Por: Diego Lanese

Por pedido del FMI, el gobierno de Mauricio Macri eliminó una serie de ministerios, reformando así su estructura. La decisión de incluir en este plan a la cartera laboral y de Salud fue de las más criticadas, en especial porque son dos áreas sensibles donde no abundan éxitos del oficialismo.

 

En el sector laboral, la ahora Secretaría de Trabajo pasó a cumplir algunas de las funciones de la vieja cartera, mientras que el Ministerio de Producción asumió otras (la relación con los gremios, especialmente). Pero para los gremios, en esta disminución los trabajadores quedaron “desprotegidos”.

 

Por eso, no es casual que en este tiempo sin ministerio, crecieran los amparos y fallos judiciales que resuelven situaciones que antes tenían que ser negociados y acordados en el ámbito ministerial. De a poco, los juzgados laborales comenzaron a resolver los conflictos y dieron más respuesta a los trabajadores que el Gobierno. En los últimos días, varios fallos claves mostraron esta realidad, que no deja de judicializar el derecho al trabajo.

 

La Justicia Laboral asumió un rol que no le corresponde, ante la falta de un Ministerio de Trabajo que resuelva las situaciones problemáticas. En los últimos tiempos, varios fallos reinstalaron despedidos y pusieron fin a largos conflictos, pese a la poca injerencia de la Secretaría de Trabajo, que hoy comanda Lucas Fernández Aparicio, sucesor de Jorge Triaca.

 

El fallo más reciente fue uno que reincorpora a 68 empleados a la agencia estatal Télam. La Sala V de la Cámara del Trabajo confirmó las medidas cautelares de los trabajadores de ese medio de comunicación incluidos en cinco de los nueve expedientes que tenía que resolver y dictaminó que el plan de despidos fue ilegal. Los votos a favor fueron de Enrique Arias Gibert y Néstor Miguel Rodríguez Brunengo y en contra votó Beatriz Ferdman, quien asumió su cargo hace un mes.

 

Según subrayó el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) en un comunicado que compartió en sus redes sociales, “el fallo judicial confirmó que el Directorio de Télam actuó en forma ilegal, ilegítima e irrazonable al despedir sin realizar el Procedimiento Preventivo de Crisis que dispone la ley 24.013 y que es de naturaleza obligatoria para habilitar despidos masivos”.

 

Este es sólo un ejemplo de cómo las cautelares crecieron en los últimos meses ante los despidos injustificados. En el caso de la firma Siam de Avellaneda, las medidas judiciales apuntaron a la reincorporación de empleados despedidos arbitrariamente. El caso emblemático fue el de la delegada Alejandra Vercellino, que la semana pasada ingresó a su puesto de trabajo luego de ocho meses.

 

El fallo de primera instancia fue ratificado por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, por lo cual la empresa debió reinstalarla. “Se cumple con lo que dijo la Justicia, que los despidos fueron discriminatorios y que debemos recuperar nuestro puesto de trabajo”, le dijo la trabajadora a Política del Sur.

 

En el caso de Siam, esperan que el fallo de segunda instancia termine de definir la suerte del resto de los despedidos. Es que dos de ellos (Elais Viegas y Cristian Mendoza) tienen amparos favorables como Vercellino, y ahora sus abogados usarán ese caso como precedente para intentar su reinstalación.

 

Persecución gremial

 

Además de contener la catarata de despidos, la Justicia tiene que atender en estos tiempos ataques a las organizaciones sindicales, que sin el Ministerio de Trabajo como mediador, quedan muchas veces expuestas a los avances patronales. En tiempos en que la reforma laboral es una meta para el Gobierno, el ataque a derechos fundamentales de los empleados se volvió una forma de disciplinar a los gremios.

 

El caso emblemático es el de los visitadores médicos. Su sindicato no logra firmar paritarias desde hace cuatro años, porque los laboratorios quieren imponer cambios en las condiciones laborales. Para colmo, en estos tiempos comenzaron los despidos en el sector que buscan debilitar la organización gremial, apuntando a delegados.

 

La semana pasada, la Asociación de Agentes de Propaganda Médica (AAPM) informó que la Justicia falló a favor de Leonardo Fiorín, quien había sido despedido del Laboratorio Omega-Casa Rubio y a quien la medida judicial le reconoció los fueron sindicales, ya que el trabajador se desempeña como “representante hospitalario”, una especie de delegado.

 

Desde el sindicato consideraron “un fallo histórico” la medida, no sólo por la reincorporación, sino porque además “ratifica la tutela de todos los representantes gremiales, y en particular, de la figura del representante hospitalario”.

 

Esta semana, la buena noticia llegó para seis de los delegados despedidos en Laboratorio Ele-Phoenix, que fueron reincorporados por el Juzgado Nacional en Primera Instancia del Trabajo 45, que consideró que los trabajadores fueron cesanteados “injustamente en el marco de un fraudulento proceso preventivo de crisis”, e instó a la farmacéutica a proceder a “su reinstalación”.

 

“Si bien la medida rige sólo para este caso, sienta un precedente importante para todo el sector y puede ser aplicado al resto de los conflictos”, le explicó a Política del Sur un dirigente de AAPM.

 

Las sentencias judiciales no son siempre acatadas por las empresas, que utilizan el tiempo como una forma de desgaste a la lucha de los despedidos y sus gremios. El martes pasado, por ejemplo, se venció el plazo para que la firma Electrolux reincorpore a siete de los despedidos a mediados de abril. La Justicia consideró que las cesantías se hicieron por fuera del Procedimiento Preventivo de Crisis presentado por la empresa, lo que fue considerado una decisión “arbitraria”. Pero hasta el momento no se logró que se cumpla la orden judicial.