Por: Diego Lanese

El nombramiento de Claudio Moroni como ministro de Trabajo nacional fue visto de reojo por los gremios, que esperaban que el flamante presidente Alberto Fernández pusiera en ese rol clave un hombre cercano a la dirigencia. Pero el mandatario eligió alguien de su entera confianza, que en superficie no tiene mayores vínculos con los sindicatos.

 

Además, el gabinete estuvo marcado por cierto distanciamiento del sector, a excepción de Nicolás Trotta, el ministro de Educación que dirige una universidad -la UMET- con fuertes vínculos con el gremio de encargados de edificio, y coordina el instituto que forman la CGT y la CTA de los Trabajadores para medir la inflación.

 

Pero a medida que se fue completando la grilla de nuevos funcionarios, el clima de posible enojo fue dando paso a uno de satisfacción. Es que los gremios lograron ubicar en dependencias a personas afines, muchas de ellas de mucho interés para el futuro inmediato de las entidades sindicales.

Un puesto clave que lograron ocupar los gremios es la titularidad de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

 

La dependencia, que maneja los fondos de las obras sociales, estará bajo la tutela de David Aruachan, médico especializado en cirugía cardiovascular, especialista en Economía y Gestión en Salud, que actualmente preside la obra social de UPCN, Personal Salud.

 

Según confirmaron a Política del Sur fuentes del entorno de la CGT, la decisión viene “de la mano de las gestiones que hizo Héctor Daer”.

 

Aruachan fue propuesto por Andrés Rodríguez, titular del gremio estatal y uno de los dirigentes más importantes de la mesa chica cegetista. Su nombre contó con el aval de José Luis Lingeri, el titular del gremio de Obras Sanitarias, extitular de esa oficina y encargado del manejo de las cuestiones de la seguridad social en la central obrera.

 

En Trabajo, la puja está dada por el número dos de la cartera. Uno de los candidatos es un hombre fuerte de Armando Cavallieri, el titular del gremio de Comercio: se trata del abogado Alberto Tomasone, histórico asesor letrado de su sindicato, quien ocuparía la Secretaría de Trabajo en la gestión Moroni. Pero a último momento circuló la idea de que sería Leonardo Di Pietro Paolo el ocupará ese cargo, dejando sin nada a los gremios.

 

Otro candidato es un abogado poco conocido por los gremios, Marcelo Bellotti, otro “tapado”. La puja se definirá en estos días. En la Secretaría de Empleo, otro lugar de importancia, irá el massista Raúl Pérez.

 

La otra puja es por el segundo de Transporte. Hugo Moyano no ocultó su bronca por la designación de Mario Meoni, a quien acusó de no conocer el sector. Se esperaba que los dichos terminen ubicando al hombre de Moyano, Guillermo López de Punta, en la Secretaría de Transporte, pero al final el abogado deberá conformarse con la Subsecretaría de Transporte de Cargas.

 

 

Los primeros reclamos

 

Mientras se van perfilando los equipos de trabajo, los gremios ya piensan en sus primeros reclamos, vinculados a los salarios y el desempleo.

 

Además, para antes del cierre del año hay una serie de paritarias que deberán resolver el tramo final del acuerdo 2019 o bien actualizar las subas por medio de la cláusula gatillo, que puede generar tensión, por lo que quieren que el flamante Ministerio de Trabajo -restituido formalmente el miércoles pasado- tenga una actitud de acompañamiento.

 

“Durante los años de macrismo tuvimos un ‘Ministerio de las Empresas’, siempre orientado a los patrones. Esperemos que ahora sea al revés y podamos tener eco a nuestros reclamos”, le dijo a Política del Sur un dirigente cercano al moyanismo.

 

En el sector fueron los primeros en esbozar alguna crítica pública por el nombramiento en la cartera de Transporte, pero luego el propio Moyano enfrió el clima apoyando el discurso de asunción del presidente Alberto Fernández.

 

Dos paritarias que deberán negociarse antes del cierre del año son la de los metalúrgicos (pidieron a las cámaras del sector una suba de hasta el 7 por ciento correspondiente a noviembre y diciembre hasta marzo) y la de los mercantiles, que tienen un millón de afiliados, los cuales esperan señales para reabrir su paritaria, que en mayo sumó un 30 por ciento en forma escalonada y con sumas fijas.

 

El pedido para que Moroni habilite estas discusiones, con una inflación del 55 por ciento anual como se estima y acuerdos que no se firman más allá de tres meses por la incertidumbre, es el primer gran desafío de la cartera laboral.

 

Si fracasan estas negociaciones, que incluyen los famosos bonos de fin de año que, entre otros, quieren cobrar los camioneros, el Gobierno tiene una estrategia pensada: armar una mesa de negociación para evitar el malestar de los desacuerdos.

 

Sobre los aumentos salariales, en su discurso Alberto Fernández dio una pista de cómo se podrían instrumentar, aunque al otro día el flamante ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que irán atados a una serie de leyes que se enviarán al Congreso, que tendrá sesiones extraordinarias.

 

“La cultura del trabajo se garantiza creando trabajos formales con todos los beneficios de la seguridad social. Por eso pondremos en marcha acciones que faciliten que todos los titulares del salario social complementario puedan insertarse en el mundo laboral y cobrar por su trabajo”, dijo en su discurso el Jefe de Estado.

 

Además, adelantó que “junto al movimiento obrero organizado, columna vertebral del acuerdo social, también vamos a impulsar un esencial fortalecimiento de la formación permanente para los trabajos del presente y del futuro”.

 

Las definiciones, bastante generales, bajaron las expectativas de los dirigentes de la CGT, que esperan que en breve haya medidas concretas.

 

Por el momento, el clima es de expectación, y si se confirman algunos nombramientos, se ayudaría a mantener la calma en los primeros días de gestión albertista.