Hace unos meses, una mujer advirtió que desde su clave fiscal se habían emitido innumerables facturas apócrifas, la mayoría de ellas por montos millonarios por supuestos servicios prestados a diversos organismos públicos (gobiernos de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre muchos otros, que incluyó a municipios de distintas regiones del país).

No fue todo. La víctima, una Licenciada en Relaciones Internacionales, hoy enfrenta como consecuencia de las maniobras delictivas -originadas en el hackeo de su clave fiscal-, al menos dos juicios ejecutivos que le inició la Anses, que le reclama el pago de cargas sociales de varios empleados que le fueron registrados como propios pero que jamás tuvo. En ese marco, sufrió el embargo de sus cuentas bancarias.

Luego de radicar la denuncia ante la Justicia Federal de Lomas de Zamora, comenzó una paciente investigación que incluyó la intervención de la División Análisis de Inteligencia Informática de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que estableció el sitio desde el cual se emitió la mayor parte de las facturas falsas.

La pesquisa derivó el viernes en un allanamiento en la ciudad de Concordia, en Entre Ríos, que se desarrolló durante toda la tarde. Allí incautaron diversos elementos informáticos (computadoras, tablets, notebooks) que ahora serán peritados por especialistas en cibercrimen.

Con la ayuda de los sabuesos de la Policía Federal -pertenecientes a las delegaciones Chajarí y Concordia- la Policía desplegó un operativo en la calle 9 de Julio 68, en Concordia, donde reside una tradicional familia de clase media alta. Luego de incautar los elementos informáticos, no los efectivos no ocultaron su sorpresa cuando se toparon en el lugar con dos armas de fuego y municiones, ambas carentes de la documentación respectiva.

El procedimiento fue seguido de cerca con su presencia por el abogado querellante Pedro Cruz Henestrosa y dos testigos.

En la finca, que presenta recientes refacciones y ampliaciones y varias imágenes religiosas, vive un contador perteneciente a una muy conocida familia viñatera de San Juan y también dedicada a la citricultura en Ente Ríos.

Sin embargo, según se rumorea en la zona, el hombre, afecto a organizar y manejar el dinero para la realización de concurridos retiros espirituales, no le habría hecho honor a las actividades de sus antepasados, por cuanto prefirió dedicarse a las cuestiones contables, impositivas y a la docencia.

Cerca de la investigación, a pesar del mutismo que impera, se comenta sottovoce que todo derivaría en el esclarecimiento de otros hechos similares.

Ahora el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, con intervención de la Secretaría de Augusto Peloso, deberán resolver la situación procesal de los imputados.