobierno que termina el 10 de diciembre. En este tiempo, la discusión salarial fue un foco de conflicto contante para María Eugenia Vidal, que no pudo establecer una relación estable con los distintos actores del arco sindical, más allá de algunas excepciones.

 

Las constantes denuncias por incumplimientos en los reclamos y las dificultades económicas que terminaron limitando las mejoras presupuestarias y salariales, fueron eje de esta historia de desencuentros, que finaliza con varios temas pendientes y duras críticas a días de dejar el poder.

 

La profesora herida en Florencio Varela por la caída de parte del techo trajo nuevamente los reclamos docentes, que responsabilizan a la propia Vidal por la muerte de dos trabajadores, el capítulo más oscuro de la gestión. Además, los médicos despidieron al Gobierno con una protesta. Lejos de esto, la mandataria negocia con UPCN, su aliado en este tiempo, la incorporación de empleados jerárquicos.

 

Los fantasmas de la explosión de la Escuela 49 de Moreno volvieron a la provincia de Buenos Aires. Allí, en agosto de 2018, una explosión por una fuga de gas mató a la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez, un hecho luctuoso que movilizó a toda la comunidad educativa bonaerense. A partir de allí, se redobló el pedido de los gremios por #EscuelasSeguras, que se suma a los pedidos salariales y de mejoras en general.

 

“Escuelas inseguras es la marca de la gestión de Vidal”, sostuvo Julio Gutiérrez, secretario general de Suteba Florencio Varela, luego del incidente en la Escuela 28, donde una profesora sufrió cortadas y contusiones cuando cayó parte de la mampostería.

 

“Es lo que deja como legado. Aparte del ajuste, que sigue hasta el final, hace unos días anunciamos que siguen cerrando cursos, siguen de manera insensible disminuyendo los cupos de comedores escolares”, le dijo el dirigente a Política del Sur.

 

Como ejemplo, Gutiérrez explicó que “hay 22 mil cupos menos en Florencio Varela, y ahora bajaron 4.000 más. El nivel de insensibilidad de este gobierno es terrible”.

 

Según los informes de Suteba, en los dos últimos años de gestión, la Provincia disminuyó en un 70 por ciento, lo que generó múltiples reclamos. Además, en julio de este año, el gremio mayoritario de la provincia de Buenos Aires denunció que en el invierno 200 mil alumnos fueron a clases sin calefacción. El relevamiento se hizo en 400 escuelas de veinte distritos y demostró que los problemas de infraestructura no terminaron, ni siquiera luego de dos muertes.

 

La cuestión salarial

 

El tema de los ingresos de los estatales fue eje de la controversia con el gobierno de Vidal, que en el caso de los estatales cerró paritarias con los gremios aliados (entre ellos, UPCN) y dejó a ATE en constantes reclamos.

 

Un informe del gremio que lidera a nivel nacional Hugo “Cachorro” Godoy indica que este año los trabajadores de los estados provinciales, entre ellos Buenos Aires, perdieron un 30 por ciento de sus ingresos.

 

“Según los datos aportados por los consejos directivos provinciales de ATE, más del 70 por ciento de los trabajadores de las administraciones públicas provinciales no alcanza a cubrir, con sus ingresos, el valor estimado por la última canasta familiar medida por las/los técnicos de la Junta Interna de ATE en el INDEC”, detalla el trabajo, al que tuvo acceso Política del Sur.

 

Los estatales provinciales cobran 26 mil pesos mensuales promedio, contra los 35.647 que insume el valor de la canasta básica para una familia tipo.

 

Por su parte, los médicos y judiciales siguen con sus reclamos, los primeros con una paritaria firmada a mediados de año pero que tiene varios incumplimientos, los segundos sin acuerdo para 2019 y sin perspectiva de cambio.

 

“Vidal es responsable hasta el último día de su gestión, el desastre en la salud pública en la provincia de Buenos Aires es responsabilidad de ella”, aseveró la presidenta de Cicop, Marta Márquez, respecto de la última jornada de lucha que se hizo ayer, a menos de dos semanas del traspaso del poder.

 

En diálogo con este medio, la dirigente aclaró que la actividad tuvo el objetivo de mostrar “cuál es la situación de la salud pública”, y la necesidad “de invertir dinero, aumentar el presupuesto, mejorar el salario de los trabajadores y otros retos”.

 

Si bien estos temas apuntan a la futura gestión de Axel Kicillof, sirven para hacer un balance negativo de la gestión Vidal. “El balance que hacemos es muy negativo, Cicop fue muy crítico de la gestión del gobernador (Daniel) Scioli en salud, pero todo lo que estaba mal en su gestión se profundizó con Vidal”, dijo Márquez. El gremio recordó que el presupuesto sanitario de este año es “el más bajo de la historia de la Provincia”.  

 

Registro polémico

 

Para completar los desencuentros con el sector, Vidal deja en la gobernación reclamos por despidos en el plan Incluir Salud, que depende del IOMA y atiende a personas sin cobertura social que recibe pensiones no contributivas.

 

Esta semana hubo reclamos en la sede del programa en la localidad de La Plata, donde se denunció que el Gobierno cesanteó a 260 personas en los últimos tiempos. Esto se da en el marco de una fuerte crisis en la obra social de los estatales, otro de los reclamos a Vidal que deberá resolver el próximo gobierno.

 

Estos despidos contrastan con una medida polémica, la creación de un registro que da estabilidad laboral a personal jerárquico del IOMA, una propuesta que contaría con el aval de UPNC.

 

En Nación existe el denominado Registro de Alta Dirección Pública, que esta semana un decreto puso en vigencia y permite a unos 2.500 jerárquicos del Estado nacional contar con estabilidad por cinco años, con salarios de hasta 250 mil pesos.

 

Este instrumento es rechazado por ATE y otros gremios, y lo acordó el Ministerio de Modernización con UPCN. En la Provincia, se piensa en un mismo mecanismo para la obra social provincial.

 

Según las fuentes consultadas por Política del Sur, la versión indica la “posible efectivización” de empleados políticos puestos por el gobierno de Cambiemos.

 

La maniobra se podría votar en estos días en el directorio del IOMA y alcanzaría a los directores generales de las departamentales y regionales, quienes están a cargo de las delegaciones del interior. De concretarse, los gremios prometen resistir la medida, el cierre para una larga historia de desencuentros entre la Gobernadora y los estatales de la provincia de Buenos Aires.