sábado 27 de abril de 2024 - Edición Nº1970

Avellaneda | 28 jun 2019

SESIÓN ORDINARIA

Entre cruces y chicanas, aprobaron proyectos vinculados a las moratorias y el servicio energético

Unidad Ciudadana expuso que la prórroga de la moratoria para mujeres en edad de jubilarse impulsada por el gobierno nacional “oculta una nueva estafa”. También, con el voto negativo de Cambiemos, el Cuerpo manifestó preocupación por el traspaso de las empresas distribuidoras de energía eléctrica a la órbita provincial. Por otra parte, el HCD se pronunció en defensa del juez Luis Carzoglio, a quien apartaron de sus funciones por supuesto mal desempeño.


SESIÓN ORDINARIA

 

Entre cruces y chicanas, aprobaron proyectos vinculados a las moratorias y el servicio energético

 

Unidad Ciudadana expuso que la prórroga de la moratoria para mujeres en edad de jubilarse impulsada por el gobierno nacional “oculta una nueva estafa”. También, con el voto negativo de Cambiemos, el Cuerpo manifestó preocupación por el traspaso de las empresas distribuidoras de energía eléctrica a la órbita provincial. Por otra parte, el HCD se pronunció en defensa del juez Luis Carzoglio, a quien apartaron de sus funciones por supuesto mal desempeño.

 

El Concejo Deliberante de Avellaneda aprobó ayer por mayoría, sin el apoyo de Cambiemos, un proyecto presentado por Unidad Ciudadana para adherir y solicitar a la Cámara de Diputados el pronto tratamiento de la Ley de Creación del Plan de Inclusión Previsional Argentino, la cual propone una moratoria para la población en edad de jubilarse que por distintos motivos -como el trabajo informal o el realizado por amas de casa- no hayan logrado cumplir con los treinta años de aportes requeridos para ingresar al sistema previsional.

 

El martes, la Anses confirmó que habrá una prórroga por tres años de esa moratoria para que puedan jubilarse mujeres que cumplan 60 años y no hayan completado sus aportes. Ese programa, conocido como “jubilaciones para amas de casa”, vencía el 23 de julio próximo, pero ese plazo se extenderá hasta el 2022.

 

No obstante, el concejal oficialista y delegado de la Anses local, Juan Acosta, remarcó que esa extensión “oculta una nueva estafa”, porque “no modifica la fecha de corte (que fue en 2003) para que millones de argentinos y argentinas sigan accediendo a la jubilación”.

 

“A partir de 2016, lo que hemos sufrido año a año con la Reparación Histórica es que se vio el cercenamiento del acceso a la moratoria. Este proyecto que se está presentando tiene que ver con reconocer los derechos previsionales como un derecho humano y extender la fecha de corte hasta 2011”, reclamó.

 

En tanto, el concejal de Cambiemos Maximiliano Gallucci, exdirector de Anses de Avellaneda, señaló que “la Reparación Histórica hizo que algunos se jubilen en dos meses y ya no en un año y medio, hizo que hoy podamos tener jubilados que empiezan un trámite y lo terminan, no que mueran esperando un trámite. Se extendió la prórroga porque la ley misma, votada por todos los sectores políticos, son los que decían que debía extenderse, y se cumplió”.

 

Edesur

 

Por otra parte, el bloque oficialista manifestó su “preocupación por la falta de información pública respecto de los detalles normativos y regulatorios que involucran el traspaso de jurisdicción del servicio de distribución eléctrica”, impulsado por los gobiernos nacional y provincial.

 

Al respecto, Matías Murabito (PJ-UC) criticó que no se realizaron “las audiencias públicas necesarias para que la ciudadanía pueda participar de un proceso de tales características”, al tiempo que rechazó “la condonación millonaria de las deudas que hoy las empresas Edenor y Edesur mantienen con el Estado nacional”, como requisito de esas mismas firmas para concretar el traspaso, a sabiendas de la mala calidad del servicio, de los permanentes cortes de luz, como el caso de La Plata, y el apagón general de días atrás. Por ese motivo, pidió el congelamiento de tarifas.

 

También, cuestionó que el Ente Regulador de Energía (ENRE) dejaría de tener la competencia para regular y debería generar un tipo de ente regulador de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires.

 

A su turno, Rubén Conde (Cambiemos) contestó que “se está trabajando en un ente interjurisdiccional”, y recordó que durante el gobierno nacional anterior “la matriz energética sufrió un escandaloso deterioro, una situación de cortes permanentes”, y derivando el tema a la provisión de gas, destacó que “por primera vez en mucho tiempo, Argentina deja de importar gas y podrá exportar”.

 

En respuesta, el jefe de la bancada justicialista, Pablo Vera, indicó que eso ocurre porque hay menos consumo, lo cual tendría que ver con que “se ha producido un proceso de destrucción de la industria. El 50 por ciento de las máquinas de nuestro desarrollo están paradas”.

 

“Forma parte de la tradición de este gobierno entender que la salida de este país se va a dar por la exportación de materias primas en un proceso de primarización económica”, remarcó el edil, y agregó que esto solamente beneficia a las empresas de energía eléctrica vinculadas al presidente Mauricio Macri.

 

Juez Carzoglio

 

En otro orden, el Cuerpo aprobó por unanimidad -aunque con diferencias de parte de Cambiemos- una resolución para “manifestar la profunda preocupación” por el apartamiento de sus funciones al juez titular del Juzgado de Garantías N° 9 Descentralizado de Avellaneda, Luis Carzoglio, y la prórroga de la suspensión preventiva del magistrado de parte del Tribunal de Enjuiciamiento bonaerense.

 

El expediente -presentado por el bloque Red x Argentina- acusa que esta situación “configura un preocupante estado de gravedad institucional que afecta a la administración de justicia” en el distrito.

 

En ese sentido, Vera aclaró: “No estamos cuestionando que un juez pueda ser juzgado, pero sí que a los justiciables se les está vulnerando el derecho a un juez natural y a ese juez al ejercicio de sus funciones, en este caso, al doctor Luis Carzoglio, supuestamente imputado por mal desempeño o interpretaciones erróneas del derecho penal.”

 

Por su parte, la concejal del Frente Renovador, Mónica Litza, coincidió con Vera en la necesidad de que se garantice la seguridad jurídica, pero fue más contundente, al acusar que “al juez Carzoglio se lo corre de su cargo porque no falló de acuerdo a lo esperado por el poder político y para buscar otro juez que pudiera responder a su intencionalidad política”.

 

Asimismo, denunció que para eso se utilizaron “maniobras tremendas, incluyendo agentes de inteligencia del gobierno nacional. (…) los motivos por los que lo han apartado son absolutamente nefastos, oscuros”.

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