La causa que investiga a Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola por extorsión y turbación de la propiedad, junto a otros seis dirigentes y manifestantes del sindicato de Camioneros, llegó a su etapa final: la audiencia preliminar antes del juicio oral. Los imputados ya fueron notificados y tendrán un plazo de 10 días para presentar pruebas o recusar al tribunal. De no haber planteos que modifiquen el proceso, el juicio oral comenzará el próximo 16 de abril a las 11.00 en el Tribunal en lo Criminal N° 2 de San Nicolás.

La investigación, encabezada por la fiscal María del Valle Viviani, reunió una importante cantidad de pruebas a lo largo de los últimos años. Entre ellas hay actas de inspección ocular, desgrabaciones de audios de WhatsApp, informes de videos periodísticos, registros de transferencias y cheques, además de 16 CDs con intervenciones telefónicas, un disco duro con filmaciones de cámaras de seguridad y varios dispositivos con archivos de audio.

🚨 #AHORA | Imputaron a exdirigentes de Camioneros por una presunta estafa millonaria y crece la interna sindical

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— Nexofin (@Nexofin) March 18, 2026

En el juicio deberán responder por los delitos de turbación de la posesión, coacción y extorsión, tanto consumada como en grado de tentativa, en calidad de coautores. Además de Cabaleyro y Espíndola, están imputados Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez y Matías Agustín Torrez.

El conflicto que dio origen a la causa comenzó en enero de 2021 y se agravó en febrero de ese mismo año, cuando manifestantes del sindicato de Camioneros bloquearon el acceso a la planta de la empresa Rey Distribución, en San Pedro. Durante varios días impidieron el ingreso y egreso de mercadería bajo el reclamo de una supuesta deuda sindical.

Según la investigación, una casilla rodante instalada en el acceso a la planta funcionaba como base de operaciones, desde donde Cabaleyro impartía órdenes. En el lugar también se registró la presencia de trabajadores y vehículos de otras empresas de la zona.

El caso marcó un antecedente inédito en la región, no solo por el avance judicial sino también por el peso político de los acusados. Cabaleyro se desempeñaba como concejal en San Nicolás, mientras que Espíndola fue concejal suplente en San Pedro. Ambos llegaron a estar detenidos en el penal de San Nicolás y luego accedieron al arresto domiciliario con monitoreo electrónico.

En tanto, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, Sala III, revocó el sobreseimiento dictado por el juez de Garantías Nro. 8 Martín Miguel Rizzo y elevó a juicio a 27 integrantes del sindicato lechero ATILRA, por los delitos de amenazas coactivas, daños y robo agravado cometidos durante el bloque a la planta industrial de Lácteos Mayol ubicada en la localidad de Gobernador Udaondo, partido de Cañuelas, del 1 al 6 de marzo de 2021.

El dictamen en mayoría de los jueces Fernando Jorge Mateos y Juan Alberto Benavides con el voto en disidencia de Alejandro Gustavo Villordo, alcanza al secretario General de la seccional Cañuelas, Guillermo Facundo Arregui, y a otros 26 miembros de ATILRA.

De esta manera la Cámara hizo lugar al pedido de apelación impulsado por Paulina Mayol con el patrocinio letrado de Pablo Abdón Torres Barthe respecto a la resolución de Rizzo; y rechazó los planteos de nulidad interpuestos por los defensores de los sindicalistas, Gonzalo Díaz Cantón y Nicolasa Andrea Boccarratto.

Asimismo, la cámara confirmó la investigación preliminar realizada por a fiscal Norma Pippo, quien determinó que “entre el día 1 hasta el día 6 de marzo 2021, integrantes del gremio ATILRA, junto a otras personas, se constituyeron en el ingreso de la fábrica láctea Mayol sita en Ruta Provincial Nro. 16, Km 51 de la localidad de Udaondo, impidiendo el ingreso al predio de sus dueños y empleados mediante agresiones verbales, obligando a los empleados de la empresa a que se sumen a la protesta mediante amedrentamiento, falso asesoramiento laboral y amenazas, acampando allí durante las noches, utilizando las instalaciones de la empresa -a la cual ingresaron mediante el corte de candados y por la fuerza- como ser baños y duchas, infundiendo en forma constante temor a empleados, dueños y vecinos mediante gritos y actos vandálicos, entre ellos se cuentan daños al transformador de luz de la fábrica, corte de cables de energía eléctrica, daños en las cámaras de seguridad, candado de ingreso, y al rodado Toyota Ethios de propiedad de la Sra. Maira Denis Mayol, apropiándose ilegítimamente -mediante el empleo de fuerza- de combustible, mercadería (al menos cuarenta potes de dulce de leche y varios quesos propiedad de la fábrica Mayol) y llaves de arranque de dos camiones”.