El secretario de Prensa y Comunicación del Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda (STMA), Daniel Ferro, advirtió que continúa en pie una denuncia que una empleada municipal había iniciado en agosto pasado contra la subsecretaria de Seguridad, Mónica Ghirelli, quien habría ingresado a su casa sin una orden judicial y junto a dos efectivos policiales para exigirle ese espacio para la Comuna.

La trabajadora afectada es Sara Pereyra, madre de tres hijos que se desempeña en el área de Protección Ciudadana y en aquel entonces estaba asignada a la protección de la vivienda del intendente Jorge Ferraresi.

Según contó Ferro en diálogo con Política del Sur, Pereyra debió abandonar por un momento su puesto porque le avisaron que había ingresado gente desconocida a su casa, y al llegar, se encontró con la subsecretaria de Seguridad municipal, Mónica Ghirelli, junto a dos agentes uniformados, quienes habrían roto el candado para entrar y reclamar esa propiedad para la Municipalidad.

Sin embargo, Ferro remarcó que la casa de Pereyra, que se encuentra pegada a la Dirección de Tránsito y Licencias, en Sarandí, fue cedida por el ferrocarril al padre de la empleada en la década del 60, al igual que a otros cinco propietarios.

Si bien Ferro contó que la trabajadora municipal ya había recibido el reclamo de su propiedad de parte del Municipio, cuando ella mostró que tenía esa cesión, el pedido terminó. “Pero esta mujer (por Ghirelli) siguió incentivando el tema, cortó el candado y se metió en la casa”, acusó el dirigente municipal de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo).

Y agregó: “Ellos dicen que quieren recuperar algo para el Municipio, pero está perfectamente determinado que hay una cesión dada al padre de Sara en 1968.”

Asimismo, explicó que, debido a que la empleada avisó a la base que abandonaría su puesto (en Reconquista y Heredia, en Gerli) cuando supo que alguien había ingresado a su vivienda, la sancionaron y le descontaron cuatro días, sin el debido proceso que establece la ley 14.656.

Por estos motivos, la trabajadora hizo la denuncia y hoy la causa se encuentra en la UFI 4 de Avellaneda, a cargo del Juzgado de Garantías 10 de Lomas de Zamora. El abogado que patrocina a Pereyra es Gustavo Sanz, quien es secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Morón y abogado de la Fesimubo.

“Sanz ya hizo un par de presentaciones, y ya la causa la paramos para que no vaya a archivo, porque iba a ir a archivo”, afirmó Ferro, e ironizó: “Claro, ¿cómo le va a hacer el Polo Judicial una denuncia a la subsecretaria de Seguridad de Avellaneda?”.

En todo ese marco, Ferro concluyó: “Yo ya le dije a Sara y a todo el mundo que vamos a fondo. A esta subsecretaria de ‘Inseguridad’ no la quiero más en Avellaneda. ¿Cómo va a violar un domicilio? ¿Quién es para violar un domicilio? ¿O estamos en la época de los militares, de la opresión?”