El Gobierno Nacional envió esta semana al Senado otros 33 pliegos de jueces, defensores y fiscales de Capital Federal y algunos del interior, entre los cuales figuran jueces para la Cámara de Apelaciones del Trabajo y la prórroga del mandato del juez Víctor Pesino, que rechazó la cautelar de la CGT sobre la reforma laboral. de esta forma, la gestión libertaria busca premiar al magistrado que no sólo avaló la Ley de Modernización Laboral, sino que además mediante un artilugio revirtió la suspensión de la mayoría de los artículos, desmantelando la estrategia judicial de la central obrera, hoy seriamente cuestionada.

Los 33 pliegos de jueces, defensores y fiscales de Capital Federal e interior del país, que se suman a los 22 enviados días antes, son parte de la estrategia que activó el gobierno para avanzar sobre el Poder Judical. Entre los nombres más salientes figura el de Pesino, vocal de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, a quien el Ejecutivo busca renovar en el cargo por cinco años más pese a que en julio cumplirá 75 años, edad límite establecida por la Constitución para el ejercicio de la magistratura, por lo que se multiplican las especulaciones sobre el premio que implica esta propuesta para el magistrado que habilitó la vigencia de la reforma laboral flexibilizadora.

❌ SIN JUECES INDEPENDIENTES, NO HAY JUSTICIA POSIBLE

Tras la suspensión de la medida cautelar que protegía a las y los trabajadores de los artículos más regresivos de la Reforma Laboral, hemos presentado la recusación con causa de los integrantes de la Sala VIII de la Cámara… pic.twitter.com/CKdxvQ3B6o

— CGT (@cgtoficialok) April 27, 2026

Pesino y su colega María Dora González fueron magistrados clave para dejar sin efecto la cautelar dictada por el juez Horacio Ojeda, atendiendo al pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la reforma laboral, que había suspendido 81 artículos de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. A pocas horas del fallo favorable de Pesino que desactivó la cautelar, el Ejecutivo activó el trámite para que el magistrado continúe en funciones, en lo que desde el movimiento sindical se interpreta como un premio directo por su alineamiento con la política laboral oficial.

Para mantenerse en el cargo más allá de los 75 años, la Constitución exige que el juez sea propuesto por el Poder Ejecutivo y obtenga el aval del Senado. Pesino había manifestado hace tiempo en el fuero su voluntad de seguir prestando servicios, pero necesitaba de ese doble respaldo institucional. La inclusión de su nombre entre los pliegos enviados al Senado acelera ese proceso en un momento políticamente sensible, con la reforma laboral aún en disputa judicial.

El fallo que destrabó la reforma laboral tuvo efecto inmediato ⚖️➡️ el Gobierno salió a sostener al juez Víctor Pesino en su cargo pese a cumplir 75. El trámite lo activó @juanbmahiques horas después de una resolución clave para el plan de @JMilei.
La oposición denuncia “premio”… pic.twitter.com/OrnQjMhJeG

— Sergio Rosso (@Sergrosso) April 25, 2026

La nueva remisión busca también destrabar la negociación con sectores de la oposición dialoguista, que venían frenando los dictámenes por falta de candidatos del interior. Los senadores radicales, peronistas díscolos y representantes de fuerzas provinciales exigían pliegos para juzgados de sus provincias antes de dar su respaldo. Con esta tanda, que incluye postulantes para Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán, Salta, Chubut, Corrientes, Catamarca, Misiones, Chaco, Mendoza y San Juan, el oficialismo busca reunir las nueve firmas necesarias para avanzar en la Comisión de Acuerdos. Desde marzo, el Gobierno lleva enviados cerca de 150 pliegos, frente a más de 300 vacantes existentes en el Poder Judicial.

Entre los nombres que generan mayor controversia figura Tomás Rodríguez Ponte, secretario histórico del juez Ariel Lijo y actual director de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), organismo que depende de la Corte Suprema y maneja escuchas telefónicas y análisis forenses en causas sensibles. También está prevista la exposición en audiencias de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, y de otros candidatos cuestionados por distintos bloques opositores.

La nueva tanda de magistrados girados al Senado no cumple todas las expectativas de los senadores dialoguistas que aguardan que lleguen otros 36 pliegos con otro postulantes a juzgados del interior del país, según admitieron fuentes parlamentarias. Ahora los 22 postulantes a la Justicia enviados hace días, los 33 que llegaron ayer al Senado y aquellos que se envíen en los próximos días podrán tener estado parlamentario en la sesión de este jueves, y así comenzar el proceso para su aprobación.  También se postulan para diferentes salas de la Cámara Nacional del Trabajo de la Capital Federal a Fernando Manauta, Diego Tula, y Claudio Loguarro.

Tras conocerse el dato de que unas 30 mil pequeñas y medianas empresas podrían cerrar “en el corto y mediano plazo”, la organización de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC) exige al Congreso de la Nación que declaren la emergencia del sector. Al respecto, su secretario, Xavier De Escalada, describió que “la mayor carga impositiva nacional la venimos soportando las pymes y lo que se ve es la caída de la recaudación impositiva, porque evidentemente hay una caída de consumo, hay una caída de la economía real, el país se está achicando, el país está siendo más lento y necesitamos que la comisión pyme de la cámara de Diputados trate la ley de emergencia”.

Actualmente, el proyecto se encuentra en la Comisión Pymes de la Cámara de Diputados que preside el santafesino Pablo Farias y tiene como objetivo brindar paliativos para la supervivencia de las compañías afectadas por un contexto de recesión y retracción de la economía.

🚨 Alertan por el cierre de 30 mil pymes y reclaman la emergencia al Congreso
📉 Desde ENAC advirtieron en Rosario que miles de pequeñas y medianas empresas podrían desaparecer en el corto y mediano plazo por la caída del consumo, la recesión y la presión impositiva. pic.twitter.com/YwUOFQ3T3i

— FM CB 97.3 (@fmcb97_3) May 11, 2026

Al respecto, el presidente de ENAC, Diego Ojeda, no ocultó su premura para que los legisladores comiencen a trabajar en la iniciativa al señalar que “estamos intentando con todo esto es que cuanto antes sea tratado en el recinto, para que esta emergencia sea un paliativo y no tengamos que contar 30 mil empresas más que en el corto y mediano plazo cierren”.

En tanto, De Escalada puso el foco en la caída del consumo tras mencionar que “en el relevamiento que hemos hecho de nuestra encuesta trimestral, los números cada vez son peores: la caída de ventas agrava toda la situación y está marcando que hay muchas Pymes que estamos con problemas de cerrar y necesitamos declarar la emergencia cuanto antes”.

En ese marco, ENAC hizo un relevamiento sobre 300 empresas de 22 provincias y De Escalada explicó que “tenemos 8 indicadores muy importantes, la caída de las ventas es muy grande, hay sectores que han caído muchísimo, los costos han subido muchísimo más que los precios de venta, no estamos pudiendo trasladar el aumento de costos que tenemos a los precios de venta por la falta de consumo”.

Dicha situación, señaló el empresario, hace que “la rentabilidad se cae y es una situación muy compleja”. A la vez, repasó que “también estamos con problemas de cobro, la cadena de pagos está complicando con muchos problemas para cobrar y ahí empieza a haber morosidad, que en el sector pyme se nota más”.

Comisiones de Pymes y Comercio recibimos a representantes de la industria autopartista argentina.
El sector reclamó la prórroga al Régimen de Desarrollo y Fortalecimiento del Autopartismo Argentino, cuyo cese afectaría a una de las cadenas de valor más relevantes del país.
(1/2) pic.twitter.com/TpPWjbprll

— Pablo Farías (@pablogfarias) May 13, 2026

Los integrantes de ENAC destacaron la importancia que tiene para ellos el bloque de Provincias Unidas en la aprobación de la emergencia. A propósito, Ojeda reconoció que “nos encontramos acá porque sería sumamente importante que Provincias Unidas, el bloque del cual pertenecen las distintas provincias, entre ellas Santa Fe, que son hoy 21 diputados, para que esto pueda salir de forma favorable”.

Además, repasó que “quien preside hoy en la Cámara de Diputados la comisión de Pyme es Pablo Farías, que ustedes lo conocen de acá”. “Lo que estamos intentando con todo esto es que cuanto antes sea tratado en el recinto, para que esta emergencia sea un paliativo y no tengamos que contar 30 mil empresas más en el corto y mediano plazo que cierren”, agregó.

Mientras tanto, el dirigente de la cámara de taxistas de Rosario, José Iantosca, recordó que “la nueva constitución de Santa Fe” consagra puntualmente “la protección o el lugar que le da a las pymes". En la misma línea, recordó que en la provincia que conduce Maximiliano Pullaro “hubo un gran trabajo que hizo esta mesa regional pymes de la producción nacional y consiste en haber logrado que las pymes se declaren esenciales en Santa Fe, y eso se hizo por unanimidad”.

Posteriormente, fue directo y reconoció la importancia que tiene el mandatario provincial en el tema: “Hoy necesitamos más que nunca a esta provincia, de su conducción, del gobernador (Maximiliano) Pullaro, de que nos acompañen en que esta ley de emergencia pymes se apruebe lo antes posible para poder hacer un paraguas, para poder sostener muchas pymes que hoy, en corto plazo, ni siquiera en mediano plazo, se van a caer y se van a perder muchas más pymes puestos de trabajo”.

En conclusión, enfatizó que “necesitamos del bloque de Unidos, porque con el bloque de Unidos nos darían los números para llegar al recinto, para que se apruebe en el recinto, y porque son de las provincias”. “Siempre y todos los días hablan de la producción, del apoyo que le dan a las pymes, a la empresa, y siempre hablan de producción. Bueno, ahora es el momento justo que tienen para poder acompañarnos”, cerró.

Luciano Gomez Alvariño, dirigente del PRO en Esteban Echeverría, aseguró que "el cambio no hubiera sido posible sin el PRO", tras el duro comunicado emitido por el espacio que conduce el ex presidente Mauricio Macri, que da cuenta de un distanciamiento entre el espacio amarillo y La Libertad Avanza (LLA).

