Por: Juan Bautista Vega
La conferencia de prensa que este miércoles encabezó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no fue una más. No lo fue por su contenido —difuso, por momentos evasivo— ni por su forma —tensa, incómoda—, sino por algo más profundo: el intento explícito de redefinir el rol del periodismo frente al poder.
Convocada bajo la premisa de “dar explicaciones” sobre gastos del Estado cuestionados por su carácter ético, la exposición terminó dejando más interrogantes que certezas. Pero lo verdaderamente relevante no fue lo que Adorni dijo, sino cómo lo dijo… y, sobre todo, lo que pretendió instalar.
Porque en varios pasajes, el jefe de Gabinete no se limitó a responder preguntas: buscó marcarle la cancha al periodismo. Señaló qué se puede preguntar, qué no, qué corresponde decir y qué excede —según su criterio— los límites de la tarea periodística.
En otras palabras, intentó esbozar una suerte de “código del periodista” dictado desde el poder.Y ahí radica el problema de fondo.
El periodismo no es juez, es cierto. No condena ni absuelve. Esa es tarea de la Justicia. Pero tampoco es —ni debe ser— un actor subordinado a la narrativa oficial. Su función es otra: interpelar, incomodar, preguntar lo que incomoda, traducir las inquietudes de la sociedad en preguntas concretas a quienes ejercen el poder.
Cuando un funcionario convoca a una conferencia de prensa, lo hace —o debería hacerlo— para someterse al escrutinio público. No para disciplinar a quienes preguntan.
Adorni pareció olvidar ese principio básico. En lugar de asumir el rol de funcionario que rinde cuentas, adoptó una postura defensiva, por momentos aleccionadora, como si el problema no fueran las dudas sobre los gastos cuestionados, sino las preguntas mismas.
Pero las preguntas no son el problema. Son la consecuencia.
Porque si algo quedó claro es que, más allá de lo que determine la Justicia en el futuro, la sociedad ya empezó a formarse un juicio. Y ese juicio no surge de la nada: se construye a partir de percepciones, de contradicciones, de gestos y de silencios.
En ese contexto, el intento de encorsetar al periodismo no solo resulta improcedente, sino también peligroso.
Un poder que pretende decirle al periodismo cómo ejercer su tarea es un poder que, en el fondo, busca limitar la intermediación entre la sociedad y el Estado. Y sin esa intermediación, la democracia pierde uno de sus pilares esenciales.
Desde Política del Sur sostenemos una premisa clara: el periodismo no está para agradar al poder, sino para controlarlo. No para repetir discursos, sino para contrastarlos. No para callar, sino para preguntar.
Si hay algo que debe quedar claro después de esta conferencia, es que no existe —ni puede existir— un “manual oficial del buen periodista” redactado desde la Casa Rosada.
El único compromiso del periodismo es con la sociedad. Y ese compromiso no se negocia.