Por: Diego Lanese

Esta semana, el gremio docente cordobés UEPC anunció un paro de 72 horas, en el marco del conflicto por reclamo de mejoras salariales. Ante esto, el gobierno que lidera Martín Llaryora confirmó que la Secretaría de Trabajo provincial dictó la conciliación obligatoria, y evitó la protesta.

Mientras tanto, aseguró que el diálogo “está abierto” y que la conciliación permitirá construir “una propuesta que satisfaga al reclamo docente, siempre con las limitaciones del impacto de la crisis” que generó el deterioro de las cuentas públicas en 2025, según los datos oficiales.

El caso de la provincia mediterránea no es aislado, todo lo contrario, y es parte de las consecuencias que comienzan a verse del ajuste en los recursos que debe mandar la Nación a las provincias, y que la motosierra libertaria está reteniendo o directamente eliminando. Incluso mandatarios aliados, que construyeron la mayoría parlamentaria que le permitió al oficialismo aprobar varias leyes incluyendo la reforma laboral, está en discusión por la falta de cumplimiento de algunos compromisos presupuestarios.

A esto se le suma la caída de la recaudación en las jurisdicciones, que preocupa a los gobernadores, quienes observan cómo la parálisis de la actividad impacta en el día a día de la gestión.

La situación profundiza la dependencia de los jefes locales y los obliga a insistir en sus reclamos a la Casa Rosada, mientras sufren en sus distritos conflictos sindicales con los gremios estatales, que en estos días se dispararon, incluyendo fuerzas de seguridad, que en varias zonas del país protestaron por el retraso salarial.

Los datos del ajuste que está volcando Nación sobre las provincias es la punta del ovillo de las consecuencias de esta policía en los territorios. De esta forma, en el primer trimestre del año, las transferencias automáticas registraron una caída real del 8 por ciento, mientras que el total de envíos nacionales retrocedió un 6,1 por ciento. Según las estimaciones, entre el 70 y el 80 por ciento de los presupuestos provinciales se destina a salarios y servicios sociales.

En un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) se destaca que la tensión fiscal “ya tiene traducción concreta en lo que va de 2026.” Según destaca el trabajo al que tuvo acceso Política del Sur, entre enero y marzo se registraron 92 conflictos laborales en las provincias, de los cuales más del 80 por ciento siguen activos. La conflictividad “atraviesa sectores clave como educación, salud y administración pública, y muestra como patrón común la imposibilidad de las provincias de sostener el ritmo de recomposición salarial en un contexto de caída de ingresos”.

La conflictividad salarial se traduce públicamente en un deterioro en las prestaciones de los servicios públicos y en un clima de tensión social que incluye protestas callejeras, acampes y hasta levantamientos policiales, como el que ocurrió en la provincia de Santa Fe.

Según el CEPA, el problema se profundiza por la propia arquitectura del sistema fiscal argentino. En promedio, más de la mitad de los ingresos provinciales proviene de transferencias nacionales, lo que deja a las jurisdicciones fuertemente expuestas a las decisiones del gobierno central. La presión no termina ahí, ya que la baja general en la actividad también impacta en la recaudación propia de cada uno de los distritos.

El descenso promedia el 7,3 por ciento desde el inicio del esquema económico libertario. Con menos recursos nacionales y menos ingresos propios, la foto actual limita cualquier estrategia de negociación y compensación. La crisis fiscal, así, reconfigura la relación política entre la Nación y las provincias o, lo que es casi lo mismo, entre el Presidente y los gobernadores.

En un escenario con menos recursos, más demandas y menor margen político, los gobernadores quedan entre la espada y la pared. La situación horada su relación con Javier Milei y los actores nacionales y los expone en una dependencia que, a menos de un año de las elecciones, prefieren no dejar demasiado a la luz. Los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), históricamente utilizados para asistir a las provincias, representan menos del 2 por ciento de los recursos coparticipables, lo que los vuelve insuficientes frente a la magnitud de la caída.

