martes 17 de marzo de 2026 - Edición Nº2659

Gremiales | 17 mar 2026

PLAN MOTOSIERRA

Denuncian “despidos encubiertos” detrás de un feroz plan de retiros voluntarios en el ANSES

Desde el Sindicato de Empleados de la ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria (SECASFPI) aseguran que el gobierno busca desprenderse de 2.500 empleados de la entidad, a través de este mecanismo, que sigue diezmando organismos públicos.


En el marco de una nueva etapa del plan motosierra, se comenzó a hablar de un nuevo ajuste en organismos descentralizados del Estado nacional, además de varias entidades que quedaron en la mira del Ministerio de Descentralización. En el ANSES, por ejemplo, el Sindicato de Empleados de la ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria (SECASFPI) denunció que la administración libertaria estaba por anunciar “hasta 2500 despidos” en la entidad, con consecuencias de “fuerte impacto laboral sobre el organismo”, poniendo también “en riesgo al conjunto del sistema previsional”.

 

Ahora ya se conoce que la metodología de lo que el gremio viene denunciando como “un vaciamiento del ANSES” se hará a partir de la “fresquita” resolución 68/2026, publicada en el Boletín Oficial y prevista en la así llamada Ley de Modernización Laboral, a través de un Plan de Retiros Voluntad Recíproca (RVR), que los gremios de actividad en el Estado denuncian como “despidos encubiertos”, por la presión que se ejerce hacia los empleados de la función pública para “empujarlos” a este mecanismo de expulsión laboral.

Esta renovada iniciativa en versión 2026 “se inscribe dentro de las políticas de reducción del gasto público”, según fuentes del oficialismo gobernante. En este caso, según se explicita, “el acuerdo deberá presentarse ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO), para su ratificación y homologación”, estando dirigido a “empleados del organismo previsional que cuenten con apenas más de dos años de antigüedad”.

 

Asimismo, se aclara, en algunos casos con estipulaciones no carentes de obviedad, que “quedan excluidas las personas que ya hayan iniciado su trámite jubilatorio o presentado su renuncia”, o quienes superen los 62 años, o “empleados con litigios laborales pendientes, salvo que desistan de las acciones judiciales”.

 

Paralelamente, en un nunca faltante enfoque gremial, se especifica que «los trabajadores con mandato sindical vigente deberán renunciar previamente a su cargo y a la tutela sindical para poder participar del programa”, con presentación ante la Dirección de Relaciones Sindicales.

Se cumple así lo anticipado por la conducción de SECASFPI, que alertaba de la puesta en práctica de reformas del Estado, impulsadas durante la década del 90 con “un desgaste progresivo del organismo a través de recortes administrativos y de reducción de sus funciones”.

 

El sindicato que conduce Carlos Ortega también recordó que, desde el inicio de la gestión La Libertad Avanza, ya se produjeron alrededor de 1.300 despidos en ANSES. Según el gremio, esas cesantías incluyeron “casos de discriminación sindical”, por lo que se impulsaron denuncias ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde obtuvieron un fallo favorable en primera instancia en una causa vinculada con esas denuncias. Con ese antecedente, el gremio no descarta, además de ejercer la función sindical, continuar recorriendo paralelamente el camino de las presentaciones judiciales.

 

Cómo informó esta semana Política del Sur, se abrió un nuevo plan de retiro voluntario destinado al personal de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), bajo un esquema de “acuerdo mutuo”. La medida fue formalizada mediante la resolución 68/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, con el fin de continuar reduciendo la planta estatal, en el marco en las políticas de “modernización y eficiencia” del gasto público que viene implementando la administración de Javier Milei.

 

En estos tiempos, se puso en marcha un nuevo plan de retiros voluntarios en varios organismos estatales. La medida ya se implementó en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), donde el cierre del área de metrología legal y certificaciones implicará la salida de casi 200 empleados y se sumará a una reducción acumulada del 26 por ciento en los últimos dos años.

 

En el caso del Banco Nación, el plan oficial prevé recortar unos 1.500 puestos para cerrar el año con alrededor de 14 mil empleados, luego de que la dotación se redujera de 17.515 a 15.585 trabajadores en los últimos dos años. Sin embargo, fuentes consultadas por Política del Sur aseguraron que el número de retiros en la banca pública estaría “cerca de los 2 mil”.

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