El dirigente consideró que “no se ha sabido interpretar al PRO” en el sentido de que el partido liderado por Mauricio Macri tanto a nivel nacional como a nivel provincial, siempre ha tenido la misma posición: “Nunca ceder frente a la amenaza del populismo que representa de su forma más destructiva el kirchnerismo”, planteó, al tiempo que renovó críticas a la gestión del gobernador Axel Kicillof, a la que calificó de “ineficiente” y “cínica”. 

“El PRO se ha parado en todos lados, en el mismo lugar y ha sido claro, creíble y coherente en su apoyo al cambio. Y desde el minuto cero también se han expresado aquellas cosas con las que circunstancialmente no estábamos de acuerdo como fuerza política”, explicó Gomez Alvariño.

Aún en ese marco, el dirigente señaló algo que ya había mencionado el presidente del partido bonaerense, Cristian Ritondo, y que tiene que ver con que para el 2027, el PRO -que se percibe como “la fuerza del cambio”- deberá intentar unirse con “todas aquellas fuerzas que representan un cambio real y que están en contra de que perdure y se profundice el populismo kirchnerista”. De lo contrario, planteó que tanto la Provincia como el país “va a estar en un gravísimo problema”.

De todos modos, comentó que no se puede hablar aún de candidaturas faltando más de un año y medio para las elecciones presidenciales. 

“Los ejes conceptuales sirven para ordenar el trabajo de los que tienen responsabilidades legislativas”, afirmó. En ese sentido sostuvo que a nivel legislativo, los representantes del partido amarillo acompañan y defienden como ideas propias cuestiones presentadas por otros espacios políticos que se condicen con la mirada del PRO. Y del mismo modo, plantean ideas o sugerencias cuando consideran que hay cuestiones que se pueden mejorar.

Y aunque hoy en día, no sean gobierno, “el PRO está parado en el mismo lugar que siempre, apoyando el cambio, poniéndole la cara". "Estamos convencidos de que, sin el PRO, el cambio en cosas muy trascendentales no hubiera sido posible en estos dos años”, remarcó Gomez Alvariño.

Asimismo, sostuvo que los dirigentes del PRO de cada distrito bonaerense se encuentran trabajando “sin hacer ruido”, identificando los problemas de la gente. Aseguró que el partido se está preparando “para gobernar cada uno de los lugares en los que disputará las intendencias en la provincia de Buenos Aires, con planes de gobierno concretos y acciones demostrables para poder debatirlas e implementarlas desde el primer día, para cambiar y mejorar la vida de la gente”.

Reclamo Universitario

Alvariño fue consultado sobre el reclamo del sector universitario por la aplicación de la Ley de Financiamiento: “Hay un summum de hipocresía y de cinismo. Es poco serio simplificar este debate en recortes sí, recortes no, ley sí, ley no. La ley de Financiamiento Universitario que se aprobó en el Congreso, creo, fue un instrumento de presión política para un gobierno y me parece que la discusión de fondo, nadie la quiere dar sobre la trazabilidad de los fondos”, consideró.

Y agregó: “¿Cómo se controlan los gastos? ¿Cómo se genera el presupuesto? ¿Cómo son las contrataciones? Estamos hablando de fondos que salen de los impuestos que después pretendemos que cualquier gobierno baje. Salen de las retenciones, del IVA, de Ganancias". "Queremos educación pública, pero no queremos eficiencia en la administración de esa educación pública. Pasa lo mismo con otros servicios fundamentales”, completó.

A un año de la causa del fentanilo contaminado, familiares de víctimas destacaron el rol de la Justicia frente a una crisis sanitaria sin antecedentes. Paralelamente a determinar causas y responsabilidades, el juzgado de Ernesto Kreplak, a cargo de la investigación, debió intervenir para realizar tareas que el propio sistema sanitario no lograba resolver ni responder.

El 13 de mayo de 2025 se conoció públicamente la crisis sanitaria del fentanilo adulterado. La Justicia debía iniciar una investigación penal por la adulteración del fentanilo HBL mientras el daño continuaba expandiéndose en distintos establecimientos de salud del país. "A un año del inicio del expediente judicial FLP 17371/2025, la fecha exige una reflexión pública no solo por la magnitud de la crisis sanitaria investigada, sino también por las profundas debilidades institucionales que el caso dejó expuestas y por los interrogantes urgentes que plantea sobre las reformas necesarias para evitar que un hecho similar vuelva a repetirse en Argentina", destacaron.

Lejos de tratarse de una investigación penal convencional, la causa obligó al juzgado federal a desplegar una verdadera reconstrucción epidemiológica nacional en tiempo real. “La Justicia debió diseñar estrategias para neutralizar la propagación del brote infeccioso en hospitales por la administración de fentanilo HBL, mientras paralelamente debía establecer las causas y responsabilidades de los hechos”, señalaron en un comunicado.

El Juzgado Federal N°3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak debió enfrentar desde su inicio enormes dificultades de diversa naturaleza y complejidad para dimensionar la gravedad del escenario.  "La labor desarrollada en la causa permitió, tras una extensa y compleja tarea investigativa, detectar la localización de las ampollas y determinar la contaminación del fentanilo adulterado con bacterias letales", valoraron.  

Familiares remarcaron que durante los primeros meses de la investigación, la Justicia tuvo que reconstruir con precisión la cantidad y localización de las ampollas de fentanilo HBL adulteradas, es decir, determinar el número real de víctimas afectadas por el medicamento adulterado, así como establecer las causas de la adulteración. En este contexto, la Justicia inició un exhaustivo trabajo para reconstruir manualmente la trazabilidad del fentanilo HBL a través de remitos y facturas de compra.

"No solo debió identificar los establecimientos de salud que habían adquirido el medicamento, sino también determinar a qué pacientes se les había administrado. Todo ello se agravó debido a que gran parte de los registros hospitalarios se encontraban en formularios físicos obsoletos e historias clínicas incompletas, fragmentadas y mayormente no digitalizadas. No solo las autoridades sanitarias presentaron reticencias y aportaron información escasa, sino que también numerosos hospitales demoraron o dificultaron la entrega de documentación clave para la investigación", destaca el comunicado.

Debido a ello, "la Justicia tuvo que adoptar medidas coercitivas para obtener información y avanzar en la reconstrucción de los hechos".

Por otro lado, la investigación judicial indica que los análisis bioquímicos confirmaron que la contaminación bacteriana del fentanilo HBL se produjo en las instalaciones de Laboratorios Ramallo durante el proceso productivo y que posteriormente el medicamento fue distribuido en esas condiciones a distintos puntos del país.

El juzgado confirmó además que las cepas bacterianas halladas en el fentanilo eran idénticas a las encontradas en los hemocultivos de los pacientes afectados. En total fueron identificados 185 hospitales en distintas provincias argentinas, siguiendo la ruta trazada por remitos y facturas de venta del fentanilo HBL para constituirlos como depósitos judiciales en cada institución.

"La investigación estableció que las ampollas del lote 31202 fueron adquiridas por 51 establecimientos públicos y privados de salud de cinco jurisdicciones diferentes del país: las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Formosa y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", indica el comunicado. El lote 31202 estaba integrado por 154.530 ampollas.

Indica, además, que "los procedimientos ordenados por la justicia permitieron recuperar 64.003 y establecer que alrededor de 40.473 ampollas adulteradas habrían sido efectivamente administradas a los pacientes en establecimientos de las jurisdicciones mencionadas. Un número que aún hoy genera enorme preocupación y deja profundos interrogantes sobre la verdadera dimensión del daño sanitario provocado".

En tanto, el lote 31244 estaba conformado por 151.430 ampollas, de las cuales se recuperaron 121.233, logrando establecer finalmente que no hubo administración intrahospitalaria de ese lote. "Todos los elementos reunidos durante la investigación permitieron avanzar en el procesamiento de los responsables involucrados en la fabricación, distribución y comercialización de los lotes adulterados 31202 y 31244 del fentanilo HBL, producidos en diciembre de 2024 y comercializados a comienzos de enero de 2025", señala el texto.

Por otra parte, tras el incumplimiento del recall por parte del laboratorio, "el juzgado tuvo que suplir esa función, librando oficios a los efectores de salud de todo el país que habían recibido el fentanilo HBL enfrentando nuevamente los obstáculos derivados de la falta de trazabilidad y de información incompleta por parte de los hospitales". "El juzgado llevó adelante la ardua misión de recuperar casi un millón de ampollas distribuidas en todo el país", agrega.

"Si bien la denuncia original se concentraba en el lote 31202, la investigación terminó analizando la totalidad de la campaña de producción de los seis lotes elaborados por Laboratorios Ramallo SA durante el mes de diciembre del 2024", explicaron los familias de víctimas.

Destacaron que "desde el comienzo de la investigación, el juez de la causa, Dr. Ernesto Kreplak, atravesó fuertes cuestionamientos públicos, pedidos de recusación y críticas vinculadas incluso a presuntos conflictos de interés por razones políticas y familiares". Sin embargo, el propio desarrollo del expediente terminó demostrando que la Justicia debió intervenir en un "escenario absolutamente excepcional", enfrentando obstáculos técnicos, institucionales y operativos de enorme complejidad mientras el daño continuaba expandiéndose.

"Durante meses se señalaba públicamente al juzgado por una supuesta lentitud en el avance de la causa, la ausencia de detenciones inmediatas y la falta de resultados visibles frente a una crisis sanitaria de enorme impacto público", precisaron.

En este marco, señalaron que "no era que el Juzgado Federal N°3 de La Plata no estuviera actuando, sino que atravesaba un verdadero laberinto operativo e institucional para delimitar la magnitud de una crisis sanitaria en un sistema fragmentado, debilitado y sin herramientas eficaces para anticipar, contener y responder".  

"La tragedia del fentanilo adulterado no expuso únicamente la contaminación de un medicamento con bacterias letales. También dejó al descubierto las profundas debilidades de un sistema sanitario fragmentado, sin trazabilidad efectiva, con controles insuficientes y enormes dificultades para reaccionar coordinadamente frente a una emergencia epidemiológica de alcance nacional", remarca el comunicado.

