Alejandro Ayala, kinesiólogo y familiar de una de las víctimas del fentanilo adulterado, habló sobre la situación judicial actual y la investigación de esta causa que ya tiene al menos 159 casos denunciados. En diálogo con Política del Sur, puntulizó sobre la auditoría que se realizará a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica.

Confirmó que se realizará una auditoría a la ANMAT y cuestionó que no se ponga en la agenda la discusión de una política sanitaria que atraviesa a todos porque de ella depende “la vida de un pueblo, las condiciones de salud, la seguridad sanitaria y farmacológica”. “Tenemos que empujar entre todos para que la dirigencia política tome responsabilidad de los hechos”, aseguró.

Alejandro comentó que la Auditoría General de la Nación, luego de dos años de ausencia en materia sanitaria, retomó estas cuestiones y detalló que la última auditoría a la ANMAT fue en 2022, pero ahora tiene “un gran impacto político” porque nuevamente pone en la agenda la causa del fentanilo contaminado y a la vez tiene “impacto mediático, porque a través de los medios nosotros podemos lograr ese empuje político”.

También explicó que la causa está abierta y se espera la respuesta de la Cámara de Apelaciones con respecto a los laboratorios. Además, señaló que hay una segunda parte en la causa que investiga la responsabilidad de los organismos de control por “presunta disfunción del deber del funcionario público”. En la actualidad, según comentó, se están investigando las prácticas de fiscalización de la ANMAT y de la INAME. 

“Pero ver estos organismos solamente es ver la punta del iceberg”, sostuvo Alejando, quien destacó que ya son de conocimiento público los problemas en los controles sobre la producción, la fiscalización, las fallas en el sistema de alerta y “la falla más grande que pudo, tal vez, haber evitado la propagación de la aplicación de los lote contaminados”, la trazabilidad. En ese sentido, recordó que la alerta sanitaria fue dada por un hospital y no por un sistema de farmacovigilancia, “que tendría que haber actuado a tiempo y prevenir que estos medicamentos ingresen a la terapia”.

Por otro lado, denunció que “no se están entregando las historia clínicas, los hospitales no entregaron la información a la Justicia, se sigue omitiendo y encubriendo la información. Se ha destruido mucha evidencia”. “Tenemos muchas sospechas en cuanto a cuál serían los conflictos de intereses”, dijo, respecto a los organismos.

En línea con esto, hizo hincapié en la falta de trazabilidad del lote de fentanilo contaminado, ya que no se registró en qué hospitales estaba, ni cómo fue la distribución o la producción. Y lamentó que la causa se está guiando por las personas que fallecieron o tienen secuelas, por la presencia de dos bacterias del fentanilo, que son Klebsiella y Ralstonia. “Esos son tal vez los dos parámetros más definitivos que definen si la persona está dentro de la causa o no”.

Sobre el número de víctimas fatales registrado, sostuvo que “la Justicia pudo definir que hubo más de un millón de ampollas que se distribuyeron en todo el país y fueron aplicadas prácticamente el 50%. Estamos hablando de un número muy bajo”.  “Esto es un país desregulado y no serio, nosotros actualmente en la Argentina no tenemos instituciones serias”, cuestionó. “En materia de política sanitaria no podemos especular. La salud no es un negocio, la salud es vida. Estas fallas administrativas costaron vidas y esas vidas son irreparables. El daño es irreparable”, cerró.