A esto se suma un cambio en la lógica de la asistencia. Desde hace un tiempo, la Casa Rosada reemplazó transferencias por adelantos, lo que implica mayor dependencia financiera hacia adelante.

Una consecuencia directa de esa realidad se escenifica desde finales del año pasado con paritarias que corren detrás de la inflación, dificultades para sostener acuerdos salariales y una creciente presión sindical en todos los frentes.

El mapa federal muestra una expansión transversal de los conflictos. En la provincia de Buenos Aires, las tensiones abarcan educación, empleo público, judiciales y salud, con reclamos por recomposición salarial y regularización laboral.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, docentes y empleados públicos exigen adelantar paritarias ante aumentos que quedaron rezagados frente a la inflación.

En el norte del país, la situación es particularmente crítica. En Chaco, los reclamos incluyen protestas por la suspensión de la cláusula gatillo y denuncias de recortes salariales de hasta el 80 por ciento en áreas específicas. En Corrientes, distintos sectores rechazaron aumentos del 6 por ciento por considerarlos insuficientes, mientras que en Jujuy se registraron marchas, protestas y episodios de represión en el marco de reclamos salariales urgentes. Catamarca, por su parte, presenta uno de los escenarios más complejos, con conflictos simultáneos en educación, salud, empleo público, judiciales y fuerzas de seguridad, incluyendo movilizaciones y cortes de ruta.

En la región centro, Córdoba enfrenta tensiones en cinco frentes —docentes, judiciales, jubilaciones, salud y estatales—, con rechazo a reformas previsionales y medidas de fuerza sostenidas.

En Entre Ríos, los conflictos también se multiplican con reclamos por paritarias insuficientes y preocupación por cambios en el sistema jubilatorio. Santa Fe muestra un escenario de alta conflictividad, con paro de municipales, protestas policiales y el regreso simbólico de la “Carpa Blanca” docente como señal de protesta estructural.

Monotributo y sin paritaria: tras la renuncia del viceministro de Salud, crece el rechazo al ajuste de Weretilneck

ASSPUR alertó sobre el deterioro del sistema público. Referentes gremiales anunciaron una movilización para el jueves.

Vía @eldestapewebhttps://t.co/f9oU3SvERY

— Prensa FESPROSA (@PrensaFESPROSA) April 3, 2026

En el caso de la salud, varias provincias están en conflicto. Según informó esta semana La FESPROSA, “las renuncias masivas de directores de hospitales en Río Negro, la intención de poner fin al régimen de dedicación exclusiva en Tierra del Fuego; la crisis de salud mental en Santa Fe, y las cesantías de médicos de guardia en Escobar son solo muestras de la situación crítica que atraviesa la salud pública en Argentina”. “La política sanitaria del gobierno nacional y la complicidad de varios gobernadores está generando una crisis sin precedentes en la salud pública del país”, recordó la entidad mediante un comunicado.

En el caso de Río Negro, hace unos días renunció el vice ministro de Salud, el corolario de una serie de dimisiones en la provincia que genera preocupación. En tan solo cuatro meses presentaron su renuncia los directores de hospitales de las localidades de Viedma, Cipolletti, Bariloche y Fernández Oro.

En Tierra del Fuego, se conoció hace unos días que el gobierno de la provincia evalúa poner fin al régimen de dedicación exclusiva. Este sistema laboral, vigente desde hace décadas, impide que los trabajadores puedan ejercer su profesión fuera del ámbito público. SIPROSA, gremio base de la FESPROSA en Tierra del Fuego, explicó en una misiva dirigida a la ministra de Trabajo que esta decisión “enfrenta a nuestros representados a la precarización laboral y al pueblo usuario del sistema público de salud a una atención médica insuficiente y de menor calidad”.

Por tal motivo, el sindicato decidió declararse en estado de alerta y movilización permanente. “Pese al oscuro panorama que se vislumbra en las líneas anteriores, los gremios adheridos a la FESPROSA continúan en pie de lucha”, afirmaron.