Advierte, asimismo, que "a un año del inicio del expediente, la investigación continúa avanzando y promete respuestas judiciales frente a una de las crisis sanitarias más graves de los últimos tiempos", pero también "deja abierta una discusión urgente sobre el futuro del sistema sanitario argentino, sus mecanismos de control y la verdadera voluntad política para evitar que una tragedia de estas características vuelva a repetirse".

El Municipio de Lanús recordó a la comunidad que tienen a disposición la App Lanús Segura para acceder, de forma más ágil y sencilla, a nuestros servicios de emergencias desde tu celular.

En cuanto al funcionamiento del dispositivo digital, las personas podrán accionar las alarmas comunitarias en caso de emergencia y, en forma simultánea, tendrán la posibilidad de enviar un alerta crítica al Centro Unificado de Monitoreo desde sus teléfonos celulares durante las 24 horas del día.

La App -que ya está disponible en IOS y Android- cuenta con la opción “chatear con la Muni” desde la cual, se obtiene asistencia virtual. Además, se puede activar el Botón Antipánico en caso de ser usuario/a.

✅ Podés activar las más de 360 alarmas vecinales distribuidas por todo el distrito. 
✅ Enviar una alerta a nuestros servicios de emergencias en salud y seguridad.
✅ Contactarte con Bomberos. 
✅ También podés acceder al Botón Antipánico, en caso de ser usuario. 

Descargala desde tu App Store e ingresá con tu usuario, o registrate en tramitesweb.lanus.gob.ar/registrate

Tras la masiva Marcha Federal Universitaria en defensa de la educación pública y en reclamo por la no aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, Clara Chevalier, secretaria general de CONADU, hizo un repaso de la histórica jornada y habló sobre la realidad de las universidades públicas, en diálogo con Política del Sur.

“Hoy nos levantamos con esperanza, después de este abrazo colectivo que fue la Plaza de Mayo y todas las plazas y marchas que se dieron a lo largo y ancho de nuestro país, que realmente fueron impresionantes. Fue una cosa muy conmovedora la jornada de ayer”, afirmó Chevalier. 

En ese sentido, hizo un balance positivo de la jornada en cuanto al sentido “transversal” de la marcha con el foco en que la universidad “sigue siendo un punto en común”. “Un punto de acuerdo en el que podemos acordar para avanzar hacia un proyecto de país que no tenga la crueldad en el centro”, manifestó.

 

 

 

 

Ver esta publicación en Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una publicación compartida por CONADU (@prensaconadu)

“Se acercaron sectores de la discapacidad, jubilados, trabajadores y trabajadoras de todas las actividades que están siendo igualmente perjudicados”, describió la dirigente. “La marcha habló de una comunión, de una lectura común y de un límite que necesitamos poner a este gobierno que insiste en una Argentina de descarte, que descarta a las inmensas mayorías que estamos viviendo vidas invivibles”, sostuvo Chevalier.

En línea con esto, Chevalier planteó que el punto central de esta movilización no solamente tuvo que ver con la universidad pública, sino particularmente con lo salarial. Y esto, dejó claro que lo que está en juego es el sistema universitario de todo el país. “Está en jaque porque se está atacando de una manera inédita a los salarios. Tenemos un desgranamiento muy grande de nuestro colectivo”. Esta Marcha Federal Universitaria expuso “la forma que tiene el ataque que este Gobierno hace a la universidad y su idea de país en la que no hay trabajadores y trabajadoras”, remarcó.

“Si las universidades públicas hoy siguen siendo una realidad efectiva que sigue transformando vidas, es por el enorme compromiso que le estamos poniendo los trabajadores. Pero ese compromiso no es infinito, nosotros tenemos que poder vivir y así no se va a sostener”, señaló Chevalier.

Del mismo modo, la dirigente valoró la fuerte presencia de los jóvenes en la marcha. Sostuvo que en este contexto, elegir hacer una carrera es una decisión de mediano a largo plazo. Consideró que es “una apuesta muy difícil”, por eso se mostró conmovida de que en las universidades públicas las matrículas se mantienen o incluso crecieron. “Qué cosa que nuestro pueblo no cambia de idea respecto a la educación. Hay ahí un vínculo histórico tan estructural y eso es lo que este Gobierno está tratando de romper. Nosotros no lo vamos a permitir”, reflexionó.

 

 

 

 

Ver esta publicación en Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una publicación compartida por Radio Gráfica (@radiografica893)

Siguiendo con lo anterior, Chevalier consideró que el Gobierno “está en un brete” porque se desarrolló una manifestación “muy concreta en todo el país”. La gente se acercó de forma contundente, aseguró. “Esto se parece bastante a una marcha que le está diciendo que no al gobierno de Javier Milei. Que habla de un agotamiento de la sociedad respecto de este Gobierno que con su plan económico nos está empeorando la vida a todos”, destacó.

Sobre la actitud del Gobierno ante el reclamo de la comunidad universitaria, Chevalier comentó que ya “no sorprende”. “Entendemos perfectamente el humo que quieren tirar. Los datos son fáciles de discutir, pero a veces evaluamos si vale la pena discutirlo, porque lo cierto es que lo que importa es otra cosa, y es que nos están desfinanciando”, recordó.

Por último, aseguró que las acciones previas a la movilización por parte del Gobierno fueron “manotazos de ahogado para tratar de contener la marcha”. Algo que por supuesto, no se logró. “Ahí está el pueblo diciendo de nuevo que quiere un país con universidad pública y con ciencia”, cerró.

Continúa la incertidumbre en la Cámara Baja bonaerense respecto a la conformación final de las comisiones debido a que la repartija en el Senado no dejó para nada conforme al camporismo.

La Cámpora pretende seguir con el manejo de la estratégica comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos y según el decreto emitido por la presidenta de la Cámara Alta, la vicegobernadora Verónica Magario, ese ente quedaría a priori para la renovadora Malena Galmarini mientras que Emmanuel González Santalla iría a Presupuesto e Impuestos.

Desde el cristinismo insisten en que esa discusión aún no fue zanjada y que todavía no hay nada definido.

Hay algunas versiones de hecho que indican que emerge la posibilidad de que finalmente se rediseñe otro decreto que corrija algunas cuestiones del original como por ejemplo la titularidad de ACA y Presupuesto e impuestos.

La Cámpora no quiere perder esa neurálgica silla debido a se constituirá en el epicentro de la discusión de las cuatro vacancias para completar la integración de la Corte Suprema de Justicia bonaerense.

También desfilará por ACA para su debate el proyecto de autonomía y autarquía financiera que propugna el Máximo Tribunal.

En Diputados en tanto, si bien habría un principio de acuerdo en que los tres sectores del oficialismo  se repartan las principales comisiones todo está supeditado a que la discusión en el Senado quede definitivamente suturada.

De hecho, hay otra puesto importante que todavía no fue cubierto en la Cámara Alta bonaerense que tiene que ver con  la comisión de Reforma Política.

El kicillofismo, que se quedó finalmente con la conducción de Legislación General con Germán Lago, estaría dispuesto a ceder Reforma Política al cristinismo.

Si finalmente se resuelve volver sobre los pasos y que  el avellanedense González Santalla siga en ACA, Malena Galmarin recalaría entonces en Presupuesto e impuestos siguiendo la lógica de repartija que viene de Diputados: los tres principales espacios para cada sector del oficialismo.

En la Cámara Baja se espera que la próxima semana alumbre defitivamente el decreto de conformación de las comisiones.

Presupuesto e Impuestos seguirá para el cristinista Juan Pablo De Jesús, mientras que Legislación General continuará en manos del massista Rubén Eslaiman.

En lo que tiene que ver con Asuntos Constitucionales y Justicia,  el ente quedaría para el kicillofismo con la platense alakista Lucía Iañez que suplantará a la ensenadense Susana González que se sentó allí hasta diciembre pasado.

En Diputados, el cristinismo pulsea con el kicillofismo por la comisión de Reforma Política, lugar en el que se discutirá la continuidad de las PASO y la posible implementación de la boleta única de papel (BUP) en el sistema electoral bonaerense.

La chance de avanzar con un expediente que contemple la reelección indefinida que auspician la mayoría de los alcaldes que reporta en el kicillofismo, ha perdido impuso por el rechazo persistente del massimo y la imposibilidad de conseguir apoyos por fuera de la órbita oficialista.

Aunque no se descarta la opción de que en última instancia los intendentes  recurran a la justicia arguyendo que la Constitución provincial solo prohíbe la reelección luego de dos mandatos consecutivos a la figura del gobernador y vicegobernador.

La comisión de Reforma política en Diputados, por lo que pudo averiguar PDS, quedaría también para el cristinismo que además pugna por poner a uno de los suyo al frente de la flamante comisión de Ludopatía.

Este último órgano legislativo tiene la misión concreta  de ordenar y buscar los puntos de acuerdo entre las distintas iniciativas tendientes a controlar el juego de apuestas en jóvenes y adolescentes.

El titular de la Cámara Baja, el montehermosense Alejandro Dichiara, tendría la intención de darle un corte definitivo a las especulaciones y publicar el decreto de confirmación de los integrantes de las comisiones a comienzos de la semana entrante.

Si esta situación finalmente se materializa, es probable que Diputados celebre una sesión el jueves 28 de mayo.

El intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, y Mariano Cascallares presentaron una nueva flota de maquinarias, camiones y ambulancias adquiridas a través de Provincia Leasing destinadas al fortalecimiento de la capacidad operativa y la optimización de los servicios que el Municipio brinda a la comunidad.

La presentación del equipamiento tuvo lugar en la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia y contó además con la presencia del presidente del Honorable Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, y la jefa de Gabinete local, Paula Eichel.

Con la incorporación de los nuevos equipos no solo se mejorará las condiciones de trabajo del personal del Municipio sino la calidad de vida de los vecinos de nuestro distrito a partir de un servicio urbano óptimo.

En forma paralela, el gobernador Axel Kicillof y el titular del Banco Provincia, Juan Cuattromo, hicieron entrega de dos nuevas ambulancias al Municipio browniano, las cuales también fueron adquiridas a través de Provincia Leasing.

