Por: Diego Lanese
Hoy se vive de prepo /Y se duerme apurao /Y la barba, hasta a Cristo, se la han afeitao /Hoy se lleva a empeñar /Al amigo más fiel /Nadie invita a morfar /Todo el mundo en el riel.
Al mundo le falta un tornillo
El fin de semana, una verdadera multitud acompañó el festival artístico solidario a favor de los trabajadores de FATE. Con la presencia estelar de La Delio Valdés, la jornada buscó fortalecer el fondo de huelga formado para sostener la lucha en la fábrica de neumáticos, que su dueño quiere cerrar dejando a cerca de mil empleados en la calle.
Esta no es la única iniciativa solidaria, en la Universidad nacionales de Quilmes (UNQUI), por ejemplo, se realiza una colecta de alimentos para ayudar a estas familias. Es que en cada conflicto lo más delicado suele evitar que los despedidos o suspendidos deban dejar la lucha para buscar el sustento diario. Esto le pasa a muchos que no perdieron su trabajo, producto de la crisis de ingresos y la suba de los precios.
A tal punto la situación afecta a los asalariados, que un reciente informe alertó que el 60 por ciento de los trabajadores argentinos sufre inseguridad alimentaria, un fenómeno preocupante que está relacionado con la imposibilidad de comprar comida directamente. Así lo asegura un reporte del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), que reveló que muchos empleados, sin necesidad de estar en situaciones de conflicto, enfrentan “dificultades para comer adecuadamente en el trabajo”, debido a la presión de la inflación sobre los salarios. En concreto, la inseguridad alimentaria alcanza a más de 8 de cada 10 trabajadores si se toman todos aquellos que tuvieron que hacer algún ajuste en su dieta. Esto potencia el drama de tener trabajo y seguir en la pobreza.
El estudio de la UCA puso en la mira las conductas alimenticias de los trabajadores, y alertó de sobre la compra de comida, lo que se llama técnicamente inseguridad alimentaria. Según la definición mundial, esta problemática es la falta de acceso regular y permanente a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para un desarrollo normal y una vida activa. Puede ser causada por factores económicos, sociales o de disponibilidad, y varía desde la preocupación por no tener qué comer (leve) hasta la falta de alimentos por días (grave).
En el caso de los empleados argentinos, “se volvió un fenómeno extendido, con recortes tanto en la cantidad como en la calidad de los alimentos consumidos durante la jornada laboral”, según el reporte, al que tuvo acceso Política del Sur. Según la investigación, “apenas el 16,5 por ciento de los asalariados está libre de privaciones alimentarias. En contraste, el 83,5 por ciento experimenta algún tipo de vulnerabilidad, lo que refleja el deterioro del poder adquisitivo en un contexto de inflación persistente.
La problemática se manifiesta de dos maneras principales: reducen las porciones o reemplazan alimentos nutritivos por opciones más baratas. Este fenómeno aparece como una consecuencia directa de la crisis de ingresos, que obliga a muchos trabajadores a ajustar su gasto en alimentos incluso durante el horario laboral.

La investigadora responsable del informe, Ianina Tuñón, advirtió que los ingresos de gran parte de la fuerza laboral no alcanzan para cubrir el costo de alimentarse durante el trabajo, lo que obliga a priorizar otros gastos esenciales.
Uno de los datos más alarmantes del informe es la cantidad de trabajadores que directamente dejan de comer durante su jornada laboral. El 61,1 por ciento de los asalariados reconoce haber omitido alguna comida por falta de recursos: el 46,7 por ciento lo hace ocasionalmente y el 14,4 por ciento de forma habitual. La situación se vuelve aún más crítica entre los trabajadores jóvenes.
En el segmento de 18 a 29 años, el 70,7 por ciento admite saltear comidas, un fenómeno asociado a salarios iniciales más bajos y mayor precariedad económica. Además, el informe reveló que casi uno de cada cuatro trabajadores (22,6 por ciento) no consume ningún alimento durante su jornada laboral, lo que expone un nivel de vulnerabilidad alimentaria significativo incluso dentro del empleo formal. La inflación también impacta en el tipo de alimentos que consumen los trabajadores. El 78,5 por ciento reconoce haber reemplazado comidas nutritivas por alternativas más económicas, lo que implica un deterioro en la calidad nutricional de la dieta.
Dentro de ese grupo, el 24,6 por ciento afirma que esta práctica ya se volvió habitual, consolidando un patrón alimentario de menor calidad como forma de ajuste frente al aumento del costo de vida. El problema se agrava por el precio de las comidas fuera del hogar. El informe señala que almorzar durante la jornada laboral implica un gasto elevado: El 43,9 por ciento de los trabajadores desembolsa entre 5.001 y 10 mil pesos diarios; y un 20 por ciento gasta más de 10 mil pesos por día para alimentarse en el trabajo.
Esto transforma la comida diaria en un verdadero “costo operativo” que reduce el salario real, en un contexto de salarios que no logran seguir el ritmo de la inflación. El informe también detectó importantes desigualdades según ingresos y condiciones de trabajo. Por ejemplo, entre quienes ganan hasta 800 mil pesos mensuales, el 41,8 por ciento considera que su alimentación es poco saludable.
En cambio, entre los trabajadores con ingresos superiores a 2.000.000 pesos, esa proporción baja al 23,8 por ciento. Las condiciones del lugar de trabajo también influyen. Cuando los empleados no tienen acceso a heladera o microondas, el porcentaje de quienes saltean comidas asciende al 72 por ciento, lo que muestra cómo la infraestructura laboral puede profundizar la inseguridad alimentaria.
Además, el 55,6 por ciento de los trabajadores no recibe ningún tipo de aporte del empleador para alimentación, lo que deja el costo completamente a cargo del salario individual. Frente a este escenario, surge una demanda clara entre los trabajadores. El 80,4 por ciento considera necesario recibir algún tipo de aporte del empleador para la alimentación, con libertad para elegir cómo utilizarlo.
El apoyo es aún mayor entre los sectores más afectados, como los trabajadores de la construcción y los jóvenes, donde la proporción supera el 85 por ciento. La alimentación adecuada aparece así como “un factor central para sostener la salud, el bienestar y la productividad de los trabajadores en un contexto marcado por la inflación y la crisis económica”.

La inseguridad alimentaria en Argentina alcanzó niveles críticos en 2024-2026, con el 35,5 por ciento de niños y adolescentes (4,3 millones) sufriendo deficiencias en la calidad y cantidad de alimentos, marcando el peor registro en una década. En 2015, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fijó tres ambiciosas metas para alcanzar en 2030: acabar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición mundial.
Las tres conforman el objetivo número 2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la hoja de ruta que trazó Naciones Unidas tras lograr el Acuerdo de París. El documento también revela que alrededor de 2400 millones de personas (alrededor del 29,6 por ciento de la población mundial) no tuvieron acceso constante a los alimentos en 2022.
Entre ellas, unos 900 millones de personas se enfrentaban a una situación de inseguridad alimentaria grave. Pero para entender la gravedad del problema, primero hay que profundizar sobre lo que significa que una persona tenga inseguridad alimentaria, y qué relación tiene con el concepto de hambre.