Fernando Montero, Coordinador Técnico del Cottolengo Don Orione de Claypole, alertó a Política del Sur por la situación “crítica” que atraviesa la institución, en el marco de la fuerte crisis en el área de discapacidad.  

Precisó que la situación hoy es “extrema” y relató que se cortó la cadena de pagos, lo cual dificulta el pago de sueldos, cargas sociales, insumos y servicios básicos. A esto se agrega un hecho “criminal”, el cual ya fue denunciado, que es la no entrega de medicación por parte de Incluir Salud, que depende de la Secretaría de Salud de la Nación y de la Secretaría de Discapacidad, que no entrega medicación desde noviembre.

En ese sentido, detalló que dentro de la medicación faltante se incluyen anticonvulsivantes, antipsicóticos, medicación clínica para el colesterol, hipertensión, que son “medicaciones vitales porque sin esa medicación realmente hay riesgo de vida”. Y comentó que si bien la Justicia emitió una medida cautelar que obliga a Incluir Salud a cubrir este faltante, el organismo apeló. “Están decididos a no entregar la medicación que corresponde, fue apelado y está ahora descansando en la Cámara de Apelaciones Federal de La Plata”, agregó.

 

 

 

 

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De los 400 pacientes que residen hoy en el Cottolengo Don Orione, Fernando comentó que aproximadamente un 40% tienen esta obra social. Si bien informó que se han reducido algunos servicios, el personal de asistencia es fundamental. “Son personas que dependen de otro, todo el tiempo, para sus necesidades más básicas. Si no hay otro que sostenga, no hay sobrevida”, aclaró.

Por otro lado, el profesional explicó que la Ley 24.901 no se está cumpliendo y es la que asegura que toda persona con discapacidad reciba los servicios que necesita. Y para aquellas personas que no tengan su propia obra social, el Estado debe proporcionarles una, que en este caso es Incluir Salud. Ésta es la que financia todos los servicios que las personas necesitan. 

A su vez, esta ley es la que regula a las instituciones que prestan esos servicios para que lo hagan como corresponde, a través de auditorías y distintas normativas. Así como el nomenclador, es decir que es el Estado el que regula el valor de los servicios y que está muy desactualizado, según comentó Fernando.

En ese sentido, expresó que si bien la ley de Emergencia en Discapacidad fue promulgada, “no hay una mínima intención de cumplirla”. “Hicieron un Fondo de Compensación, al cual para acceder, le hicieron un sistema engañoso que paga menos de lo que corresponde. Y encima hay una especie de cláusula que si tenés deuda con AFIP, no podés acceder a esa recomposición. Todas las instituciones, al estar en crisis, tienen deudas con AFIP. Armaron algo muy engañoso para no cumplir con la ley”, planteó.

Con respecto a los prestadores, contó: “Se devaluó totalmente lo que cobran”. Y señaló que el prestador privado no presta servicios para discapacidad porque “no le cierra los números” y que debido al contexto inflacionario, hicieron un ajuste recién a fin del año pasado en base a un arancel viejo. “Se calcula en base a estudios de costos que deberían recomponer un 40%”, comentó.

Finalmente, invitó a la comunidad a participar de la manifestación que se realizará el próximo jueves 9 de abril. Será protagonizada por esidentes, familiares y otras instituciones en las puertas del Cottolengo Don Orione para dar difusión a lo que está ocurriendo hoy en el área de la discapacidad.