“El Municipio continúa invirtiendo junto a la Provincia no solo en infraestructura sino en equipamiento lo que refleja el compromiso con la planificación, la gestión eficiente de los recursos y la firme decisión de seguir trabajando para brindar más y mejores prestaciones a nuestra comunidad”, indicó al respecto Mariano Cascallares, quien  destacó el trabajo articulado con Provincia Leasing.

La flota de maquinarias incluye  una chipeadora Deisa 1000ml, una chipeadora Deisa 1200m, un camión desobstructor Iveco, dos mini cargadoras Bob Cat S530, una selladora Patricio Fracchia K, un rodillo compactador marca Sany SSR, y tres elevadores hidráulicos Hidrogrubet BL10 / chasis Toyota Hilux DX 2,4.

Dichos equipos están destinados al mantenimiento de calles, alumbrado público y poda, además del destape de desagües pluviales y para la compactación de suelos en consolidados de tierra.

Participaron también de la actividad el secretario de Desarrollo Económico y Hacienda, Pablo Pernicone; el secretario de Gestión Descentralizada, Atilio Gari; la secretaria de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos, Gabriela Fernández, y el secretario de Prevención y Seguridad Ciudadana, Martín Borsetti.

Por varios días, las clínicas de la región patagónica sólo atendieron urgencias a afiliados del PAMI. Ante los problemas para cobrar las prestaciones, los establecimientos decidieron la madia, que no es aislada, todo lo contrario.

Desde que comenzó el año, la obra social nacional sufre un brutal recorte, que afecta a todos los sectores. “El circuito de pago está roto”, repiten farmacéuticos, distintos profesionales y dueños de establecimientos, que está en una situación de “extrema vulnerabilidad” por la asfixia  financiera.

Según un reciente análisis de los datos de la entidad nacional, la deuda se sigue agrandando, y hoy alcanza los 500 mil millones de pesos. Esto se profundizó porque los gastos vinculados a las prestaciones cayeron más del 40 por ciento, lo que profundiza la situación de crisis. Esto deja a jubilados y pensionados en una situación muy alarmante, casi de abandono, como denunciaron distintos organismos.

El caso más dramático está vinculado a los medicamentos, donde la reducción de las recetas dispensadas por PAMI se redujo un 25 por ciento, vinculadas a razones económicas. La caída del valor de las jubilaciones y la recaudación impositiva aporta a esta situación: En diciembre de 2024 el gobierno libertario eliminó el Impuesto PAIS, que aportaba el 28 por ciento de su recaudación al PAMI.

El agujero que dejó esa decisión se cubrió parcialmente en 2025 con transferencias del Tesoro.

En 2026 esa compensación desapareció. En el primer trimestre del año el Tesoro transfirió al PAMI 0,2 billones de pesos, frente a 0,5 billones en el mismo período de 2025. “En marzo no transfirió nada”, denunciaron.

El reciente informe realizado por el Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA Autónomo puso de manifiesto el problema de financiamiento que existen en el PAMI, que desde el comienzo de año está sufriendo el ajuste de sus recursos.

“La deuda acumulada con médicos, clínicas, sanatorios y farmacias llegó a 500 mil millones de pesos”, aseguro el trabajo, al que tuvo acceso Política del Sur. Esa red es “el sistema de salud real de seis millones de jubilados: los lugares donde gestionan sus turnos, retiran sus medicamentos, se internan, se operan”.

Cuando el PAMI dejó de pagar, esa red “empezó a desmoronarse”. Así, la Federación de Clínicas Bonaerenses advirtió el 1° de abril en una carta al titular del PAMI Esteban Leguízamo que era urgente recomponer el circuito de pagos. “Nadie respondió hasta que el conflicto se volvió imposible de ignorar”, resaltó el informe.

Además, se conformó que en el primer trimestre de 2026 “las prestaciones del PAMI cayeron 41,3 por ciento en términos reales respecto al mismo período del año anterior”.

La Oficina de Presupuesto del Congreso lo registró con una precisión que no deja dudas: “fue el rubro del gasto primario con mayor incidencia negativa de toda la Administración Nacional, y su nivel de ejecución —16,9 por ciento del crédito asignado— fue el más bajo de todas las prestaciones sociales.

👨‍🦳 🔥 La situación de PAMI llega al Congreso: la oposición insiste con que se declare la emergenciahttps://t.co/Oxvd5mSqbi

— Noticias Solidarias - 5 Años 🏆 ⚽ 🇦🇷 ⭐ ⭐ ⭐ (@notisolidaria) May 9, 2026

El impacto en las farmacias fue el más crítico, según el IEF. “Los medicamentos oncológicos y para enfermedades crónicas —aquellos que no admiten interrupciones— fueron los primeros en escasear”, denunciaron.

Además, recordaron que las farmacias de barrio dependen del flujo de pagos del PAMI para sostener su crédito con las droguerías: cuando ese flujo se corta, el crédito se corta.

“Una de cada cuatro recetas dejó de dispensarse por razones económicas”, resaltó el trabajo. “La cadena de pagos está rota”, le dijo a Política del Sur un dirigente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, que aseguró que ya en noviembre del año pasado comenzaron a darse los primeros retrasos.

Desde la entidad recordaron que el problema fundamental es que el pago de las recetas “se hace a casi 90 días, mientras que las farmacias pagan sus medicamentos cada semana”.

Este desfasaje se profundizó este año, generando enormes problemas para sostener la atención. A esto se le suma, agregaron las fuentes consultadas, la baja en la dispensa de tratamientos. “Los jubilados eligen los medicamentos que comprar, porque directamente no les alcanza la plata.

Encima se limitaron los productos con cobertura del 100 por ciento. Todo hace que la situación empeore cada día”, agregaron los farmacéuticos bonaerenses.

El dato más importante en materia de tratamientos es la baja de la dispensa de tratamientos, algo que confirmó en una reciente presentación en el Congreso del ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak: “Hoy uno de cada cuatro medicamentos que necesitan nuestros adultos mayores no está siendo cubierto, y eso aumenta la mortalidad”.

En este sentido, el informe del IEF  alertó que los datos oficiales “confirman que esta crisis está teniendo impacto en la mortalidad”. En 2024, dijo la entidad de la CTA Autónoma, “murieron 21.276 personas mayores de 65 años más que en 2023, según el Anuario de Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud”.

En Córdoba, el exceso de mortalidad en adultos mayores fue del 11 por ciento, superior al 10,6 por ciento registrado durante la pandemia de Covid-19. En esa provincia, el PAMI acumula una deuda de 9 mil millones de pesos con municipios en medicamentos de alto costo, sin pagar desde octubre.

El demógrafo Enrique Peláez, de la Universidad Nacional de Córdoba, descartó que “el envejecimiento poblacional alcance a explicar ese incremento”. En agosto de 2024 el PAMI había modificado el vademécum y pasado gran parte de los medicamentos con cobertura total a una cobertura del 40 al 70 por ciento, afectando a unos tres millones de afiliados.

La Justicia ordenó revertir esa medida recién en octubre de 2025, más de un año después.

"El PAMI tiene una carga muy grande"

Mario Lugones admitió que en el sector "hay crisis, pero se está pagando" y señaló: "PAMI tiene un millón de personas de más de 80 años, casi 6.000 de más de 100 y ya hay abuelos, hijos y nietos". pic.twitter.com/Thw5h3VrGY

— Corta (@somoscorta) April 15, 2026

El impacto de este ajuste no sólo alerta a los prestadores. Con los datos que se manejan, se puede ver como los afiliados que no consiguen atención en el circuito del PAMI migran hacia los hospitales públicos provinciales, que absorben esa demanda sin que la Nación transfiera “un peso adicional”. Según el IEF, el aumento ronda el 30 por ciento en promedio.

En Neuquén, usado por la entidad como ejemplo, dos de cada tres beneficiarios del PAMI se atienden en el sector público. En Santa Fe, representan el 25 por ciento de todos los pacientes con cobertura en hospitales provinciales. En Tucumán, los hospitales absorben más de cien internaciones PAMI por día.

“Las provincias están pagando ese costo solas”, remarcaron en el informe. Esto responde a una estrategia de provincializar la salud. El propio Ministro de Salud Mario Lugones lo transparentó en una reunión en la cámara de empresas de Estados Unidos AmCham: “La salud es de orden jurisdiccional. Las provincias son responsables realmente de la salud”, recalcó el funcionario, dejando en claro cuál es la intención.

“La idea circula también en los equipos de Federico Sturzenegger como parte de una reforma estructural más amplia. Lo que hoy ocurre con el PAMI, desde esa perspectiva, “no es una crisis que resolver sino una transición que administrar”.

Por eso, la entidad concluyó que “el gobierno de Milei está dejando colapsar el PAMI para transferirlo a las provincias sin los recursos. Una reforma sin financiamiento es un vaciamiento”.

La multitudinaria Marcha Federal Universitaria volvió a reunir este martes a cientos de miles de estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, investigadores y dirigentes políticos en distintos puntos del país, con epicentro en Plaza de Mayo, en rechazo al ajuste del gobierno nacional sobre las universidades públicas.

En ese marco, distintos dirigentes del sur del conurbano bonaerense acompañaron la movilización y utilizaron sus redes sociales para expresar su respaldo al reclamo universitario y cuestionar el desfinanciamiento del sistema educativo superior.

Uno de los primeros en manifestarse fue el diputado provincial Mariano Cascallares, quien destacó la defensa de la educación pública y la participación de la comunidad universitaria de la región.

¡MARCHAMOS EN DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA!

Esta tarde movilizamos en las calles hasta la Plaza de Mayo en defensa de la Universidad Pública, gratuita, de calidad e inclusiva.

Marchamos en defensa de nuestra @unaboficial y de todas las Casas de Altos Estudios de la… pic.twitter.com/uAUsWsQdHk

— Mariano Cascallares (@CascallaresPJ) May 12, 2026

“¡Marchamos en defensa de la universidad pública! Esta tarde movilizamos en las calles hasta Plaza de Mayo en defensa de la universidad pública, gratuita, de calidad e inclusiva”, expresó.

