Por: Diego Lanese

Ya casi nadie duda que hoy viernes el gobierno logrará aprobar la reforma laboral. El proyecto vuelve de la cámara de Diputados con una única modificación: se dio de baja el artículo vinculado a licencias médicas. Luego de la polémica mediática, el oficialismo admitió que fue “un error” su inclusión, y consensuó con sus bloques aliados su eliminación.

Más allá que los sectores combativos van a movilizar, la propia CGT considera cerrada la discusión legislativa, ya que apunta a judicializar la norma y sus aspectos más ásperos, para intentar frenarlas. Pero antes que la ley sea escrita en letra de mármol, algunos de sus aspectos comenzaron a aplicarse, o por lo menos a preparar las condiciones. Una de ellas vincula la estrategia de la central obrera, y quien la recibirá.

Es que el gobierno no esperó la formalización de la ley para inicia el traspaso de la justicia laboral a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. Esta idea venía creciendo en los últimos tiempos, y pese al rechazo de los judiciales y sus organizaciones parece tener vía libre, como casi todo lo que pretende el modelo libertario.

En este caso, al traslado pone en peligro miles de puestos laborales, según se denunciaron en las protestas de esta semana, que incluyó un paro nacional y la toma de edificios de tribunales. La medida de fuerza fue apoyada por la CGT, ya que la “colonización” de estos fueron pone en peligro su estrategia. Además, hay quejas por las condiciones labores de los empleados, tanto en CABA como en todo el país.

El cambio de la justicia laboral a CABA comenzó incluso antes que la reforma laboral esté aprobada, con una resolución que esta semana emitió el gobierno nacional. En la misma se establece “un traspaso progresivo de la competencia material y funcional de los Juzgados Nacionales del fuero Laboral y, en esta etapa, a la Sala VII  de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo”.

El acuerdo mantiene la competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en los casos previstos por la Constitución Nacional, al tiempo que asigna al Tribunal Superior de Justicia de la CABA la función revisora en las causas del fuero laboral local. En concreto, según las estimaciones, esta transformación prevé la disolución de 80 juzgados laborales y 10 salas de la Cámara del Trabajo.

Según el texto del acuerdo que difundió el oficialismo, el traspaso se limita a conflictos laborales en el territorio porteño, con una nómina detallada de órganos judiciales, “evitando una absorción inmediata para garantizar el funcionamiento regular del servicio de justicia y prevenir disrupciones en las causas en trámite”.

Un aspecto central del acuerdo es el régimen transitorio diseñado para asegurar la continuidad. Las causas iniciadas antes de la vigencia del convenio seguirán su curso en la Justicia Nacional del Trabajo hasta su resolución final, mientras que los nuevos procesos se radicarán en el Fuero del Trabajo de la CABA una vez operativo el traspaso.

⚖️ MOVILIZAMOS JUNTO A LOS TRABAJADORES JUDICIALES

Frente a un nuevo atropello del Gobierno Nacional, que avanza sobre la Justicia por medio de la Reforma Laboral, marchamos al Palacio de Tribunales en defensa de los trabajadores y trabajadoras.

🗓️ Martes 24 de febrero a las… pic.twitter.com/oaWjsfLNLZ

— CGT (@cgtoficialok) February 23, 2026

En cuanto al personal, el convenio prioriza la protección de derechos adquiridos. Se garantiza la intangibilidad de las remuneraciones, la estabilidad laboral y la preservación de los regímenes previsionales y de carrera para magistrados, funcionarios y empleados. Por los gremios rechazan esto, y afirman que corren peligro miles de puestos de trabajo.

Por eso, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) realizó esta semana un paro y la toma de al menos dos edificios de tribunales, donde denunció en un comunicado que “bajo la consigna engañosa de la modernización laboral, primero se procura debilitar los derechos sustantivos, luego se intenta consumar el proceso con el cierre de la Justicia Nacional del Trabajo, afectando gravemente el sistema institucional de tutela que garantiza su efectiva protección”. “Con el pretexto de combatir la denominada industria del juicio el gobierno impulsa esta iniciativa.

El calificativo resulta falaz; sin embargo, dentro de la lógica de un modelo que destruye la producción y el empleo adquiere coherencia: una industria más que pretenden desmantelar. En el medio quedan los trabajadores/as privados de derechos y de acceso a una justicia especializada”, agregaron.

La medida se tomó con respaldo de la CGT, que llamó a movilizar, a días que la propia central vaya a tribunales a pedir se declare inconstitucional la reforma laboral, que se aplica primero en el fuero laboral. En el reclamo están alineados jueces, trabajadores, sindicatos y abogados.

De prosperar la iniciativa libertaria el fuero laboral actual dejaría de recibir causas y solo funcionaría como tribunales residuales. “Buscan colonizar los juzgados”, dijeron fuentes judiciales consultadas por Política del Sur. El objetivo, para estas fuentes, es claro: destruir el furo laboral, y reemplazarlo por jueces “por empresarios, que acepten la mitrada de la reforma laboral, donde empleados y empleadores son ‘pares’, es decir, pueden negociar sin contrapesos. Así se termina el derecho laboral”.

Cuando la Ciudad resolvió poner en marcha el año pasado un fuero laboral con diez juzgados y una cámara de seis integrantes divididos en dos salas, una medida cautelar dejó esa modificación en suspenso. La dejaba supeditada a la firma de un convenio entre el gobierno nacional y el local. Este acuerdo establece que los juicios laborales (por cuestiones de derecho individual como indemnizaciones, despidos y accidentes de trabajo), tramitarán en la justicia laboral porteña, que aún no existe. Los que atañen a derechos colectivos (como convenios y derecho a huelga entre otros tantos) irán a parar al fuero Contencioso Administrativo federal, que no tiene ninguna especialización en materia laboral.

⚖️ La FJA se solidariza con lxs judiciales del Fuero Nacional del Trabajo ante el intento de desmantelamiento y traspaso a la órbita porteña.

Exigimos diálogo, estabilidad laboral y defensa del Derecho del Trabajo.

🔗 https://t.co/g2gwJEAlUv#FJA #FueroDelTrabajo #Judiciales pic.twitter.com/Xog967HD41

— Federación Judicial Argentina (@FJAJudiciales) February 24, 2026

En tanto, la Federación Judicial Argentina (FJA) se solidarizó con los empleados afectados, y  sostuvo que “los conflictos de esta magnitud no pueden abordarse de manera unilateral, en este caso por parte del Estado Nacional, ni mediante decisiones apresuradas que afecten la estabilidad de las y los trabajadores, el funcionamiento del Poder Judicial y la tutela efectiva de los derechos laborales”.

La entidad remarcó que cualquier salida al conflicto “debe construirse a través del diálogo democrático, con participación de las representaciones sindicales y garantías de transparencia institucional”, y exhortó a las autoridades nacionales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a abrir de manera inmediata instancias formales de negociación que permitan canalizar las demandas y evitar una mayor conflictividad.

“En la medida que le den fondos, y se aprueben los presupuestos, estamos de acuerdo”, dijo el titular de la FJA, Matías Fachal, quien además es dirigente de la Asociación de Empleados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (AEJBA). De esta forma, según el dirigente consultado por Política del Sur “los trabajadores judiciales pondrán su esfuerzo si este nuevo instrumento se materializa.

Por último, Fachal, recalcó que esta mirada se basa en que el foro laboral porteño “no absorbe una estructura heredada, sino que crea una nueva, bastante más chica en comparación”.