Por: Federico Cedarri

Arde la interna de la Unión Cívica Radical (UCR) bonaerense, que ya transita nuevamente ribetes judiciales ante el incesante ida y vuelta de presentaciones en el marco de la justicia electoral que preside Alejo Ramos Padilla.

Vale recordar que el abadismo había llevado adelante una movida de autoconvocatoria el 6 de marzo pasado en la que hizo primar los cinco representantes que comparte con Evolución y el possismo para impulsar la fecha del 7 de junio para la realización de los comicios internos. En rigor, la reunión tuvo dos abstenciones, la del alcalde de Tandil Miguel Lunghi, partidario de un acuerdo global de todos los sectores sin presiones de ninguna índole, y la de Josefina Ignacio, del sector que reporta a Federico Storani: hubo tres miembros ausentes que pasan revista en el esquema de Miguel Fernández.

La resolución del Comité de Contingencia autoconvocado fue ratificado por mayoría rotunda el mismo 6 de marzo en el pleno de la Convención de contingencia que maneja el evolucionista Pablo Domenichini: la única fernandista del órgano es la alcaldesa de Gral Arenales Erica Revilla.

Ante esta situación, el fernandismo jugó rápido y presentó en la justicia electoral una cautelar para anular lo resuelto en la autoconvocatoria del Comité de contingencia arguyendo que estaba en plena vigencia la convocatoria oficial del mismo para el 12 de marzo: el juzgado de Ramos Padilla la rechazó. La resolución judicial desestimó el planteo y ratificó la validez de la decisión adoptada por los órganos partidarios.

Desde el sector que tiene como referencia a Miguel Fernández, titular del Comité de Contingencia y antiguo socio de Abad devenido ahora en enemigo acérrimo, minimizaron el fallo judicial y arguyeron que la justicia rechazó la cautelar porque las mismas en materia electoral son excepcionales y deben analizarse con especial prudencia.

Destacan que Ramos Padilla entendió que no cuenta todavía con todos los elementos de juicio necesarios para mensurar la validez de la reunión del 6 de marzo, por lo que según el fernandismo la Justicia decidió que la discusión sobre la validez del acto debe resolverse al analizar el fondo del caso. 

Toda esta situación devino en que el actual titular del Comité de Contingencia, Miguel Angel Fernández, tomara la resolución de suspender el llamado al pleno del órgano pactada para el jueves 12 de marzo a las 18 horas: “Está judicializada el tema  y creemos que hasta que no se resuelva la cuestión de fondo no tiene sentido avanzar con una convocatoria”, destacan ante PDS desde el entorno del trenquelauquense.

En paralelo, Fernández realizó ante Ramos Padilla otra presentación donde le pide que se expida sobre dos cuestiones fundamentales: la eliminación de la convocatoria a elecciones anticipadas y la nulidad de la autoconvocatoria del Comité de contingencia. Desde el fernandismo argumentan que el partido ya estaba enmarcado en la cumplimentación de los plazos legales para avanzar en la resolución de una fecha consensuada por todos los sectores para la concreción del proceso interno.

Al margen de la cuestión judicial, Fernández aseguraba puertas adentro que iba a conseguir el quórum de seis miembros necesario para sesionar si la reunión se hubiese llevado adelante este jueves 12 de marzo como estaba convocada de antemano: a los tres representantes propios le sumaban a Miguel Lunghi , la storanista Josefina Ignacio y la alcaldesa de Pellegrini Sofía Gambier.

La jefa comunal, si bien votó favorablemente al adelantamiento de la interna en la autoconvocatoria del abadismo y aliados, cumple el rol de tesorera del partido y según rezaba la orden del día de la convocatoria del 12 de marzo debía brindar un informe exhaustivo sobre la situación financiera del Comité Provincia: trascendió que habría una deuda de los legisladores de más de 80 millones de pesos en concepto de donaciones para costear los gastos de alquiler y empleados.

La pelota ahora está del lado del juez Electoral Alejo Ramos Padilla que deberá expedirse en los próximos días sobre la cuestión de fondo que condiciona el proceso electoral centenario: concretamente si la autoconvocatoria del Comité de contingencia que aprobó una resolución para adelantar la fecha de la interna llevada adelante por el abadismo y aliados tiene visos de legalidad.