

Por: Por Diego Lanese
La muerte de la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez en una escuela de Moreno tuvo un alto impacto este año, en medio del conflicto docente. Fue, además, uno de los casos de accidentes laborales más resonantes, y marca el aumento de las muertes en el mundo laboral. Los datos oficiales son difíciles de rastrear, ya que en la mayoría de los casos no incluyen trabajadores no registrados. Por eso, la agrupación Basta de Asesinatos Laborales (BAL) elaboró un informe independiente, donde denunció la muerte de un trabajador cada 20 horas en el país. Durante la presentación del trabajo, se confirmó que en el último año falleció un obrero cada 20 horas, totalizando unos 375 casos fatales. El transporte y la construcción fueron las áreas que más casos reportaron, según el trabajo. Se alertó que la cifra puede ser “mucho más alta”, ya que los datos no incluyen a los empleados no registrados, que se estima que son más de un tercio de la fuerza laboral actual.
Con la presencia de familiares de algunos de los casos más emblemáticos, la agrupación Basta de Asesinatos Laborales (BAL) presentó su primer informe oficial, que se basó en datos oficiales suministrado por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, referente a los doce meses transcurridos entre octubre de 2017 y septiembre de este año. En total, “375 trabajadores fallecieron en el país como consecuencia de accidentes en sus puestos laborales durante el último año. Se trata de una muerte cada 20 horas. El 30 por ciento de los casos se dio en la provincia de Buenos Aires”, destaca el informe, al que tuvo acceso Política del Sur.
Según el análisis, el área productiva más golpeada es el “transporte que, con 75 muertes, alcanza el 20 por ciento del total de los casos”. “Las extensas jornadas laborales, la falta de descanso y la falta de mantenimiento de los vehículos” explican la situación que vive en el sector, agrega el estudio. En tanto, “en la construcción se registraron 67 casos (18 por ciento del total)”.
El documento detalla que las principales causas de muerte en obras “suelen ser el derrumbe o desplome de edificios y las caídas de altura”, formas que develan el “trabajo en condiciones precarias, sin equipamiento ni instalaciones seguras”. Otras áreas en las que se produjeron varias muertes son “industria, con 45 (12 por ciento); agropecuaria y comercio, ambas con 41 (11), administración pública con 37 (10) y servicios financieros con 18 (5)”.
El documento, que la agrupación BAL presentó públicamente el viernes pasado, confirma que “la amplia mayoría” de los trabajadores muertos durante el último año “eran personas jóvenes (entre 30 y 40 años)”.
Si bien este es el primer informe elaborado por esta organización, la misma surgió hace dos años a raíz de la muerte de tres trabajadores en el mismo día en sus puestos de trabajo. Se trata de David Ramallo, de la Línea 60; Diego Soraire, del INTA; y Charly Alcaraz, de la construcción en una obra. A partir de esos hechos, familiares, compañeros y amigos de las víctimas se organizaron para exigir justicia por estas “muertes invisibles” y plantear que estos hechos no son sólo accidentes, sino que, por ser evitables, deben ser “considerados como asesinatos”.
El informe contiene datos sólo sobre las muertes de trabajadores registrados en blanco. “En el sector agropecuario las condiciones de seguridad son pésimas y hay una alta tasa de accidentes. Allí, la mitad de los trabajadores trabajan en negro, con lo cual es difícil saber de esos casos y solo conocemos la punta del iceberg”, ejemplificó durante la presentación del viernes Oscar Martínez, abogado laboralista y miembro de la agrupación, sobre los inconvenientes para recabar algunos datos.
Este año, en su informe anual, la Superintendencia de Riesgo de Salud dio cifras similares a las presentadas el viernes pasado. En 2017 fallecieron 743 trabajadores reconocidos por el sistema, “siendo atribuible esos fallecimientos a accidentes de trabajo (390), accidentes in itínere (337), enfermedades profesionales (5) y reingresos (1)”.