El defensor del Pueblo de Lanús, Facundo Mancebo, quien tuvo una exposiciòn en la Cámara Baja nacional por reclamos por los aumentos de las prepagas, señaló que “la idea es que vean lo que está sucediendo con los vecinos de Lanús, pero también en todo el país”. “Acompañar el reclamo del ciudadano, ir a la justicia para intentar suspender estos aumentos de las cuotas”, expresó.

En diálogo con el programa radial de Política del Sur, el ombudsman lanusense indicó que tuvo casos de “jubilados de un promedio de 74 a 78 años, que de diciembre del año pasado a ahora tuvieron casi 300% de aumento, si medido por el índice de precio al consumidor, está rondando el 40%”.

“He visto jubilados que han sacado préstamo para poder abonar facturas que adeudaban para poder continuar con un tratamiento oncológico, porque debían tres meses o dos meses, y si no se ponían al día no podían utilizar los servicios de la medicina prepaga. Esa es la situación en la que tiene que intervenir el Estado”, comentó y recalcó que “es necesario que el Congreso intervenga, no sólo rechazando el decreto de necesidad de urgencia”.

Marcó que “hay un fallo en San Martín contra una medicina prepaga que suspendía el aumento y se retrotraía el mes de diciembre”, que le permitió “adherirse”. Sin embargo, contó que “hace aproximadamente una semana, no permite más adherentes porque fueron numerosos los casos que empezaron a llegar, entonces no dan abasto, pero si hay un amparo colectivo es para todos, uno o once millones”.

“Hay que tomar una decisión, es netamente una decisión política del Ejecutivo en su defecto, ahora veremos cuáles son los pasos de devolución ayer en una reunión me dijeron, la posibilidad es que lo devuelvan de acá a siete meses”, sostuvo Mancebo.

 Además se refirió también a los reclamos en “casos de los servicios de electricidad con la facturación y aún todavía no vienen los aumentos que tienen que venir que en principio vendrían en el mes de junio”. En esa línea, comentó que hay instituciones que le llegaron boletas de entre “800 mil a 1.100.000 de pesos que no pueden afrontar esos costos”.

Explicó que estos casos, con EDESUR, “el intendente o un organismo municipal no tiene legitimidad para representar, por lo que la defensoría del pueblo de Lanús no tiene competencia sobre este contrato de concesión de muchísimos años”. “Nosotros ahora estamos buscando la variante de hacerlo a partir de asociaciones, asociaciones civiles de manera personal”, afirmó.

Por otro lado, sobre una tasa que cobraba la empresa Travel Rock, el ombudsman recalcó que era “un tax de 250.000 pesos que se hizo cobrarle a estos alumnos y alumnas que estaban por hacer su viaje de egresados, pero no brindaba información en la factura”. “Nos daba que el promedio era de 80.000 pesos, pero se pagaba tres veces más. Acá hubo una muy buena intervención del defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, que citaron a la empresa a partir de numerosos reclamos de la matanza también y consiguieron que por el momento se suspenda el tema de abonar estos 250.000 pesos”, relató.