Esta semana se cumplió un año del crimen de Maximiliano Seppia, un caso que sigue impune, con la investigación sin detenidos. Se trata de un hecho ocurrido el 4 de marzo de 2018 frente a una vivienda ubicada en Villa Barceló (Lanús Este), cuando el joven de 22 años recibió tres disparos y perdió la vida casi en el acto.

El presunto asesino, identificado como Germán Maximiliano Carreras, continúa prófugo pese a algunas versiones que indican que habría sido visto cerca de la zona donde vivía, en Lanús. Por su parte, los allanamientos que llevó a cabo la Policía tampoco dieron resultados positivos, por lo que todavía se desconoce su paradero.

En diálogo con Política del Sur, la familia de la víctima renovó el reclamo de justicia a un año del crimen y expresó sus criticas ante la falta de avances en la investigación. El 10 de marzo, Maxi cumpliría 24 años.

“Lamentablemente estamos igual que el primer día, y si no nos movemos nosotros, no se hace nada”, indicó la madre del joven, Claudia Capalbo, quien anticipó que el tercer fin de semana del mes realizarán una movilización en el centro de Banfield junto a familiares y amigos para volver a visibilizar el caso.

La causa, caratulada como “homicidio”, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 Descentralizada de Lanús, se encuentra en manos del fiscal Gastón Fernández, después de varios meses al frente de Javier Gramajo.

En el medio, además de la ausencia de novedades, hubo algunas desprolijidades, como pruebas incorporadas que se perdieron, como fue el caso del celular de la víctima, requerida por la fiscalía.

“Me lo habían pedido para comprobar si Maxi conocía al asesino, cosa que sabemos que no, pero en un momento se perdió”, contó Capalbo a este medio. “Al final lo encontraron, pero se ve que consideraron que no era necesario revisarlo porque no lo abrieron y me lo devolvieron”, agregó.

Desde un principio pidieron la colaboración de vecinos que puedan aportar datos precisos para capturar al sospechoso. Sin embargo, el miedo a posibles represalias hizo más difícil la ayuda.

“Es gente peligrosa, que tiene antecedentes penales. Por eso desde el principio tuvimos que movernos nosotros para juntar pruebas concretas”, concluyó Capalbo.