Por: Diego Lanese

Descripto por Karl Marx como “un ejército de reserva industrial del capitalismo”, el desempleo es uno de los dramas más preocupantes de la crisis que vive la Argentina. Hasta no hace demasiado, el país tenía una desocupación baja, en especial comparada con la región. Pero desde los 90, el empleo se volvió un tema de la agenda política y económica, en especial desde la herida abierta por el neoliberalismo a fines de esa década.

 

Que el país haya vuelto a un desempleo de dos dígitos  encendió las alarmas en la Casa Rosada, que sabe que en la campaña que comienza, el miedo a perder el trabajo o la frustración por perderlo puede ser un tema central. Por eso, salió a agitar la reforma laboral como una solución a los problemas del mercado laboral. La respuesta de la oposición no se hizo esperar: pidió declarar la “emergencia ocupacional”.

 

Los datos difundidos hace unos días por el Indec marcan que el país volvió a una desocupación de dos dígitos luego de al menos trece años. Para el segundo trimestre del año, la población que no consigue trabajo alcanza el 10,1 por ciento de la población activa. Una serie de informes analizan a fondo esta problemática y marcan un fuerte deterioro en un mercado laboral que tiende a la precariedad.

 

A partir de las cifras oficiales, por ejemplo, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) elaboró un informe donde afirma que la cifra de desocupados del país, que el índice de Indec ubica en dos millones de argentinos, sería superior. Según la entidad que dirige el exdiputado nacional Claudio Lozano, en el país “hay cerca de 500 mil desempleados que permanecen ocultos”. Se trata de los llamados “ocupados demandantes de empleo”, personas que perdieron su empleo formal y en la búsqueda de otro se ocupan de tareas consideradas transitorias, que además son irregulares y sin formalización.

 

“Volvemos a verificar en este trimestre, un nuevo aumento de la tasa de ocupados que demandan empleo, que lleva a la tasa correspondiente al 17,5 por ciento, renovando el valor máximo de la serie publicada”, destacó el trabajo, al que tuvo acceso Política del Sur. Hace un año, explicó el trabajo, “dicho indicador era del 15,3 por ciento, lo cual implica un aumento de nada menos que el 14,2 por ciento en la tasa y de 477.695 desocupados encubiertos más”.

 

Este dato marca que la desocupación avanza en los últimos meses de la mano del deterioro económico, y que tiene especial efecto en los sectores productivos. En la industria se perdieron unos 69 mil empleos registrados entre mayo del año pasado y el mismo mes de 2019, lo que marca casi 190 despidos por día. Así lo asegura otro informe, este elaborado por la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), que analizó los datos sobre la caída de trabajo formal.

 

Según sus cifras, en ese período se perdieron 268 mil empleos registrados, lo que supone un trabajo menos cada dos minutos. “Estos números de desempleo que muestra el informe, significan además que, entre marzo de 2018 y marzo de 2019, se perdieron 30 trabajos por hora, 735 cada día, y 22.360 por mes”, agregó el trabajo, al que tuvo acceso Política del Sur. “La problemática del empleo ha resurgido en nuestro país, producto del cambio radical en la matriz macroeconómica desde fines de 2015, que decantó en destrucción de puestos de trabajo, además de deterioro salarial y pérdida de derechos laborales”, señaló el estudio universitario.

 

Según la casa de altos estudios, en el detalle por sector se destacan “caídas de 69 mil empleos en industria manufacturera, 46.300 en comercio y reparaciones, 18.300 en transporte y comunicaciones, y 14.400 en actividades empresariales”. En este sentido, el documento apunta que, desde fines de 2015 hasta la actualidad, se perdieron 138 mil empleos solamente en el sector industrial. Haciendo un análisis sobre los perdedores y ganadores del modelo económico actual, el informe argumenta que “por cada empleo nuevo en el sector agrario, se destruyeron más de 335 en la industria”.

 

Respuestas en campaña

 

Con estos números, que en muchos casos son similares a los presentados por los meses posteriores a la crisis del 2001, el tema del empleo se volverá parte de la agenda política, y los dirigentes lo saben. Por eso, tanto en el oficialismo como en el Frente de Todos toman nota. En Casa Rosada saben que si empeoran los indicadores, se altera el humor social, y entonces salieron a jugar una carta arriesgada: intentar instalar la reforma laboral. Una de las promesas realizadas al FMI es que se tratarían las leyes necesarias para cambiar las formas de contratación en el país, una medida que cuenta con especial rechazo de los gremios y los legisladores peronistas de oposición.

 

Pero ahora el Gobierno tiene una carta especial: si gana en octubre, tendrá a quien muchos sindicalistas consideran el responsable de parar la reforma en el Senado, el rionegrino Miguel Ángel Pichetto. Por eso, se salió a instalar que un triunfo será la luz verde para ir por estos cambios.

 

Incluso, en su gira por Estados Unidos, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, lo dio por hecho, siempre y cuando se gane las elecciones. La reforma del Gobierno tiene varios puntos: incluye un blanqueo de personal, un fondo especial para el pago de indemnizaciones y la aprobación de una agencia de tecnología médica para aliviar a las obras sociales. Además, plantea reformas en la Ley de Asociaciones Sindicales, para realizar cambios en el interior de los gremios.

 

En tanto, el Frente de Todos quiere pararse en la vereda de enfrente. En primer lugar, una vez conocidos los indicadores de desempleo, el diputado nacional José Luis Gioja reeditó un proyecto de ley que busca declarar la “emergencia laboral” en todo el país y prohibir por 180 días la suspensión y despidos de trabajadores.

 

“En el país todos los índices económicos van para atrás, indudablemente que la desocupación va a aumentar. Esto está pasando y por eso hemos revivido un proyecto de ley que vetó hace dos años atrás el Presidente, y tiene que ver con declarar la emergencia laboral, que de alguna manera castiga a quien suspenda o eche a algún trabajador”, señaló el diputado. El proyecto fue presentado la semana pasada y busca castigar a quienes suspendan o despidan a algún trabajador por el lapso de 180 días.

 

En el equipo de Alberto Fernández piensan en una reforma, pero con otros aspectos centrales y, por sobre todo, en un contexto que no sea recesivo como el actual. En una reciente presentación en la provincia de Neuquén, Guillermo Nielsen, mostrado como uno de los referentes económicos del candidato a presidente, admitió esta idea.

 

“Una cosa es hacer estas reformas en recesión y otra en condiciones de crecimiento. Nosotros queremos meter al país en modo crecimiento. Si tenés crecimiento, tenés superávit fiscal primario (antes del pago de la deuda). La habilidad pasará por cómo se negociará con el Fondo, convencerlo de que se pagará si aumenta la torta”, sostuvo.