La judicialización de la reforma laboral continúa sumando actores en el sector marítimo. Ahora, el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo confirmó la presentación de un amparo ante la Justicia Nacional del Trabajo con el objetivo de frenar la aplicación de la norma en la actividad. A esto se le sumó lo que hizo el SOMU, que se presentó ante la justicia para pedir por una medida similar al alcanzado a la CGT.

 

La acción, formalizada el pasado 30 de marzo, busca que se declare la inconstitucionalidad de los artículos de la ley que excluyen a los trabajadores embarcados del régimen general de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Desde el gremio advirtieron que la reforma impulsa un cambio de encuadre que podría desplazar a capitanes, oficiales y patrones hacia regímenes especiales con menor nivel de protección jurídica.

El Centro de Patrones, conducido por el Capitán Mariano Moreno, presentó una acción de amparo ante la Justicia Nacional del Trabajo contra artículos de la Ley 27.802 de reforma laboral.https://t.co/M2Fht8Gvfi pic.twitter.com/AdGJvsA6fj

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Según señalaron, esta modificación generaría un “vacío legal” con impacto directo sobre aspectos centrales de la relación laboral, como la antigüedad, la estabilidad en el empleo y el acceso a indemnizaciones agravadas propias del trabajo a bordo. También alertaron sobre posibles restricciones en derechos vinculados a licencias por enfermedad, maternidad y paternidad, en un contexto donde —afirman— se debilita el principio protectorio que rige las relaciones laborales en la Argentina.

 

Otro de los ejes del planteo judicial apunta a la calificación del transporte marítimo y fluvial como servicio esencial o de “importancia trascendental”. El Centro de Patrones sostiene que esta definición implicaría la obligación de mantener hasta un 75 por ciento de operatividad durante medidas de fuerza, lo que en la práctica limitaría significativamente la capacidad de protesta del sector.

 

En este sentido, el gremio considera que la reforma introduce restricciones que colisionan con garantías constitucionales y convenios internacionales vinculados a la libertad sindical. La presentación también busca resguardar los Convenios Colectivos de Trabajo específicos de la actividad. Desde la entidad remarcaron que las normas propias del sector deben funcionar como complemento de la Ley de Contrato de Trabajo y no como un mecanismo para reducir derechos.

 

En ese marco, el amparo plantea que la exclusión del personal embarcado del régimen general implicaría un retroceso en materia de protección laboral. La iniciativa del Centro de Patrones se suma a las acciones ya impulsadas por otros gremios del sector marítimo, que en las últimas semanas avanzaron en la Justicia contra distintos aspectos de la reforma laboral. De esta manera, el escenario sindical muestra una creciente convergencia en la estrategia judicial para cuestionar la norma, mientras se multiplican los planteos sobre su impacto en el régimen laboral de la actividad.

#SOMU El gremio de trabajadores marítimos se sumó a los amparos judiciales contra la reforma laboral https://t.co/RyttD2iKnz pic.twitter.com/blkNmNUEeT

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En tanto, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) también presentó una acción de amparo para frenar la aplicación de la Ley de Modernización Laboral, en línea con otros gremios que cuestionan distintos aspectos de la normativa impulsada por el Gobierno. La presentación fue impulsada por el secretario general del sindicato, Raúl Durdos, y ya se encuentra en trámite en la justicia laboral. Desde la organización señalaron que el objetivo es impedir la implementación de artículos que, a su entender, vulneran derechos constitucionales de los trabajadores del sector marítimo y pesquero.

 

El eje del reclamo apunta principalmente a las modificaciones en el derecho de huelga y a las limitaciones sobre las medidas de acción sindical. Según el gremio, estos cambios entrarían en conflicto con garantías establecidas en la Constitución Nacional y en convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

 

Además, el SOMU cuestionó el avance de esquemas de negociación por empresa o incluso individuales, que podrían reemplazar a los convenios colectivos de actividad. Para el sindicato, esta orientación debilita la representación gremial y fragmenta la capacidad de negociación de los trabajadores.

 

Otro punto de conflicto es la modificación del régimen de ultraactividad de los convenios colectivos, que actualmente asegura la vigencia de los acuerdos hasta la firma de uno nuevo. Desde el gremio advierten que los cambios propuestos podrían dejar a los trabajadores en una situación de mayor vulnerabilidad frente a las empresas.

 

En su presentación, el sindicato también solicitó una medida cautelar para suspender la aplicación de los artículos cuestionados mientras se resuelve la cuestión de fondo. La iniciativa del SOMU se suma a otras acciones judiciales dentro del mismo sector. Tanto el Sindicato Marítimo de Pescadores (SIMAPE) como el Sindicato de Conductores Navales (SICONARA) ya habían acudido a la Justicia con planteos similares, especialmente en rechazo a disposiciones que excluyen al personal embarcado del régimen general de la Ley de Contrato de Trabajo.