Por: Diego Lanese

Los próximos días serán claves para la definición del conflicto de la firma FATE, la productora nacional de neumáticos que desde mediados de febrero se encuentra cerrada por decisión empresarial, que intenta transformar la planta del distrito de San Fernando en una que arme baterías de origen chino.

El viernes vence la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que intervino ante la falta de definiciones a nivel nacional. Además, se debe cumplir con la orden judicial de pagar los salarios, algo que la empresa asegura no puede cumplir.

Hasta el momento, el futuro de los más de 900 trabajadores es cada vez más incierto, pese a la visibilidad del conflicto y el apoyo de diversos sectores. A esta altura, la única alternativa parece ser el proyecto para que el gobierno bonaerense intervenga, y de alguna manera “provincialize” la situación.  

Para eso, el gremio SUTNA elaboró un proyecto que ya presentó a la legislatura, para lograr en base a una ley nacional “la ocupación temporaria” de la producción. Este plan por el momento no tiene plafón, ni a nivel de los bloques de legisladores como en la gestión de Axel Kicillof. Es que la interna política y gremial pone palos en la rueda para que se avance en el plan. Además, se alerta que FATE no tiene “capacidad operativa” para ese pase, lo que genera más dudas. En medio de la disputa, apuntaron a la dirigencia sindical por intentar quedarse con afiliados del sector del caucho, para frenar la sangría de trabajadores.  

El plan de salvataje de FATE elaborado por el equipo legal del SUTNA ya está en la legislatura, y busca la “ocupación temporaria” de la planta de neumáticos. Esto comenzó cuando el conflicto pasó lentamente al ámbito de la provincia de Buenos Aires, desde que estalló a mediados de febrero pasado.

Entre el 18 de febrero y el 18 de marzo, la Secretaría de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria, y llamó a una serie de audiencias para intentar destrabar la crisis. Ante el fracaso de esto, el Ministerio de Trabajo bonaerense asumió el control y extendió la medida hasta el próximo 20 de abril la situación de conciliación.

La propuesta está siendo evaluada por diputados y senadores de casi todos los bloques de la legislatura bonaerense, que mantuvieron reuniones con los representantes del SUTNA. Fuentes parlamentarias le explicaron a Política del Sur que la propuesta se basa en la Ley Nacional 21.499 de expropiaciones que además de la incautación directa (con indemnización) establece en el recurso más moderado de la “ocupación temporánea” de carácter “transitorio” para aquellas empresas que sean consideradas de “utilidad pública”.

La Ley 21.499, en su Título IX, artículo 58, establece que “la ocupación temporánea puede responder a una necesidad anormal, urgente, imperiosa, o súbita, o a una necesidad normal no inminente”. Y que “ninguna ocupación temporánea anormal tendrá mayor duración que el lapso estrictamente necesario para satisfacer la respectiva necesidad” que, además, “ninguna ocupación temporánea normal puede durar más de dos años”. 

"El proyecto que presentamos busca una ocupación temporaria de Fate para hacer lo más inmediatamente posible, que es interrumpir la pretensión de desmantelamiento de la producción de cubiertas para camiones y colectivos, evitar el desastre social, garantizar certidumbre a los… https://t.co/3596cGt4uq pic.twitter.com/rxAF8aGz11

— Prensa Obrera (@prensaobrera) March 13, 2026

Desde el equipo jurídico de SUTNA destacan que “la ley 21.499 no contempla ninguna retribución. No implica un gasto a la provincia de Buenos Aires”. Además, insisten, “la empresa no se expropia” y, aclaran, “la propia empresa dice que la actividad no es rentable. No pueden reclamar una compensación o una renta. El proyecto dice que la utilización de las potenciales rentas va a ser utilizada para la continuidad del proyecto productivo, se reinvertiría”.