Además, el dirigente remarcó: “Marchamos en defensa de nuestra UNAB y de todas las casas de altos estudios de la Argentina. La educación no se vende, se defiende”.

Por su parte, Daniela Vilar, ministra de Ambiente bonaerense, presidenta del Partido Justicialista de Lomas de Zamora y esposa del intendente Federico Otermín, apuntó directamente contra el Gobierno nacional por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El gobierno se niega a cumplir una ley que recompone 2 años de desfinanciamiento a nuestra educación universitaria, nuestra apuesta al futuro.

Un futuro que supimos defender, con la gratuidad de Perón y con la decisión histórica de Néstor y Cristina, que llegaron a invertir el… pic.twitter.com/gEwIn0DxWk

— Daniela Vilar (@danyvilar) May 12, 2026

“El gobierno se niega a cumplir una ley que recompone dos años de desfinanciamiento a nuestra educación universitaria, nuestra apuesta al futuro”, sostuvo.

La funcionaria también reivindicó las políticas universitarias impulsadas durante los gobiernos peronistas y señaló: “Un futuro que supimos defender, con la gratuidad de Perón y con la decisión histórica de Néstor y Cristina, que llegaron a invertir el 6% del PBI y abrieron 17 universidades en todo el país”.

“Un futuro que ahora se quieren cargar de manera absolutamente inconstitucional. Pero acá estamos y somos millones en todo el país”, agregó.

En la misma línea se expresó el gobernador Axel Kicillof, quien vinculó la defensa de las universidades públicas con el desarrollo productivo y científico del país.

La universidad pública argentina no es un privilegio, es una conquista de nuestro pueblo y una herramienta de igualdad que nos hace un país más justo. pic.twitter.com/CnJs4xfGNo

— Axel Kicillof (@Kicillofok) May 12, 2026

“Defender la universidad pública, gratuita y de calidad es defender la industria, el trabajo, la ciencia y el futuro de la Argentina”, publicó.

El mandatario bonaerense cuestionó el ajuste impulsado por la administración nacional y afirmó: “Mientras Milei profundiza el ajuste recortando el presupuesto, asfixia a los docentes destruyendo sus salarios y desfinancia la investigación y las becas; miles de argentinos nos convocamos en una nueva Marcha Federal Universitaria”.

Además, destacó el impacto de las universidades públicas en la provincia de Buenos Aires: “La universidad pública argentina no es un privilegio, es una conquista de nuestro pueblo y una herramienta de igualdad que nos hace un país más justo”.

El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, también participó de la movilización junto al Movimiento Derecho al Futuro y dirigentes cercanos al gobernador.

Avellaneda presente en la Marcha Federal Universitaria 📚

Con @kicillofok, muchos dirigentes y una multitud de compañeros y compañeras de nuestra ciudad, nos movilizamos junto con el @MOVIMIENTODAF.

Fuimos cientos de miles en las calles, exigiendo que el gobierno nacional… pic.twitter.com/MFY4BBry26

— Jorge Ferraresi (@jorgeferraresi) May 12, 2026

“Fuimos cientos de miles en las calles, exigiendo que el gobierno nacional cumpla con la ley y deje de desfinanciar a las universidades de todo el país”, sostuvo.

Ferraresi remarcó además la importancia estratégica del sistema universitario y científico argentino: “La Argentina que soñamos no puede construirse sin desarrollo académico, científico y tecnológico”.

Por último, el intendente de Echeverría Fernando Gray manifestó su apoyo a estudiantes, docentes y trabajadores universitarios y cuestionó la decisión del Gobierno nacional de no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso.

Quiero manifestar mi total apoyo a las y los estudiantes de las universidades públicas nacionales, como así también al personal docente y no docente, en el marco de la marcha federal que tendrá lugar hoy en distintas ciudades del país, con epicentro en Plaza de Mayo. Defender la…

— Fernando Gray (@fernandogray) May 12, 2026

“Defender la educación pública de calidad es defender no sólo el presente sino, sobre todo, es defender el futuro de nuestras hijas y nuestros hijos”, expresó.

Asimismo, agregó: “Que el gobierno nacional siga empecinado en no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario ya sancionada y ratificada por el Congreso solo da cuenta, una vez más, de que su principal objetivo es acabar por completo con la universidad pública”.

La polémica está instalada. Desde que el titular de la FESIMUBO, Hernán Doval, salió a proponer la municipalización de la recolección de residuos, el gremio de camioneros empezó a enfrentar la idea.

Desde el sindicado, su titular Pablo Moyano, comparó a Doval con los libertarios y dijo que el dirigente municipal pretendía bajarle el salario a los trabajadores de esa actividad advirtiendo que los sueldos municipales estaban cerca de la línea de pobreza.

Política del Sur dialogó al respecto con el titular de la CGT regional y este se sumó a la advertencia de Moyano en cuanto a resistir esta idea de Doval a quien calificó como “empleado de los intendentes”.

En este sentido, Sergio Jerez consideró que “es una barrabasada". "¿Cómo vamos a pedir -mucho menos un dirigente gremial- la baja, porque es la baja del salario de un trabajador?”, preguntó.

El secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, le respondio a Hernán Doval luego de que el titular de la Federación de Municipales reclamara públicamente la municipalización de los servicios de recolección y barrido en la provincia de Buenos Aires. Moyano acusó… pic.twitter.com/4jocAUqLu6

— Infocamioneros (@cgt_camioneros) May 9, 2026

Al mismo tiempo, planteó: “Yo como dirigente gremial jamás estaría pensando que un trabajador gane menos. Nuestra esencia es el mejoramiento para nuestros representados. Espero que sea una broma o algo que no se dio cuenta y lo dijo pero no le doy seriedad a eso, con el respeto que se merece”.

En otro orden se refirió a la reforma laboral que pretende Javier Milei y  al revés judicial que sufrió la CGT luego de que se ratificara la ley aprobada en febrero. El dirigente aseguró que el equipo de abogados de la central obrera se encuentra analizando los fallos y las mejores medidas a tomar a nivel judicial para evitar que esta reforma continúe vigente.

🔘#Municipales #BuenosAires #FESIMUBO #CTM | Doval propone remunicipalizar la recolección de residuos sólidos para enfrentar el desfinanciamiento en la provincia

https://t.co/QnF4ooAZYz

— Mundo Gremial (@MundoGremial) May 8, 2026

Al respecto explicó que “lo que plantean la mayoría de los artículos que tiene esta llamada reforma laboral, es perjudicial para el trabajador” y añadió: “Estamos trabajando cada uno y en cada sindicato, cada lugar de trabajo estudiando para ver qué podemos hacer. Tenemos demostrado que todo lo que están haciendo es en contra de los trabajadores, no hay nada que favorezca a ningún laburante”, sostuvo Jerez, y remarcó que “quieren sacar beneficios que tanto costaron”. 

Lanús se despidió de manera temprana del Torneo Apertura 2026 con una dura derrota ante Argentinos Juniors en La Paternal, en el partido correspondiente a los Octavos de Final de los Playoffs. Fue un 2-0 en donde se vio la versión más irregular del Granate en lo que respecta al rendimiento que venía mostrando en la Liga Profesional.

“Fue un partido parejo que se definió por un detalle. Una pelota parada es lo que abre el juego y hace que Argentinos juegue con su ventaja, manejando los tiempos y esperando nuestro error. Pagamos caro ese detalle: la pelota parada. Ellos tuvieron la efectividad que no tuvimos nosotros”, expresó el entrenador de Lanús, Mauricio Pellegrino, en conferencia de prensa post partido.

El Grana deberá enfocarse en la Copa Libertadores 2026, en donde todavía tiene chances matemáticas de poder asegurar un lugar en la siguiente instancia. No será fácil para un Lanús que no solamente deberá levantarse tras esta eliminación, sino que también tendrá que hacer un lavado de cara después de lo que fue la categórica goleada en contra ante Always Ready por 4-0 en Bolivia.

A Lanús le quedan pendientes dos encuentros del Grupo G de la Libertadores: Miércoles 20 de mayo a las 21.30 ante Liga de Quito en Ecuador y martes 26 de mayo a las 19 contra Mirassol en La Fortaleza.

La cuarta Marcha Federal Universitaria volvió a mostrar este martes una fuerte capacidad de movilización en defensa de la educación pública. Miles de estudiantes, docentes, no docentes, investigadores, autoridades académicas y organizaciones sindicales se concentraron en distintos puntos del país, con epicentro en Plaza de Mayo, para reclamar mayor presupuesto para las universidades nacionales, recomposición salarial y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La convocatoria fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, en medio de un conflicto que lleva meses y que se profundizó por el deterioro salarial y el recorte de fondos para funcionamiento, ciencia e investigación.

Desde las primeras horas de la tarde, columnas de distintas facultades y universidades comenzaron a avanzar hacia el centro porteño. Hubo concentraciones en Plaza Houssay, Avenida de Mayo, Congreso y distintos accesos a Plaza de Mayo, mientras que la protesta también se replicó en capitales provinciales y ciudades universitarias de todo el país.

La magnitud de la movilización volvió a quedar reflejada en las principales avenidas colmadas de manifestantes, con banderas universitarias, centros de estudiantes, agrupaciones políticas, sindicatos y organizaciones sociales.

Imágenes aéreas de la masiva Marcha Federal Universitaria en la Plaza de Mayo

Cientos de miles de personas coparon las calles de la ciudad en defensa de la universidad pública y para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

📹Viory pic.twitter.com/eYdmqSwTZc

— El Destape (@eldestapeweb) May 12, 2026

Entre las columnas más numerosas estuvieron las de las universidades del sur del conurbano bonaerense. La Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), junto a otras casas de estudios de la región, movilizaron de manera masiva hacia Plaza de Mayo. La protesta contó además con el acompañamiento de centrales obreras y gremios docentes y no docentes, entre ellos CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, CTERA, FATUN y sectores vinculados a la CGT y las dos CTA. También tuvo una fuerte presencia la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (ADIULZA), que participó de la jornada junto a gremios docentes y no docentes universitarios.

