Durante el operativo policial montado el jueves a la noche en inmediaciones al estadio Eduardo Gallardón, con motivo del partido que tenía que disputar Los Andes, la Policía detuvo a 36 hinchas del equipo local, muchos de los cuales se habrían asociado horas antes y serían parte de un grupo que responde a las órdenes de un peligroso barrabrava que está preso.

En la previa del encuentro, el club se vio envuelto en un episodio de violencia como parte de un mensaje mafioso. El frente del club amaneció baleado en uno de sus portones que da a la calle Santa Fe, como consecuencia de un ataque efectuado por dos personas que circulaban a bordo de una moto pero cuya identidad todavía no se pudo establecer.

Según indicaron fuentes policiales a Política del Sur, se trataría de una maniobra extorsiva del núcleo violento de la hinchada milrayitas, en represalia contra la actual Comisión Directiva, que encabeza el flamante presidente, Víctor Grosi, quien se habría negado a darles entradas para el juego contra Villa San Carlos.

Esta hipótesis fue ratificada por la Comisión Directiva, que por medio de un comunicado publicado en la página oficial de Los Andes, confirmó que ese día “la institución enfrentó hechos de violencia que perseguían como principal fin la suspensión del evento deportivo y una posterior inhibición del estadio”.

Las amenazas habrían consistido también en llamadas intimidatorias de parte de José Anacleto Paz, señalado como líder de una facción de los barras, hecha desde el interior de la cárcel donde se encuentra detenido. Aparentemente, exigía asociar a 50 personas de su espacio para entrar esa noche a la cancha y cometer desmanes que pusieran en riesgo la integridad del resto del público.

El partido transcurrió en circunstancias normales y no se registraron hechos de violencia en la tribuna ni a la salida. Sin embargo, antes del puntapié inicial, los efectivos policiales a cargo del operativo le negaron el ingreso a 36 personas aprehendidas por derecho de admisión y por tenencia de estupefacientes. Del total, 33 fueron demorados por la “ley de deportes” y tres por infracción a la “ley de drogas”, precisó una fuente que indicó además que algunos de ellos tendrían antecedentes.

Ante la intervención judicial, tras la denuncia radicada en la Comisaría 1º de Lomas, la Justicia pidió la entrega del padrón de los nuevos socios que se habían registrado el miércoles, debido a que se presumía una vinculación del grupo liderado por Anacleto Paz y la asociación masiva.

Mientras tanto, los autores del atentado realizado en la madrugada del jueves no pudieron ser identificados, debido a que “las cámaras de monitoreo de Lomas de Zamora no tomaron las imágenes a esa altura”, manifestaron. No es la primera vez que la institución lomense se ve involucrada en un caso similar.

La interna barra brava por el manejo de la popular ha sido una problemática que ha recrudecido en los últimos años, con diferentes enfrentamientos y el antecedente más grave de la renuncia del expresidente Jorge Chizzini en febrero de 2018 a causa de esta situación.