La estrategia del SUTNA apunta a preservar los puestos de trabajo sobre la base de demostrar la esencialidad de FATE en el entramado productivo y la soberanía nacional en un contexto internacional de exacerbación de los conflictos entre naciones. Por eso, el proyecto se propone “garantizar la continuidad de la producción, preservar las fuentes de trabajo y asegurar el abastecimiento del mercado interno”.

El primer obstáculo está en la situación que se vive en la provincia de Buenos Aires, asediada por el ajuste libertario. “No nos entra un quilombo mal”, dijeron a Política del Sur desde La Plata, que ven lejana la posibilidad de intervenir. “Todo lo que no sea esencial está en duda, frenado, porque faltan recursos”, agregaron las fuentes consultadas. En este sentido, las miradas apuntan a Walter Correa, ministro de Trabajo con buena relación con La Cámpora, espacio acusado de intentar “transferir” el conflicto de la empresa a la órbita provincial, para desgastar la imagen de Kicillof. Por esto, se afirma, no hay avances en la propuesta.

Otro tema que se vuelve un obstáculo es que la planta de FATE está perdiendo su capacidad productiva. De los 950 trabajadores aproximadamente que estaban en el lugar a la hora del lock-out patronal, solo unos 250 están todavía en conflicto con la empresa. Según pudo saber Política del Sur, el resto de los empelados “ya acordaron su salida, ya sea por indemnizaciones o planes de pago, como retiros voluntarios”.

Por eso, se marcó, “es muy difícil pensar que se pueda recuperar la capacidad productiva en esas condiciones, más si la provincia de Buenos Aires no pone recursos”. Uno de los puntos más fuertes de la argumentación para avanzar con este proyecto de recuperación es que durante la pandemia de coronavirus, se realizaron “ocupaciones transitorias” en hoteles para crear centro de asistencia o aislamiento. Pero en esos casos había personal externo, puesto en general por los gobiernos provinciales, que se ocupaba de las tareas. Sin personal, esa no parece posible.

Además, si bien el proyecto lo empuja el gremio, parte de los referentes al parecer salieron o están por hacerlo de la planta. “Es muy difícil de ejecutar”, concluyeron respecto de esta propuesta.

En el plano interno, además de las críticas por el manejo de la crisis la dirigencia clasista del SUTNA fue blanco de una grave acusación. Hace unos días, el Sindicato de Obreros del Caucho y Afines  (SOCAYA), que conduce José Pasotti, acusó a la conducción encabezada por Alejandro Crespo de intentar “robarle” afiliados mediante una “maniobra desleal y extorsiva” para compensar esa hecatombe económica. La escalada ya derivó en una guerra judicial.

Según denunció SOCAYA, distintas empresas de la actividad comenzaron a recibir cientos de cartas documento enviadas por el equipo legal del SUTNA, en las que se “exige el pago de sumas millonarias y la modificación del encuadramiento de trabajadores bajo amenazas judiciales, embargos y plazos perentorios”.

Para el gremio del caucho, la ofensiva constituye “un intento directo del SUTNA de avanzar sobre trabajadores que no le corresponden, forzando su encuadramiento fuera del marco legal vigente”, y advirtió a las empresas que no deben innovar ni ceder ante estas presiones, al tiempo que dejó abierta la vía judicial.

En un durísimo comunicado, SOCAYA se dirigió a todas las empresas de la actividad —gomerías, centros de reconstrucción de neumáticos, vulcanización y rubros anexos— para dejar en claro que ejerce la representación colectiva en los Convenios Colectivos de Trabajo N° 179/75 y 231/75, y que “rechaza categóricamente la campaña de hostigamiento e intimaciones masivas, ilegítimas y temerarias impulsadas por entidades ajenas a su ámbito convencional”. Además, remarcaron que “es una maniobra recurrente por el SUTNA y que era previsible que vuelvan a incurrir en estas maniobras desleales, justificándose ahora en la caída abrupta de afiliaciones que viven por la crisis que afronta”.