Otra vez el gobierno bonaerense puso la lupa sobre las licencias por enfermedad de los empleados públicos y, tras una investigación, se desbarató una banda que otorgaba certificados médicos truchos a docentes y auxiliares de la educación. Esta vez se trató de una organización delictiva que operaba en Lanús.

En este marco, el subsecretario de Recursos Humanos del Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, Ignacio Sanguinetti, dialogó con Política del Sur y detalló que la investigación comenzó meses atrás cuando personal de la Dirección General de Escuelas y Educación detectó, gracias al nuevo sistema de licencias médicas, diferentes irregularidades en el otorgamiento de carpetas por enfermedad.

Al respecto, el funcionario detalló: “Nuestra investigación administrativa comenzó a partir de que una de las empresas que hace auditoría médica nos advierte que uno de los certificados tenía un sello y letra de un médico que ya lo había desconocido, y con ese dato empezamos nosotros, a partir del sistema nuevo que tenemos de licencia, a hacer los cruces, e identificamos que esta tipografía se repetía en otros certificados con otros sellos de otros médicos y empezamos a contactar a esos profesionales que nos dijeron que esos certificados no eran de ellos y mismo no habían trabajado en el Narciso López, de donde provenían las documentaciones.”

La banda delictiva expedía los certificados con falsos sellos y firmas de distintos profesionales que requerían el otorgamiento de licencias de como mínimo 30 días.

En la cartera educativa advirtieron que este tipo de trámites genera un perjuicio patrimonial al Estado provincial, si se incluye, además del pago de las licencias, los salarios de los docentes o auxiliares sustitutos para cubrir esos puestos.

Producto de la maniobra, se calcula que sólo el año pasado la defraudación contra el Estado habría superado los diez millones de pesos. “El delito es usufructuar un sello apócrifico que generaban licencias, y esas suplencias generaron el perjuicio de diez millones de pesos porque con estas licencias truchas se debían generar suplencias”, puntualizó.

Y agregó: “Nos preocupa la educación pública porque los alumnos están sin clases porque los auxiliares no se presentan a los comedores y los docentes no dan clases. De todos modos, entendemos que estos abusos que se dan lo hace una minoría.”

En esta línea, explicó que, con el resultado de los allanamientos que se vienen llevando a cabo, detectaron que hay una delegación gremial que termina teniendo sellos de médicos que están en actividad, y que por vínculos y contactos expiden los certificados a quienes los requieren. De las siete denuncias, aseguraron que encontraron agentes que pertenecen tanto a UPCN, ATE y SOEME.

Allanamiento e incautación en los consejos escolares: el caso de Lanús

Tras haber recibido la denuncia del gobierno bonaerense, el fiscal de la UFIJ N° 16 de La Plata, Juan Cruz Condomí Alcorta, dispuso que se inicie una investigación penal para dar con los responsables de la maniobra. En tanto, con la orden del titular del Juzgado de Garantías N° 2 de La Plata, Eduardo Silva Pelossi, se avanzó con unos 35 allanamientos en el Consejo Escolar de Lanús, Quilmes, Avellaneda y San Vicente.

En particular en Lanús, denunciaron que los certificados apócrifos recaen sobre auxiliares. Allí se procesó a 28 personas, entre ellas, una empleada del Consejo Escolar.

Si bien no hay detenidos, secuestraron 25 celulares, comprobantes y órdenes médicas, recetarios, 80 certificados médicos, planillas de licencias, 17 constancias de atención y reposo, historial laboral y licencias tomadas, certificados de junta médica, varios talonarios con membrete del Ministerio de Cultura y Educación bonaerense y sellos varios de los profesionales apócrifos.