El reclamo central estuvo enfocado en el financiamiento de las universidades públicas y en la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes. Rectores y dirigentes universitarios denunciaron que el ajuste aplicado por el Gobierno nacional provocó una fuerte caída real de las partidas destinadas al sistema universitario y advirtieron sobre las dificultades para sostener el funcionamiento académico.

En los días previos a la movilización, desde el CIN habían alertado que las transferencias nacionales al sistema universitario registraron una caída significativa en términos reales desde el inicio de la gestión libertaria. También remarcaron que la situación afecta becas, investigación, infraestructura y hospitales universitarios.

Durante la jornada, mientras la movilización se desarrollaba en distintos puntos del país, el Presidente Javier Milei volvió a cuestionar la protesta a través de sus redes sociales. El mandatario compartió publicaciones de dirigentes y usuarios afines al oficialismo que calificaban la marcha como una manifestación “politizada” y volvió a defender el ajuste impulsado por su gobierno.

Las expresiones del jefe de Estado generaron nuevas críticas entre dirigentes universitarios y referentes sindicales, que acusaron al Gobierno de deslegitimar un reclamo que definieron como transversal y sostenido por toda la comunidad educativa.

La movilización de este martes se convirtió así en una nueva demostración de fuerza del movimiento universitario, que ya había protagonizado masivas marchas durante 2024 y 2025. Con clases públicas, actos y concentraciones en distintos puntos del país, la protesta volvió a instalar el conflicto universitario en el centro de la agenda política nacional.

La política económica del Gobierno de Javier Milei implicó una indiscriminada apertura importadora y el freno a la obra pública, lo que impactó gravemente en el tejido industrial argentino. En las últimas semanas, cuatro casos concentraron la atención del movimiento obrero y de los sectores productivos: el cierre de la planta de calzado Dass en Coronel Suárez, el desmantelamiento de Cabot Argentina en Campana, la salida del país de la alemana Helm y el apagón de un horno de Loma Negra en Olavarría. Aunque pertenecen a ramas distintas, los cuatro episodios comparten como denominador común la destrucción del mercado interno, el aumento de costos y la competencia desleal de productos importados, lo que está destruyendo puestos de trabajo y capacidad instalada que difícilmente se recuperará en lo inmediato.

La firma de calzado y textil Dass cerró su planta de Coronel Suárez, despidió a todo su personal y trasladó la producción a Paraguay, donde ahora fabrica los mismos artículos para las mismas marcas —Fila, Asics y Champion, entre otras— con una inversión de 40 millones de dólares y 600 empleados. Durante décadas, Dass fue el principal empleador de la ciudad bonaerense y había sobrevivido a todas las crisis anteriores. Esta vez, sin embargo, la combinación de apertura irrestricta de importaciones y caída del consumo interno resultó letal. A diferencia de procesos anteriores de desindustrialización, la empresa no volverá: las máquinas ya no están en el país y se perdieron cerca de 400 puestos de trabajo.

El desastre económico de @JMilei y @LuisCaputoAR provoco el cierre de Cabot Argentina en Campana después de 60 años dejando 150 trabajadores en la calle:

"Yo 23 años en la industria y no se que mas hacer
Vamos a quedar peor que en el 2001
La motosierra fue para nosotros" pic.twitter.com/JbslIwFUQy

— Pablo Rizzi (@Budijoly) May 11, 2026

En tanto, Cabot Argentina anunció el cierre definitivo de su planta en Campana e inició las tareas de desmantelamiento de una instalación inaugurada en 1962, la primera que la multinacional estadounidense abrió en América Latina. La planta producía negro de humo, insumo esencial para la fabricación de neumáticos, y llegó a elaborar cerca de 85 mil toneladas anuales. El cierre afecta directamente a 90 empleados de planta y a otros 60 trabajadores indirectos. El derrumbe de la industria nacional del neumático —con el cierre de FATE en febrero y el reacomodamiento productivo de Bridgestone y Pirelli— redujo abruptamente la demanda del insumo, mientras que el aumento de costos energéticos terminó de precipitar una decisión que la empresa ya analizaba desde hacía meses.

Al respecto, el Sindicato Obrero del Caucho, Anexos y Afines expresó su preocupación por el cierre y desmantelamiento de la planta de Cabot en la ciudad bonaerense de Campana, única productora nacional de “negro de humo”, un insumo clave para la industria del caucho y del neumático. La medida impacta sobre unos 150 trabajadores, entre empleos directos e indirectos. A través de un comunicado, la organización sindical advirtió sobre las consecuencias de la apertura de importaciones y del actual escenario económico para la producción nacional. Desde el gremio señalaron que la situación pone en riesgo miles de puestos de trabajo y afecta tanto a trabajadores como a pequeñas y medianas empresas vinculadas al sector.

“Para el sector del caucho y del neumático, el impacto es devastador. Entregar la provisión de esta materia prima clave es rifar nuestra soberanía productiva”, sostuvo la conducción nacional del sindicato. Además, remarcaron que el cierre de la planta genera preocupación en toda la cadena industrial, y señalaron que distintas cámaras empresariales ya vienen alertando sobre la crisis que atraviesa la actividad manufacturera.

En ese marco, el gremio ratificó su postura en defensa de la industria nacional y de las fuentes laborales. “No vamos a ser testigos silenciosos de la desindustrialización de la Patria, ni de que el desarrollo que forjamos con lucha obrera y trabajo sea arrasado”, afirmaron en el documento difundido públicamente. Por último, la Comisión Directiva Nacional manifestó su solidaridad con los trabajadores afectados y reiteró su reclamo por políticas que protejan el empleo y el desarrollo industrial argentino. “Sin industria nacional no hay Nación. Sin trabajo no hay dignidad”, concluyeron.

Tras 23 años de presencia ininterrumpida en el país, la multinacional alemana Helm, especializada en productos agroquímicos para la protección de cultivos, confirmó el cese de sus operaciones en la Argentina antes de que finalice este año. La decisión fue tomada a nivel global y obedece a factores como el «riesgo financiero» generado por la demora en la devolución de impuestos —con cerca de 5 millones de dólares retenidos entre el Impuesto PAIS, IVA, ingresos brutos y anticipos de ganancias— y la caída del margen del negocio, que se redujo a la mitad en los últimos años. La empresa empleaba 30 personas en el país, la mitad de las cuales ya fue desafectada. El ingreso creciente de operadores chinos al mercado, favorecido por la flexibilización de las barreras a la importación, agravó aún más el escenario competitivo.

No puedo creer que se vaya Helm. Tierra arrasada el Mileismohttps://t.co/1UIwNl5jNg

— maximiliano Mazzon (@maximazzon) May 12, 2026

En Olavarría, el secretario General de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) seccional local, Alejandro Santillán, advirtió sobre las consecuencias del apagón de uno de los hornos principales de Loma Negra por seis meses. “Si bien todos los años los hornos se paran por una cuestión de mantenimiento, lo que está sucediendo ahora es consecuencia directa del freno de la obra pública” señaló. La empresa acumula más de 750 mil toneladas de cemento fuera de los silos sin poder colocarlas en el mercado. La situación se replica en Cementos Avellaneda, que pasó de trabajar tres líneas las 24 horas a cubrir la demanda con un solo turno diario en una única línea. “Nos queda un camino bastante difícil por delante si esto no se reactiva”, resumió Santillán.

Oscar "Junior" Benítez irá a juicio oral acusado de instigar al suicidio a su pareja, Anabelia Ayala, ocurrido el 1ro de enero del 2024 en un aparente un contexto de violencia de género.

El Juzgado Correccional 2 de Lomas de Zamora habilitó el debate, que se desarrollará en al menos cuatro jornadas. El exjugador de Lanús y Boca Juniors ya carga con una condena previa por violencia y amenazas contra la familia de la víctima.

En esta ocasión, la fiscalía buscará probar que su hostigamiento fue el factor que empujó a la joven a quitarse la vida. El tribunal admitió una amplia carga probatoria: actas de procedimiento, pericias médico-legales, informes toxicológicos y el protocolo de autopsia.

Entre las medidas más relevantes se destaca un peritaje digital con oficio a Meta Platforms Inc. para preservar cuentas de redes sociales, y una autopsia psicológica a cargo del psiquiatra Rafael Herrera Milano para reconstruir el estado mental de Ayala antes de su muerte.

También se analizarán las grabaciones del 911 entre la medianoche del 31 de diciembre de 2023 y el mediodía del 1° de enero, y se aguardan resultados de la Cancillería sobre los movimientos de Benítez en México.

El teléfono bloqueado, en el centro de la disputa

Uno de los puntos más calientes es el acceso a los celulares. El teléfono de Anabelia permanece bloqueado; el de Benítez no pudo ser analizado por falta de software compatible. El juez ordenó a la defensa aportar los datos técnicos necesarios para abrirlo.

El tribunal fijó un plazo de 120 días para completar las diligencias. Antes del inicio del debate público — cuya fecha aún no está confirmada — las partes podrán solicitar un juicio abreviado.

Carlos De Feo, integrante de la Federación Nacional de Docentes Universitarixs (CONADU), señaló -en diálogo con Política del Sur- sobre la importancia de la Marcha Federal Universitaria, así como la situación actual de las universidades y los docentes que siguen perdiendo poder adquisitivo.

De Feo afirmó que el sentimiento generalizado es que “el Gobierno no atiende este tipo de cuestiones”, sumado a la expectativa puesta en la solución judicial, a través de una medida cautelar que obligaba al Gobierno nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Sin embargo, otro juez pidió la suspensión de la aplicación de la ley hasta que se expida al respecto la Corte Suprema de Justicia.

 

 

 

 

Ver esta publicación en Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una publicación compartida por CONADU (@prensaconadu)

En este marco, explicó, que la movilización es multitudinaria y en todo el país. “Más de 2.000.000 de personas se expresan a favor de la aplicación de la ley pero creo que el Gobierno va a seguir en su posición de no hacer lugar”, dijo. En línea con esto, sostuvo que “los que tienen que atender esta situación son los jueces porque evidentemente aquí se está violando un principio republicano, constitucional, que tiene que ver con que el Poder Legislativo hace las leyes y el Ejecutivo las cumple”. 

