Por: Diego Lanese

“Estos tipos están idos”, sostuvo en una entrevista Hugo Moyano, respecto de la actitud del gobierno nacional, y en especial del presidente Mauricio Macri, luego del resultado de las PASO. El enojo de Macri y la crisis financiera pusieron al país al borde del abismo, y dejaron la sensación de que la aplastante derrota en las primarias es, incluso para ellos, irreversible. Ni las medidas anunciadas un día después, que buscan beneficiar a trabajadores y clase media, puede barrer con esa sensación.

 

Tal es así, que el candidato opositor Alberto Fernández tuvo que salir a hablarles a los mercados para intentar llevar calma. Para la mayoría de los gremios, la derrota del domingo terminó con el gobierno de Cambiemos. Y como Moyano, creen que hay que empezar a realizar sus reclamos a quienes llegarán -si no hay una catástrofe electoral- en diciembre a la Casa Rosada.

 

Para las centrales obreras, la derrota de Macri sepulta la reforma laboral. Eso genera alivio. Ahora, la idea es comenzar a plantear algunos de los reclamos más importantes. En la CGT hablan de la necesidad de recuperar el poder de compra de los salarios como una cuestión prioritaria, sobre todo luego de los últimos tres días de la corrida financiera. Para eso, ya tantean a quienes pueden ser los interlocutores de los gremios con el futuro gabinete de Alberto Fernández.

 

Para este tiempo, la dirigencia piensa que deberá forjar la apertura de las paritarias como forma de limitar el impacto de la devaluación. Eso se habló en dos reuniones entre la cúpula de la CGT, donde además se acordó que no se realizarán paros nacionales, incluso en medio de esta situación de crisis, primero para empeorar el clima de angustia que se vive, y para evitar que eso pueda usarse contra la campaña del Frente de Todos, que pese al optimismo todavía debe ganar los comicios.

 

Además de la situación general, varios sectores tienen pedidos concretos que llevarle al futuro gobierno. Los estatales, por ejemplo, quieren que unos 35 mil despedidos del Estado nacional vuelvan a ser incorporados. Así se lo confirmaron a Política del Sur fuentes del gremio ATE, que aseguran que por “persecución, esos empleados fueron desplazados de sus cargos”. Las fuentes adelantaron que ya hubo un contacto informal entre la dirigencia estatal y equipos técnicos de Alberto Fernández y el Frente de Todos para adelantarles este reclamo. Además, crearon una comisión que coordina la lucha de los despedidos.

 

Otro reclamo que se viene se da en el sector rural. Allí, el  Sindicato Argentino de Trabajadores Horticultores y Agrarios (SATHA) pedirá que se reforme el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), la vieja estructura de control de los peones de campo, que hoy está bajo control de la Uatre, el principal sindicato aliado de Macri.

 

Durante la gestión de Carlos Tomada, se disolvió este registro y se creó el Renatea, que buscó evitar la influencia de la Uatre y las cámaras empresariales. “Creo que le van a tener que dar una figura diferente, el Renatre debe estar en manos del Estado. No digo que las cámaras empresariales no deban integrarlo, pero no puede la patronal manejar los fondos de los trabajadores, es una locura”, remarcó ante Política del Sur el titular del SATHA, Gustavo Arreseygor, que ya plantea esta idea para el futuro gobierno

 

Medidas de poco vuelo

 

La actitud de los gremios con respecto al gobierno nacional no cambió cuando en su primer acto de campaña, pensando en octubre, anunció un paquete de mejoras para los bolsillos de trabajadores y empresas, en medio de la brutal devaluación. Si bien se hizo el esperado anuncio de baja del Impuesto a las Ganancias, que beneficiará a miles de empleados en relación de dependencia.

 

El paquete fue recibido con escepticismo por la dirigencia, que sigue reclamando medidas de fondo para frenar la crisis. “Son medidas electoralistas, que no atacan la cuestión de fondo”, dijeron desde la CTA de los Trabajadores, que se declararon en “estado de alerta y movilización”.

 

Un dirigente le adelanto a Política del Sur que llevarán a la convocatorio del Consejo del Salario -otro de los anuncios realizados por Macri- un pedido “para que se aumente el mínimo al valor de la línea de pobreza”, lo que implicaría casi triplicar el actual valor (12.500 pesos). Esta sería la actitud de otros espacios, como la CGT, que fijó su postura en 31 mil pesos. En tanto, el Gobierno quiere dar un aumento cercano al 30 por ciento (ver aparte).

 

Para los gremios, es fundamental, antes de anunciar medidas, frenar el deterioro actual que genera la inestabilidad económica, que -se estima- podría generar en breve unos 500 mil nuevos pobres. “En lugar de escuchar las justas demandas de la mayoría, el gobierno abandona a la sociedad, la castiga y la deja a expensas del terrorismo financiero, dispuesto a acabar con el país. Aplica el recurso de la tasa de interés más alta del mundo, destruye toda posibilidad de inversión productiva y condena a la industria y el trabajo argentinos”, sostuvo mediante un comunicado la Corriente Federal, que lidera el bancario Sergio Palazzo.

 

En este contexto, en la CGT esperan con cautela estrechar lazos con Alberto Fernández y dejan de lado cualquier tipo de protesta, incluso en medio de la corrida. Así, descartaron los pedidos de algunos sectores de izquierda e incluso de dirigentes de otras centrales obreras, que piden medidas para frenar la actual situación.

 

En este sentido, el secretario general de la CGT, Héctor Daer, descartó la posibilidad de un paro y dijo que el Gobierno tiene que evitar que el país desbarranque. “El Presidente tiene que gobernar hasta el 10 de diciembre y tiene que intentar que el país no desbarranque, él tiene todos los instrumentos para hacerlo”, lanzó el dirigente sindical.