Por: Por Diego Lanese

“Ojalá me equivoque, pero esto va a traer muchas muertes injustas”. Las declaraciones del líder camionero Hugo Moyano sobre la nueva reglamentación lanzada por el Ministerio de Seguridad para las fuerza federales, que permite entre otras cosas disparar sin dar la voz de alto, marca la postura que tienen los gremios respecto al escenario que se abre con esta decisión. La “doctrina Chocobar”, por el policía que mató a un delincuente por la espalda en un intento de robo en La Boca, es la respuesta que desde el oficialismo pretenden imponer a la inseguridad, con Patricia Bullrich a la cabeza.

 

Con el aval de la Casa Rosada, esta nueva directriz preocupa no sólo por el impacto que tendrá en la lucha contra la delincuencia, sino por sus consecuencias en lo social. Por lo bajo, muchos dirigentes sindicales alertan que este giro a la mano dura no sólo tendrá que ver con el combate del delito: se trasladará a la conflictividad social. Pruebas no faltan, ya que en estos tres años de Cambiemos en el gobierno, muchas de las principales protestas terminaron con violentas represiones, que esta nueva reglamentación pueden fomentar.

 

“Este modelo sólo cierra con represión”, suelen decir los dirigentes, que alertan que desde hace tiempo las fuerzas de seguridad se volvieron más “activas” respecto de otros años, donde estaban limitadas sobre los manifestantes.

 

“No hay duda que van a usar está nueva dirección en todo el campo de acción, incluyendo la represión de la protesta social. Es una advertencia para quienes decidamos movilizarnos contra este modelo”, dijo un dirigente vinculado a la CGT, ante este nuevo escenario. Según le confesó a Política del Sur, el tema genera preocupación en los gremios, en un diciembre que suele estar cruzado por las manifestaciones.

 

Entre otras cosas, la Resolución 956/2018 establece que no serán judicialmente cuestionables los fusilamientos que se produzcan “cuando se presuma verosímilmente que el sospechoso pueda poseer un arma letal”. “Este nuevo guiño en la escalada de envalentonamiento de la violencia estatal por parte de Cambiemos generó un sinfín de críticas y cuestionamientos, en particular de los organismos de Derechos Humanos. Lo que hacen directamente es legalizar el accionar del gatillo fácil”, expresó mediante un comunicado el Centro de Profesionales por  los Derechos Humanos (Ceprodh).

 

“Ni a (Mauricio) Macri ni a su gobierno le importan el combate de la delincuencia. La llamada ‘doctrina Chocobar’ pasa a ser una política de Estado destinada a liquidar el conflicto social con balas de plomo”, alertó la CTA de los Trabajadores, respecto de la nueva reglamentación.

 

La CTA que comanda Hugo Yasky exhortó: “frente a esta salvajada que atenta directamente contra la libertad y la democracia, (la central) insta a sus afiliadas y afiliados, y a todas las fuerzas del pueblo de la Patria, a no arriar las banderas de la resistencia y a no ceder al terror ni a la implantación de este verdadero Estado gendarme”. Si bien por el momento la CGT no se expresó respecto de este tema, en la sede de Azopardo admiten que hay preocupación y que no aceptarán la represión como respuesta a los reclamos de los trabajadores.

 

Militarizar los aires

 

Mientras la discusión sobre la nueva doctrina llegó a la Justicia (un juez porteño prohibió que la Ciudad de Buenos Aires se sume a la reglamentación, como pretendía su gobierno), el temor a que este clima de represión se traslade a la protesta sindical y social comenzó a corporizarse.

 

Aprovechando las medidas extraordinarias de seguridad utilizadas para el operativo del G20, el gobierno nacional mantuvo durante 30 días una polémica medida: permitir que la Fuerza Aérea y la Policía de Seguridad  Aeroportuaria (PSA) realicen tareas de pista en los aeropuertos.

 

La decisión de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) permite a los efectivos de estas fuerzas hacer trabajos que hoy están a cargo de la empresa estatal Intercargo, vinculada a la logística y movilidad de las aerolíneas comerciales: señaleros, tractoristas, limpieza, ascenso y descenso de pasajeros, entre otras.

 

“Es una clara intención de militarizar funciones que son de índole civil”, sostuvo Marcelo Belelli, delegado de ATE-ANAC. Ante la consulta de Política del Sur, el dirigente sostuvo que con esta medida “se pone a personal a realizar tareas para las que no están capacitados”, y añadió que “una cosa es hacer un curso básico donde te dan instrucciones teóricas y otra es tener la experiencia práctica para realizar las tareas. Ni la Policía del PSA ni la Fuerza Aérea están capacitados para esto”.

 

Para Belelli, lo que está en juego es la posibilidad de hacer estas tareas cuando los gremios del sector decreten un paro, y así evitar romper su adhesión. “Ante el intento de alguna medida gremial, se busca ponerle un límite al accionar de los gremios del sector; el diagnóstico nuestro es ese, porque no es una cuestión de seguridad”, dijo.

 

Hace unos días, una serie de asambleas prácticamente paralizaron la actividad aérea en el país, en especial de Aerolíneas Argentinas y Austral. Esto generó una gran ofensiva del Gobierno contra los distintos sindicatos del sector, incluida la sanción a unos 350 empleados, luego levantada por la presión gremial.