Por: Diego Lanese

En el marco de un plan de lucha lanzado contra la reforma laboral, la dirigencia de ATE denunció que el gobierno nacional busca dejar de pagarle a los trabajadores públicos algunos ítems  salariales, una especie de “reducción de ingresos oculta”.

Según la dirigencia estatal, la gestión libertaria busca aplicar directamente una rebaja privando a los trabajadores del cobro de adicionales tales como el premio estímulo a la asistencia y otros puntos. A esto se le suma los cierres arbitrarios de las paritarias, que hacen que haya una verdadera “sangría” del poder de compra de los empleados públicos.

Así lo denunció en su último informe la Junta Interna del gremio estatal en el INDEC, que todos los meses mide el salario necesario para alcanzar una canasta básica de productos y servicios, y compara el retroceso de esos ingresos respecto a la inflación.

En su último reporte, confirmó que desde que asumió el gobierno de La Libertad Avanza, os ingresos públicos retrocedieron un tercio de su valor, situándose muy lejos de los más de 2.200.000 de pesos que se necesitan para satisfacer las necesidades de una familia tipo. Además, los referentes sindicales en el organismo de estadísticas y censos se refirieron a la política por la no actualización del IPC, que derivó en la salida del gobierno de Marco Lavagna.

El nuevo informe de ATE-INDEC alerta por un nuevo retroceso de los ingresos de los estatales nacionales, que vienen perdiendo de la mano del congelamiento de su paritaria, que se estableció como política salarial desde que Milei llegó a la Casa Rosada.

En este caso, la baja está marcada por la suba del “salario deseable” para una familia tipo. Según el trabajo, al que tuvo acceso Política del Sur, un trabajador público necesitó, en el mes de enero de 2026, “2.213.476 pesos para satisfacer las necesidades mínimas de un hogar constituido por una pareja de 30 años con dos hijos en edad escolar”.

Este valor, explicaron, “se compone de 766.970 pesos necesarios para adquirir una canasta alimentaria mínima y de  1.446.506 pesos para acceder a otros bienes y servicios básicos”.

Además, se estableció que desde que asumió el gobierno libertario la inflación “acumulada es de un 269,8 por ciento, y la pérdida del poder de compra de un  32 por ciento para el caso testigo (Nivel D Grado 0)”, es decir, un tercio de su valor. “Si se toma el salario de diciembre de 2015 —10.191 pesos— y se lo actualiza a enero de 2026, debería ascender a 1.536.742 pesos; sin embargo, el salario real apenas llega a 656.153 pesos, según la grilla salarial del SINEP”, afirmaron desde ATE-INDEC.

🔴Tras la salida de Lavagna del Indec y el aplazo del IPC actualizado, la CGT avanza con su propio indicador y detalló que trabaja junto a universidades, entre ellas, la UBA. A su vez, prepara un "observatorio" con otros datos de la economía del trabajo.

ATE evalúa hacer lo…

— Finanzas Argy 🇦🇷 (@FinanzasArgy) February 15, 2026

“No sólo se trata de una canasta de alimentos, lo que medimos es incluimos un conjunto de productos necesarios para tener una vida digna, como comer, vivir bajo un techo, poder acceder a la educación y salud, entre otras cuestiones”, explicó Raúl Llaneza, delegado de la Junta Interna de ATE en el INDEC.

En diálogo con Política del Sur, recalcó que se trata de un “cálculo propio, un enfoque alternativo que el INDEC no usa y que busca reflejar el costo real de vida que todavía no está incorporada como corresponde”.

Además, el informe se refiere a la situación de los trabajadores estatales monotributistas, una modalidad que creció mucho en los últimos años, y que genera un “constante reclamo de regularización contractual”. En su caso, a la pérdida del poder adquisitivo general “se le debe sumar la no percepción de los medio aguinaldos, presentismo y las exiguas sumas fijas que el gobierno otorga como paliativo”. “Tomando un salario neto mensual actual de 776.932,23 pesos han acumulado una pérdida que alcanza la suma de 5826897 pesos-, esto es el equivalente a 7,50 meses de honorarios en los últimos 95 meses”, recalcó el reporte.

Por todo esto, ATE-INDEC sostuvo que” ningún trabajador ni trabajadora debería percibir un salario inferior al valor de la Canasta de Consumos Mínimos calculada en este ejercicio”, y exigió: Reapertura inmediata de paritarias sin techo; aumento de emergencia del 47 por ciento que recomponga la pérdida salarial acumulada durante el gobierno de La Libertad Avanza; bono de emergencia mensual para todos los trabajadores y trabajadoras; independientemente de su relación contractual con el Estado de 400 mil pesos; pase a planta permanente de las y los trabajadores precarizados; prohibición de despidos y reincorporación de las y los despedidos. “Ningún salario ni jubilación por debajo de la línea de pobreza y no a la reforma laboral”, concluyó el reclamo.

Además, los trabajadores del INDEC recordaron que durante el mes de enero se registraron nuevos aumentos en servicios esenciales (alquileres, transporte, salud prepaga, energía, comunicaciones y servicios públicos) y enormes aumentos en alimentos que “profundizan el deterioro del poder adquisitivo de las trabajadoras y los trabajadores del Estado”.

Estos incrementos “impactan directamente sobre los gastos fijos de los hogares, reduciendo de forma acelerada la capacidad real de compra de los salarios, en un contexto de ingresos que continúan creciendo muy por debajo de la inflación”. Esto no se puede disimular con la postergación de la actualización metodológica del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con las nuevas ponderaciones de la ENGHo 2017/18.

“Como lo dijimos en el comunicado de prensa del pasado 13 de enero: Lejos de tratarse de un fenómeno coyuntural, este deterioro responde a un modelo económico que ajusta sistemáticamente sobre salarios y jubilaciones, al tiempo que avanza en el desfinanciamiento del Estado, la precarización laboral y el vaciamiento de áreas estratégicas. La pérdida salarial no es un daño colateral: es una herramienta central del programa de ajuste”, recalcó la Junta Interna.

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— ATE-INDEC (@ATEIndec) February 10, 2026

La flexibilización de las condiciones de contratación, “la intención de  priorizar acuerdos individuales o con los llamado convenios por empresa sobre los convenios colectivos, la desarticulación de la tutela sindical y la redefinición regresiva de derechos laborales básicos deterioran las condiciones materiales de trabajo”.

Al respecto, Llaneza dijo que se vive “un contexto de precarización laboral, con la reforma laboral a la cabeza. Este es un retroceso que afecta a todos los trabajadores y sólo beneficia a las grandes patronales”, agregó.

En este sentido, desde ATE-INDEC afirmaron que la reforma “ataca la organización de los trabajadores, a sus sindicatos, y profundiza la desigualdad. Busca disciplinar”.