Por: Diego Lanese

La semana pasada, el presidente Alberto Fernández pudo sentar en una larga mesa a buena parte de los actores de la producción y el trabajo argentino, y le dio cierre a una de sus principales propuestas: el ya famoso Pacto Social.

 

“Yo valoro mucho esta mesa porque en ella están sentados los actores de la Argentina, los que trabajan, los que invierten y producen y los que gobernamos”, sostuvo el Jefe de Estado durante la firma del denominado “Compromiso argentino por el desarrollo y la solidaridad”, que busca ser un canal de diálogo para que la tensión entre los sectores no permita acuerdos, en el marco de la situación de crisis económica, que no se resolverá de un día para el otro.

 

Empresarios y gremios fueron parte de esta propuesta, que se enmarca en la actitud dialoguista de la nueva gestión, que quiere aprovechar su rédito político para imponer un esquema de gobierno lo “más progresista” que la situación permita. El uso de la palabra “solidaridad” es una marca de época, y es parte de una idea solapada que está detrás de todas las flamantes medidas: los recursos son escasos y hay que sacar de algún lado para poner en otro.

 

Para los gremios, el pacto implica que pueden avanzar al tema que más les preocupa: la recuperación del poder adquisitivo de los salarios. Las pérdidas generalizadas en materia de ingresos tuvieron en el 2019 su peor momento, y salvo muy contadas excepciones, los trabajadores asalariados perdieron en la carrera contra la inflación.

 

Por eso, esta semana comenzaron a negociar una suba general para privados y estatales, a cuenta de las paritarias de este año, que permita disimular ese impacto. La cuestión no será sencilla, admiten los dirigentes de la CGT y las otras centrales obreras, ya que la actividad no muestra signos de recuperación, lo que puede derivar en un callejón sin salida.

 

Para evitar estos enfrentamientos, la dirigencia cegetista piensa en una medida que no sea obligatoria ni general, como sucedió con el bono de 5.000 pesos entregado en diciembre.

 

En este sentido, el dirigente de la CGT Carlos Acuña afirmó que el aumento de los salarios privados debe ser discutido “por cada sector”, porque “no todos están en las mismas condiciones económicas”.

 

En declaraciones radiales, Acuña pidió que los acuerdos paritarios, que comenzarán a pactarse en marzo, estén “por encima de la inflación”, lo que marca una meta ambiciosa para el sector sindical, ya que la suba de precios de 2019 no será menor a los 52-55 puntos.

 

Si bien hasta el momento apoyaron las medidas de Fernández, el tema salarial puede ser el primer punto de tensión con la Casa Rosada, ya que la recuperación salarial es clave para sostener esta actitud. El propio Hugo Moyano alertó sobre la necesidad de “paritarias libres” en un encuentro con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

 

“Los empresarios, que durante cuatro años de amparo que recibieron por parte del saliente presidente Mauricio Macri, dejen de especular con los salarios y que de una vez por todas entiendan que los trabajadores son la verdadera riqueza del país”, disparó el camionero, adelantando que la firma del Pacto Social no implica bajar las pretensiones salariales, sino todo lo contrario.

 

El propio presidente Fernández decidió marcar la cancha de estos reclamos en la primera declaración que parece pensada para condicionar las paritarias: “Queremos que las paritarias funcionen. Estamos tratando de garantizar un aumento mínimo con el propósito de que los empresarios no vuelvan a abusarse de los que trabajan”, advirtió el mandatario.

 

Y completó: “Pero también hay que pedir a los que trabajan que tengan en cuenta la situación. Tampoco hagamos pedidos desmedidos, porque todo repercute sobre el resultado de la economía. Todos tenemos que ser cuidadosos.”

 

Si bien no hay indicios de malestar en ninguno de los lados, las declaraciones marcan que la cuestión salarial será un tema espinoso, en un año donde la promesa de mejorar “el bolsillo de la gente”, tiene que comenzar a cristalizarse.

 

Todos pierden

 

En medio de esta puja, el Gobierno negocia la segunda medida que acompaña al Pacto Social: un aumento salarial a trabajadores públicos y privados. La idea, afirman las fuentes, es dar una suba que vaya entre los 6.000 y los 9.000 pesos, que se cobrarán fijos a partir de enero, a cuenta de las paritarias de este año. El incremento, se especula, quedaría eximido del pago de aportes y contribuciones patronales, pero sí aportaría a ítems como aguinaldo, indemnizaciones y vacaciones.

 

En estos días, la discusión apunta a “recomponer el poder adquisitivo de los empleados”, deteriorado por los altos índices de inflación. Esa estrategia la encabeza el ministro Moroni y tendrá novedades en estos días.

 

Es que el macrismo dejó al poder adquisitivo de los asalariados muy por debajo del costo de vida. De hecho, un reciente informe del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma sostuvo que entre el 2015 y el 2019 los únicos trabajadores que lograron empatarle a la inflación fueron los aceiteros. El resto estuvo por debajo, con picos de casi 40 puntos, como los textiles.

 

El trabajo, al que tuvo acceso Política del Sur, destaca que los textiles fueron los que más perdieron, con una caída del 38,7 por ciento en estos cuatro años, seguidos por los trabajadores de prensa con un 35,9 por ciento, y los estatales nacionales (convenio SINEP) con un 35 por ciento de retroceso. Por detrás, se encuentran los trabajadores de la televisión (26 por ciento), los metalúrgicos (22 por ciento), comercio (21,2 por ciento), alimentación (20,5 por ciento), docentes de la provincia de Buenos Aires (19,7 por ciento), maestranza (18,8 por ciento) y camioneros (18,7 por ciento).

 

La caída es tan profunda que apenas un convenio tuvo una pérdida de menos de dos dígitos (mecánicos, con una baja del 5,2 por ciento), y un solo sector empató la inflación: aceiteros. Este sector acaba de acordar un bono de 52 mil pesos, que en parte explica la suba salarial.

 

“La suma extraordinaria se cobrará en dos veces, en cuotas iguales a abonarse la primera antes del 10 de enero de 2020 y la segunda antes del 10 de febrero de 2020”, precisaron desde el gremio que lidera Daniel Yofra.