Sobre la marcha, De Feo planteó que se logró apoyo de “muchos sectores de la población” y “se transformó en una marcha de rechazo a las políticas del Gobierno”, como ocurrió en el 2018 con el gobierno de Mauricio Macri. “Lo que expresa hoy la marcha es exactamente eso, con un gobierno que cada día da mayores muestras de que se va derrumbando, las situaciones de corrupción. Se va degradando día a día y en su degradación arrastra al sistema republicano de la Argentina”, expresó. 

Afirmó que el valor de la Marcha Federal Universitaria es “transformarse en una marcha opositora” porque, consideró, “es un gobierno que tiene su plazo vencido”. “Si esto está en manos del Poder Ejecutivo, no lo va a cumplir, porque es un Gobierno que está encerrado en un castillo sin mirar hacia afuera y viviendo una realidad paralela a la de todos los argentinos”, completó.

Por otro lado, el dirigente señaló que “los salarios directamente están expulsando a los trabajadores de las universidades” y que aquellos que continúan trabajando, cuentan con salarios que “cada vez alcanzan menos”. Según datos oficiales, se habla de una pérdida de más de 10.000 docentes que abandonaron sus puestos de trabajo en estos últimos dos años.

“Más del 80% de los trabajadores docentes y no docentes de las universidades están debajo de la línea de pobreza”, lamentó De Feo y señaló que la pérdida salarial es de más del 40%. Asimismo, comentó que la Justicia también había decidido la continuación de las becas a los estudiantes universitarios. “Las becas que permitieron durante años que muchos estudiantes pudieran sostenerse, llegar a la universidad y sostenerse en ella, hoy son de $35.000”, comentó. 

Siguiendo con lo anterior, afirmó que “hay más de 100.000, 150.000 estudiantes que han perdido la posibilidad de mantenerse en la universidad. Para esos estudiantes la universidad ya fue cerrada, que es el proyecto final de Javier Milei”.

De Feo, recordó que la Ley de Financiamiento Universitario aprobada, busca “llevar al salario y al presupuesto universitario a los valores que tenían en diciembre del 2023”. Esto implica un aumento salarial de más del 40%. “El Gobierno dice que no tiene los fondos para pagarlos, por eso la ley es inconsistente, a pesar de que la ley dice de dónde tienen que salir esos fondos”.

“Cuando tiene que favorecer a los sectores concentrados, hay recursos. Cuando tiene que hacerlo para la población, no se sabe de dónde. Este Gobierno tiene que irse y tenemos que tener uno que piense en la república, en las mayorías populares. No estamos pidiendo más que una política que nos devuelva lo que ya teníamos”, subrayó De Feo.

Finalmente, el dirigente cuestionó que el Gobierno nacional “cerró absolutamente todas las puertas al diálogo”, lo cual, demuestra que se pretende no discutir nada e “ir cerradamente hacia un proyecto político de un país de economía primarizada. ¿Para qué quiere la universidad y uno de los sistemas científico tecnológicos más grandes de América Latina y con reconocimiento mundial, un país que solamente va a producir minerales sin procesar y productos del campo? Le sobra la universidad”. 

Con la presencia, secretario general del SEOCA, Julio Rubén Ledesma, y del titular de la Confederación General de las 62 Organizaciones, José Ibarra, se llevó a cabo la normalización y asunción de autoridades de la seccional Morón, Ituzaingó y Hurlingham. El delegado de comercio, Joaquín Santucho, fue designado como secretario General de la regional.

“Me pongo de pie porque, todos los sindicatos presentes, hemos sido capaces de generar este momento que va a ser, sin ninguna duda, un hecho histórico para la República Argentina y fundamentalmente para el Movimiento Obrero Organizado”, dijo Ledesma al dar la bienvenida a los dirigentes y militantes de más de 30 gremios que colmaron las instalaciones del salón Le Parc en Morón.

En su discurso, destacó “el coraje” de los compañeros dirigentes de la mesa y en especial al secretario de Conductores de Taxis, Ibarra quien expresa y lleva a la acción la reconstrucción del protagonismo peronista  “para levantar la bandera de la justicia social haciendo ejemplo de lo que queremos los trabajadores y los sindicatos”.

Con respecto a la asunción del joven dirigente delegado de comercio de Easy, sostuvo que  “son los trabajadores los que más derechos tienen de representar algo tan simbólico como en las 62 organizaciones peronistas”.  “Esto es una clave para organizarnos y luchar nuevamente por todo lo que tenemos que luchar: nuestros derechos. Hay que darle un escarmiento democrático a todos los traidores con falta de convicción”, afirmó.

El secretario del Interior 62 Organizaciones Nacional, Rubén Grimaldi, leyó el acta de puesta en posición de la comisión organizadora, y posteriormente el dirigente del SEOCA Ernesto Ludueña, leyó la lista de las nuevas autoridades de esta seccional.

Joaquín Santucho, de comercio fue proclamado como su secretario General para fortalecer las luchas sindicales con la identidad doctrinaria del peronismo, y representar a los gremios unidos de Morón, Ituzaingó y Hurlingham, en esta nueva etapa de organización.

“La unidad es la única herramienta que tenemos los trabajadores para afrontar este gobierno. Y la unidad no se proclama, es unidad de concepción y de acción”, dijo Santucho quien destacó “la generosidad, la humildad y la vehemencia” de los dirigentes de más de 30 gremios,  para lograr esta normalización, pero en especial agradeció al conductor de los mercantiles, Ledesma, “por su amplitud y por generar espacios de participación para los militantes”.

“Esta comisión que hoy me toca encabezar es producto de un proceso de charlas, de debates y donde todos los compañeros que hoy están acá asumen la responsabilidad que nos toca. “Estamos absolutamente decididos a volver a tener ese rol protagónico que supo tener el Movimiento Obrero organizado en los ámbitos políticos”, instó el flamante secretario General.

El cierre estuvo a cargo del secretario de las 62 Organizaciones Peronistas Nacional, José Ibarra, quien afirmó que a diferencia de los que “dicen ser peronistas” están en el lugar donde tienen que estar: con los trabajadores.

 “Durante tanto tiempo nos quisieron callar, nos quisieron esconder bajo la alfombra, pero debo decirles que estamos muy sanos y que estamos con mucho valor, con mucha entereza y que estamos de pie marchando", dijo al poner en marcha la nueva conducción de la seccional.

E instó, a “trabajar para recuperar el histórico 33% que nos legó Juan Domingo Perón”. “Ya somos bastante grandecitos como para decidir cuál va a ser nuestro futuro dentro de la política”, arremetió.  

“Vienen y vinieron a sacarnos todos los derechos adquiridos, pero aquí está el movimiento obrero organizado, que aquí se puso en marcha orgánicamente las 62 Organizaciones Peronistas y que tenemos que tener bien claro y no nos tiene que dar vergüenza que somos peronistas, somos argentinos y somos trabajadores”, finalizó.

La nueva seccional quedó conformada por más de 30 gremios de Morón, Ituzaingó y Hurlingham, expresando una base amplia, representativa y profundamente peronista. Hugo Gorno, del gremio de Seguridad, fue designado como secretario Adjunto; Emanuel Miranda de Químicos, como secretario de Organización.

Entre los presentes, se destaca la presencia del ex diputado Nacional Daniel Arroyo; el secretario de Turismo, Recreación y Deporte de la FAECYS, Oscar Nievas; Guillermo Mangone (Gas), Ángel García (UPSRA/Seguridad); el secretario General de las 62 del Tuyu, Jorge Fernández; el Consejero Escolar de Esteban Echeverría, Juan Delia; los integrantes de la Comisión Directiva del SEOCA, entre otros.

La sangre no llegó al rio en el radicalismo bonaerense, pese a las escenas previas de pugilato finalmente los sectores involucrados, tanto el abadismo como Evolución y el fernandismo, alcanzaron un acuerdo aunque el sector del senador marplatense finalmente tendrá sentado a uno de los suyos en la presidencia del Comité Provincia: Emiliano Balbín.

El ex legislador provincial, oriundo de Salliqueló y nieto del ilustre referente radical platense, comandará por los próximos dos años los destinos de un radicalismo que debe focalizarse fundamentalmente en la discusión de una estrategia electoral para el año 2027.

Ese fue el principal motivo por el que el abadismo en conjunción con sus ocasionales socios de Evolución sea autoconvocaron en el marco del Comité de contingencia para que la interna se llevara delante el 7 de junio, adelantando los tiempos previstos por los órganos de emergencia partidaria que habían pactado la cita intestina para el próximo 6 de septiembre.

El posible desdoblamiento electoral en la provincia de Buenos Aires terminó por congregar voluntades, tanto del abadismo como del salvadorismo residual, possismo y Evolución, para avanzar con la anticipación de la interna e ir preparando al partido para el diseño de una posible política de alianzas que también puede traer aparejado roces.

La posibilidad de la conformación de un frente antikirchnerista como propone el santillismo en yunta con el mileísmo tienta a participar a sectores enrolados en el radicalismo más tradicional del interior bonaerense, aunque despierta cierta inquina en los evolucionistas que buscan dotar al partido de un discurso más progresista.

En lo que tiene que ver con lista de unidad para el Comité Provincia, la vicepresidencia quedó para la evolucionista Josefina Mendoza mientras que se procederá a crear una nueva silla, la vicepresidencia primera, para que el fernandismo finalmente detente un representante en el podio de autoridades boina blanca

La flamante vicepresidencia primera recaerá en el ex intendente de Ayacucho Pablo Zubiarre representante del fernandismo y ahora enfrentado con el jefe comunal de aquel distrito del centro este bonaerense, Emilio Cordonier.

El politburó centenario se completa de una secretaría general que quedará para el lunghista Matías Civale y la tesorería será para la possista Adriana Ginnobili.

Un dirigente evolucionista encabezará la Convención provincial, el actual titular de la UCR platense Pablo Nicoletti que estará secundado por la abadista Verónica Spinelli.

El evolucionista Pablo Domenichini, del sector loustocista será el primer convencional nacional, mientras que la lista de delegados al Comité Nacional de la UCR la integran Sebastián Salvador, la fernandista Alejandra Lordén, Miguel Bazze y Josefina Lauría.

