Por: Diego Lanese

En el inicio de la Guerra Civil española, el general republicano Emilio Mola informó que sobre la Madrid sitiada avanzaban cuatro columnas del ejército sublevado (nacionalistas liderados por el futuro dictador Francisco Franco), además de “una quinta columna” de habitantes de la ciudad que simpatizaban con los golpistas. A partir de allí nació un término que define a quien, estando en un lugar, responde a intereses ajenos. Ernest Hemingway popularizó la idea en su novela “The fifth column”, dejando en claro que una “quinta columna” es esencialmente un infiltrado.

 

La idea cobra cierta fuerza en estos días, cuando la sospecha de que el gobierno de Mauricio Macri está dejando en el Estado nacional personal en puestos jerárquicos para condicionar la próxima gestión crece entre los gremios estatales, que en los últimos días alertan sobre movimientos en este sentido. Estos “quinta columna” o “caballos de Troya” -recordando la Odisea de Homero y la forma en que los griegos penetraron las murallas de la ciudad enemiga- son beneficiados con regímenes especiales de contratación, que buscan garantizar la estabilidad laborar en puestos de jerarquía, como direcciones.

 

La primera advertencia salió de ATE, que cuestionó el denominado Registro de Alta Dirección Pública, que permitió el ingreso de 2.500 empleados jerárquicos al Estado nacional. Ahora, la maniobra se detectó en el hospital Posadas, donde se despidió a todos los directores para nombrar a otros afines al oficialismo.

 

Los resultados de las PASO dejaron en claro que será muy difícil que Cambiemos continúe en el  gobierno, por lo que en las dependencias del Estado nacional se vive un clima de transición. Incluso, antes de votar, los mecanismos para garantizar la permanencia de algunos directivos y personal jerárquico se pusieron en vigencia. Así nació el Registro de Alta Dirección Pública, que les da estabilidad laboral a 2.500 empleados, con salarios de hasta 250 mil pesos.

 

Este instrumento fue acordado con el gremio UPCN, que fue acusado de ser “cómplice” de la maniobra. Por eso, ATE incluyó la baja del registro en su pliego de reivindicaciones en su último paro nacional. “Es un insulto, que den estabilidad a personal con esos salarios, cuando los estatales en general están por debajo de la línea de pobreza”, se quejaron desde el gremio que conduce Hugo “Cachorro” Godoy.

 

En este sentido, fuentes de ATE aseguraron a Política del Sur que la idea es “condicionar al próximo gobierno”. “Quieren minar el Estado, entorpecer o parar las reformas que se quieran hacer”, agregaron las fuentes.

 

Ante la puesta en marcha de este registro, otra entidad sindical decidió presentar un amparo judicial para dar de baja este beneficio. Se trata de la Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE), que denunció la maniobra ante la Justicia por considerar este registro “inconstitucional”.

 

Si bien el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo, a cargo de José Ignacio Ramonet, rechazó la presentación, la entidad apeló y mantiene la pelea legal contra la medida. “Lo que nosotros planteamos es que están haciendo una carrera totalmente elitista para 2.500 personas, gracias a un acuerdo que además le saca beneficios a los trabajadores”, sostuvo Rubén Ramos, titular de la AGAE.

 

Según le dijo a Política del Sur el dirigente, la idea del registro “es dejar toda la gente que ingresó al Estado por este gobierno en los últimos cuatro años”, pero no la vinculó con el cambio de gobierno. “Este registro se puso en marcha en julio, como muestran las actas, antes de las elecciones”, sostuvo. Más allá de esto, espera que en segunda instancia la Justicia le dé la razón y anule este acuerdo que genera dudas.

 

El Posadas como botín

 

El intento de dejar en el Estado personal con poder de decisión que condicione a las futuras autoridades no sólo se da en la administración pública nacional. Esta semana se denunció que en medio del conflicto que vive el hospital Posadas, las autoridades del nosocomio -el único bajo jurisdicción nacional- removieron a todos los directores de servicio para poner gente afín al actual oficialismo.

 

Así lo dijo la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa), que contabilizó desde que Mauricio Macri llegó al gobierno unas 1.300 cesantías en ese centro de salud. “Esto incluye el pedido de renuncia de la semana pasada de todos los directores, para poner gente vinculada al Gobierno”, remarcó ante Política del Sur Jorge Yabkowski, titular de la federación, la cual reúne a gremios de todo el país.

 

En el nosocomio, todos los miércoles el gremio local junto la Comisión de Pacientes y Vecinos realizan un acto frente a la puerta del lugar, que vive en permanente crisis desde los primeros despidos, en el verano de 2018.  “Hay muchos servicios que no funcionan por la falta de personal”, advirtió el titular de Fesprosa.

 

En la última actividad de este grupo, se denunció esta situación y pidieron “la reincorporación inmediata de todos los cesanteados y también la restitución en sus funciones de los jefes desplazados de manera arbitraria en las últimas semanas por la administración macrista”. El reclamo contó con la presencia de la Madre de Plaza de Mayo Norita Cortiñas; Viviana García, directora del Instituto de Capacitación y Formación de la Fesprosa; y Gonzalo Moyano, del Colectivo Andrés Carrasco.

 

Ante la falta de respuestas de la Secretaría de Salud, a cargo de Adolfo Rubinstein, se realizó una asamblea para determinar los pasos a seguir. Una de las medidas acordadas por la Fesprosa es realizar el próximo lunes una marcha a la Secretaría de Salud para exigir, entre otras cosas, “el pago inmediato de los salarios adeudados y manifestando su solidaridad con las medidas de los residentes”.