Por: Federico Cedarri

La actividad legislativa adquiere un ritmo profuso en el inicio del año ordinario y es en ese menester que suma preponderancia supina en la égida parlamentaria la temática que abarca a los distintos delitos virtuales acecidos en la órbita de las cárceles bonaerenses. En ese sentido, la preocupación no hace distingo entre oficialistas y opositores ya que desde las distintas bancadas despuntan iniciativas específicas tendientes a ponerle límite a este flagelo que viene perjudicado sistemáticamente a ciudadanos bonaerenses.

Hizo punta el diputado bonaerense libertario Oscar Liberman que presentó en la Cámara Baja un proyecto de ley denominado Ley Rodrigo en alusión al soldado Rodrigo Arce que se suicidó en diciembre pasado ante las reiteradas extorsiones practicadas por reclusos desde el interior de un penal.

La iniciativa propone avanzar en la modificacióndel inciso 5 del artículo 9 de la Ley 12.256, de Ejecución Penal Bonaerense, para que aquellos reclusos solo puedan disponerde una comunicación telefónica con sus familiares utilizando los dispositivos provistos y con contralor del servicio penitenciario bonaerense.

También propone desestimar el protocolo para el uso de los teléfonos celulares que fuera implementado durante el 2020 en pleno transcurrir de la pandemia por el covid 19.

En lo que tiene que ver con la duración de la comunicación que lleve adelante cada interno se dispone que la misma tenga un límite de dos horas diarias, y que solo puedan comunicarse con hasta 5 personas que deberán ser autorizados previamente por medio de un listado realizado por el propio detenido y elevado a un oficial de turno.

La iniciativa de Liberman insiste en su letra de que en caso de que no se  garantice ninguna de estas cuestiones la autoridad competente podrá solicitar la restricción o interrupción de las comunicaciones personales o telefónicas de los internos.

Por otra parte, el texto del expediente determina que se avance en la instalación de un sistema de inhibición de señal de telefonía móvil y trasmisión de datos en los pabellones internos. Más adelante, la iniciativa solicita a los miembros del Servicio Penitenciario bonaerense que promuevan medidas de control permanentes como requisa periódicas de celdas, controles tecnológicos para detectar celulares y acciones preventivas para evitar el ingreso de elementos prohibidos.

Por último, el expediente ingresado en Diputados advierte que estas medidas deberán llevarse adelante en un plazo determinado que podría ser prorrogado si efectivamente se necesitara más espacio de tiempo para cumplir con lo que pide esta propuesta.

El proyecto de Ley lleva la firma también del titular del bloque de LLA, Agustín Romo, y de 13 legisladores del total de 21 que componen el bloque libertario en la Cámara Baja provincial.

En el oficialismo también hay reacciones ante la problemática,  el massismo se desmarca del kirchnerismo duro y elevó en el Senado un proyecto de ley, autoría de Malena Galmarini, que apunta fundamentalmente a la prohibición de la tenencia y uso de telefonía celular en unidades penitenciarias y sistema de inhibición de señal.

En concreto, la propuesta massista tiene por objetivo primordial la prohibiciónde la tenencia, uso, posesión o administración de teléfonos celulares u otros dispositivos de comunicación inalámbricas de parte de las personas privadas de su libertad alojadas en establecimientos penitenciarios de la provincia de Buenos Aires.

De igual modo, se dispone la instalación de sistemas de inhibición de señal telefónica móvil dentro de todos los pabellones y sectores de alojamiento de reclusos.

La iniciativa de Galmarini se enmarca también en el intento de poner un freno inmediato a una modalidad delictiva que no sólo ha terminado con la vida del solado Rodrigo Gómez sino que también ha sido causal de múltiples estafas de carácter económico a numerosas personas.

Entre los argumentos que exhibe la senadora tigrense en los fundamentos de la propuesta presentada recientemente en la Cámara Alta provincial advierte que el sistema penitenciario no puede convertirse en un ámbito para el delito ni las cárceles pueden constituirse en call centers para efectuar violaciones a la ley.