En síntesis, el fernandismo se queda con 20 convencionales de un total de 24, al tiempo que le reportan 6 vocales de un total de 20 en la estructura del Comité Provincia.

De esta manera, el radicalismo detenta finalmente una lista de unidad lograda trabajosamente donde el fernandismo exigía como condición sine qua non que su espacio tuviese una adecuada representatividad.

De hecho, ya habían preparado una lista propia por si finalmente no había acuerdo y debían concurrir al comicio del 7 de junio a enfrentar al abadismo y sus socios.

La lista iba a ser encabezada por el manista Pablo Juliano aunque a los alcaldes que se alistan cerca del espacio fernandista no les cerraba del todo el perfil marcadamente opositor adoptado por el diputado nacional respecto a la gestión nacional de Javier Milei.

La chance de una posible alianza provincial con el PRO y eventualmente hasta con los violetas para el 2027 obliga a los centenarios a moderar sus críticas al actual titular del Ejecutivo Nacional.

Por si las dudas, el abadismo también había prohijado una lista para concurrir a una eventual interna aunque no había definido quién la encabezaría, la única certeza que se tenía era que no sería Maxi Abad: durante la jornada del cierre de lista se insistía en los corrillos centenarios con el nombre del ex vicegobernador Daniel Salvador.

Ante este escenario de unidad en el radicalismo bonaerense, la prioridad inmediata pasa por intentar unificar los bloques legislativos en la Cámara Baja provincial con la intención de ganar músculo parlamentario.

Según fuentes centenarias consultadas por PDS, es probable que eso no ocurra al menos en el presente año aunque se descuenta que habrá gestiones para intentarlo: “Los resquemores entre los sectores es grande todavía como para avanzar en una unificación”, explican.

Las expectativas de los docentes y nodocentes de las universidades es que esta cuarta marcha federal, que tendrá lugar este martes 12 de mayo en todo el país, sea multitudinaria. Tal vez la de mayor convocatoria. Es que el malestar por el brutal ajuste que se lleva adelante en la educación superior sigue creciendo, de la mano del incumplimiento de la Ley de Financiamiento que pese al amplio apoyo logrado en el Congreso –que evitó el veto presidencial y logró aval judicial con dos fallos –sigue sin ponerse en plena vigencia.

Por eso los integrantes del Frente Sindical de Universidades Nacionales viene realizaron acciones y paros, con el apoyo de rectores y agrupaciones estudiantiles, que volverán a sumarse en una protesta que esperan sea “un punto de confluencia” de muchas otras luchas, como analizaron dirigentes convocados la semana pasada en el PJ nacional, donde se habló de lograr unificar las peleas activas y “ganar la calle”.

“Hace poco más de dos años que las universidades nacionales atraviesan una situación crítica por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes y nodocentes y el ajuste presupuestario”, alertaron desde el espacio. En tanto, el gobierno parece intransigente en su postura, y lejos de moverse decidió profundizar la motosierra, a través de una resolución oficial suspendió obreras en las casas de estudio.

Este martes se espera otra multitud apoyando al sector universitario en su lucha contra el ajuste libertario. Como sucedió en las otras marchas, habrá manifestaciones en todo el país, mientras que la Ciudad de Buenos Aires será epicentro del acto principal, cuando trabajadores, rectores y estudiantes, con apoyo de todo el arco social y sindical, coparán Plaza de Mayo, que se espera esté rebalsada.

Mientras se espera la definición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá expedirse sobre la validez y el alcance de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (27.795), que haya una movilización de estas características pone presión al máximo tribunal, que suele moverse mirando el pulso de la política y el ánimo de la sociedad.

En este contexto, Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) y la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) ratificaron la convocatoria a la cuarta marcha federal universitaria, y coincidieron en denunciar “el deterioro salarial, la falta de financiamiento y el incumplimiento” de la normativa por parte del gobierno de Javier Milei.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, FATUN informó que los nodocentes “concentrarán a las 15 horas en la intersección de Avenida de Mayo y Piedras, desde donde marcharán hacia Plaza de Mayo”. Al mismo tiempo, el sindicato convocó a replicar acciones en las distintas ciudades del interior del país.

“Sin salarios dignos, sin presupuesto y sin financiamiento universitario, no hay futuro posible”, expresó la organización, que además reclamó el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario. “La ley no es opcional: se cumple”, remarcaron.

🟩 MARCHA FEDERAL UNIVERSITARIA 🇦🇷

La universidad publica es de todos los argentinos y las argentinas, por eso convocamos a quienes sufren este modelo de ajuste a marchar en unidad en defensa de la universidad y la democracia.

📆 Martes 12/05

⏰ 15hs

📍 Av. de Mayo y Piedras pic.twitter.com/jyFjWuGVJ0

— Fedun (@FEDUNArgentina) May 11, 2026

Por su parte, FEDUN realizó un plenario de secretarios generales con participación de gremios de base de todo el país, en el que analizaron la situación del sistema universitario y resolvieron profundizar el plan de lucha. Allí, la federación ratificó su participación en la movilización “en defensa de la universidad pública y la democracia”.

Además, el gremio docente exigió la inmediata convocatoria a paritarias para recomponer los salarios universitarios. Según indicaron, desde la asunción de Milei los trabajadores docentes y nodocentes sufrieron “una pérdida sostenida de su poder adquisitivo” y actualmente necesitan “un aumento superior al 50 por ciento para recuperar los niveles salariales de diciembre de 2023”.

 La semana pasada, en un encuentro realizado en la sede porteña del PJ nacional, el titular de FEDUN Daniel Ricci habló de la necesidad de unificar todas las peleas en la calle, contra el modelo libertario, y adelantó que la de este martes puede ser un punto de confluencia y de partida.

Al respecto de esto, Ricci consideró ante la consulta de Política del Sur que será “uno de los marcos de esta búsqueda” que se inició en el PJ, por eso en el encuentro se consideró que será “un punto de confluencia en la defensa del trabajo y la democracia”. “Se espera que la cuarta marcha contra el gobierno nacional sea otra vez multitudinaria, ante la tensión entre el gobierno y el sistema universitario, potenciada por reiterados incumplimientos de la ley aprobada por el Congreso el año pasado” agregó el dirigente.

En tanto, a la comunidad universitaria contará con el apoyo de todo el arco sindical, comenzando con la CGT, que en una reunión la semana pasada de su conducción con los gremios universitarios le dio su apoyo a la jornada de lucha. Del cónclave participaron el presidente del CIN, Franco Bartolacci, y el vicepresidente del organismo, Anselmo Torres, quienes expusieron un duro diagnóstico sobre la situación que atraviesan las universidades nacionales ante la negativa del Gobierno a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario.

En ese marco, las autoridades universitarias encontraron en la CGT un aliado clave para amplificar el reclamo y fortalecer la convocatoria a la movilización que buscará reeditar el impacto político y social de la histórica marcha universitaria realizada durante el primer año de gestión de Milei. En tanto, organizaciones gremiales y movimientos sociales nucleados en el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) confirmaron su presencia en la marcha universitaria de este martes 12 de mayo hacia Plaza de Mayo, con participaciones de peso como las de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), ATE, los aceiteros y Libres del Sur.

La adhesión del FreSU, que reúne a más de 140 sindicatos de la CGT y las CTA, le suma peso a la movilización que reclama que el Gobierno “deje de infringir la Ley de Financiamiento Universitario y cumpla con la actualización salarial y de partidas que dispuso el Congreso de la Nación y ordenó la Justicia”.

Desde el espacio sindical explicaron que decidieron marchar frente al “mayor desfinanciamiento de los últimos 20 años” en las universidades nacionales. Reclamaron, también que el Poder Ejecutivo cumpla con la ley respaldada por los otros dos poderes del Estado -Legislativo y Judicial- pero que el Gobierno se niega a sostener con una partida presupuestaria.

El gobierno de #JavierMilei publicó la Decisión Administrativa 20/2026 en el Boletín Oficial y suspendió transferencias para obras en trece #universidades del @CINoficial a 24 horas de la cuarta #MarcharFederalUniversitaria #MarchaUniversitaria https://t.co/KvGFbRrcRX pic.twitter.com/ZWW5NB9aCP

— Periferia (@periferiacts) May 11, 2026

En tanto, este mismo lunes se conoció que casi como una provocación el gobierno nacional recortó 78.768.179.759 de pesos en programas de la Secretaría de Educación y suspendió transferencias para obras de infraestructura en universidades nacionales, según determinó la Decisión Administrativa 20/2026. De acuerdo con la planilla anexa de gastos de la administración nacional, el principal ajuste impactó sobre el “Plan Nacional de Alfabetización”, que perdió 35.288.051.713 de pesos. La reducción afectó principalmente las transferencias directas a las provincias para su implementación.

Además, el Ejecutivo eliminó el “Fondo de Compensación Salarial Docente” por 8.929.835.294 de pesos, mecanismo destinado a equiparar los salarios mínimos de docentes provinciales. En infraestructura escolar y equipamiento, el recorte alcanzó los 21.686.636.818 de pesos, mientras que el programa de “Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas” sufrió una reducción de 6.649.536.538 pesos, incluyendo una baja de más de 559 millones de pesos becas estudiantiles. También la empresa estatal EDUC.AR S.A. perdió transferencias por un total consolidado de 48.000.000.000 de pesos, según se pudo a partir de la documentación oficial. Las universidades nacionales también resultaron alcanzadas por la reducción presupuestaria.

El anexo detalló una poda de 5.303.000.000 de pesos en transferencias de capital para infraestructura del conocimiento, afectando obras en trece casas de estudio. Entre las universidades más afectadas figuran la Universidad Nacional de La Plata, con una reducción de 1.043.000.000 de pesos; la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda, ambas con recortes de 700.000.000 de pesos; Río Cuarto, con 680.500.000 de pesos menos; y Entre Ríos, con una baja de 540.000.000 de pesos.

La medida quedó formalizada en la Decisión Administrativa 20/2026, publicada por el Poder Ejecutivo junto con las modificaciones presupuestarias de la administración nacional.