Luego de un primer fallo en contra, la CGT insiste con profundizar la estrategia judicial contra la reforma laboral. El planteo fue realizado ante la Justicia del Trabajo e incluye un pedido de medida cautelar para dejar sin efecto, de manera provisoria, 64 artículos de la ley, además de solicitar su declaración de inconstitucionalidad. La presentación apunta a frenar aspectos centrales de la denominada Ley de Modernización Laboral. Además, se festejó el freno al traspaso de la justicia laboral a CABA.

 

Según argumenta la central obrera en el escrito, los artículos cuestionados afectan derechos individuales y colectivos de los trabajadores, y vulneran garantías protegidas por la Constitución Nacional y por tratados internacionales con jerarquía constitucional. Desde el sindicalismo sostienen que varios de los puntos impugnados retoman contenidos ya incluidos en el DNU 70/2023, que había sido previamente cuestionado en sede judicial, lo que —afirman— refuerza los argumentos de inconstitucionalidad.

⚖️ UN FALLO CLAVE EN DEFENSA DEL FUERO DEL TRABAJO Y LOS DERECHOS LABORALES

La Confederación General del Trabajo (CGT) valora el fallo de la Justicia Laboral de la Nación que dispuso la suspensión de los efectos del intento de transferencia del fuero del trabajo fuera de la… pic.twitter.com/ikyLuQs1SC

— CGT (@cgtoficialok) March 17, 2026

La ofensiva forma parte de una estrategia más amplia que la CGT despliega en distintos fueros, incluyendo el contencioso administrativo, donde también tramitan otras presentaciones contra diferentes capítulos de la reforma. El nuevo recurso se produce luego de un revés judicial reciente para la central, cuando un juzgado rechazó una cautelar que buscaba suspender disposiciones vinculadas al traspaso de la Justicia laboral a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.

 

De este modo, la conducción sindical profundiza su disputa en los tribunales frente a una reforma que considera regresiva, mientras la definición sobre la validez constitucional de los artículos cuestionados continúa abierta en la Justicia.

 

En tanto, un juez laboral dispuso la suspensión del traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de una causa iniciada por el gremio de judiciales contra el Estado. La medida cautelar fue dictada por el Juzgado Nacional del Trabajo N° 30. La decisión suspende la transferencia del fuero laboral a la órbita porteña hasta que haya sentencia definitiva. La decisión fue festejada por la conducción de la CGT, que viene profundizando la vía judicial contra la ley de Modernización Laboral.  En este sentido, mediante un comunicado la central obrera “valora el fallo” que dispuso la suspensión de los efectos del intento de transferencia del fuero del trabajo fuera de la órbita nacional.

 

La decisión del Juzgado Nacional del Trabajo N°30 “es un paso importante en defensa del sistema judicial y de los derechos de las y los trabajadores, al reconocer la verosimilitud del planteo y el riesgo que implicaba su aplicación”, según marcó la CGT. La resolución expone “la gravedad institucional de las medidas impulsadas, que avanzaban sobre este fuero sin respetar los procedimientos constitucionales ni las garantías que aseguran la independencia judicial y la protección efectiva de los derechos laborales”.

⚖️“LA JUSTICIA DEBE DECRETAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ESTA LEY”

Movilizamos al Palacio de Tribunales para presentar formalmente la denuncia en sede judicial contra la Reforma Laboral. @JulioPiumato y @MaiaVolcovinsky, de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación,… pic.twitter.com/gqIWsrRw5f

— CGT (@cgtoficialok) March 2, 2026

Desde la CGT ratificó que este ámbito de justicia “es clave para equilibrar las desigualdades entre capital y trabajo”. “Debilitarlo o desarticularlo implicaría un retroceso en materia de derechos sociales y una afectación directa al principio protectorio de la Constitución Nacional”, agregó la central obrera.

 

Asimismo, los dirigentes de la CGT advirtieron que la transferencia generaba “incertidumbre sobre las condiciones de miles de trabajadores judiciales, afectando su estabilidad, su carrera y sus derechos”. Este fallo reafirma “la vigencia del estado de derecho y la importancia de que cualquier reforma respete los canales institucionales y el debate democrático”.

 

En tanto, esta central obrera “continuará defendiendo la justicia social, los derechos de las y los trabajadores y las instituciones que los garantizan”. En este sentido, esta semana se supo que luego de un fallo adverso, el triunvirato de la entidad sindical solicitó una cautelar en la justicia del trabajo para frenar la aplicación del grueso del articulado de la denominada Ley de Modernización Laboral.

 

La resolución que frena el traspaso del Fuero laboral fue firmada este martes por el titular del Juzgado, Herman Mendel, ordenó “la suspensión de la totalidad de los efectos del Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral (…) hasta el dictado de la sentencia definitiva sobre el mérito”. La medida responde a una acción presentada por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que cuestionó la constitucionalidad de la reforma impulsada por el Gobierno. En su presentación, el gremio advirtió que el acuerdo de transferencia no garantiza qué ocurrirá con los empleados judiciales.

 

Según señalaron, “no surge la previsión expresa de la transferencia automática de los empleados judiciales”, lo que genera “un marco de indeterminación respecto de su situación jurídica y funcional”. Además, remarcaron el impacto estructural de la medida: el fuero laboral cuenta con “1.530 agentes y una carga de litigiosidad” de más de 700 mil expedientes. En ese sentido, sostuvieron que la Ley 24.588 sigue vigente y “garantiza (…) que la justicia nacional ordinaria mantendrá su actual jurisdicción”. También denunciaron que el acuerdo implicaría, en los hechos, la eliminación del fuero: “la creación de un fuero local no equivale ni autoriza la supresión de órganos nacionales”.

 

Al analizar el caso, el magistrado consideró que están dados los requisitos para dictar la cautelar. Por un lado, entendió que existe “verosimilitud en el derecho invocado”, en base a los cuestionamientos constitucionales planteados. Por otro, advirtió sobre el “peligro irreparable en la demora”, al señalar que el proceso de transferencia podría avanzar y afectar a más trabajadores y estructuras judiciales. Incluso remarcó que la medida del gobierno “no ha sido compatible con el procedimiento establecido” en la normativa vigente, en particular por la falta de intervención de una comisión bicameral.