Por: Diego Lanese

Luego de varias horas de duro debate, la cámara de Diputados se encaminaba a votar la Ley de Modernización Laboral. Con un quórum ajustado -130 presentes –el oficialismo se anotó el primer poroto, y buscaba cumplir con la proyección que se hacía en la previa: la aprobación con cambios.

Esto significa que la iniciativa, rechazada por los gremios y la oposición, se podría convertir en ley en los próximos días. Afuera, una marcha de sindicatos combativos protestaba contra la reforma, mientras la CGT festejó la contundencia del paro general llamado, que a partir de la fuerte adhesión de todos los gremios del transporte, garantizó las calles vacías.

El malestar de los trabajadores por los cambios que quiere imponer el gobierno de Javier Milei no es nuevo, y está cruzada por los ataques que hay desde la gestión libertaria, cuyo modelo desdeña la producción nacional. En este sentido, en medio de la discusión el cierre definitivo de FATE generó tensión, y aumentó el clima de crisis que se vive.

Por eso, con o sin reforma laboral, todos los sectores prevén que haya un 2026 con mucha conflictividad. De hecho, un reciente informe anunció que hace al menos cuatro meses que crecen las protestas y las marchas, una tendencia que se profundizará. Los gremios saben de este panorama futuro, y prometen “mantener la actividad”.

El malestar de los trabajadores con el modelo libertario explotó con el cierre de FATE, a horas de comenzar a tratar la reforma laboral. Más allá de las teorías conspirativas que circulan –sobre una decisión empresarial de dañar al gobierno o aprovechar la futura reforma –las condiciones apuntan a una mayor conflictividad.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sistematizó los últimos casos de despidos, cierres, suspensiones, retiros voluntarios, quiebres y venta de unidades productivas que se dieron en los últimos tiempos, y que se dieron independientes de la legislación laboral que La Libertad Avanza pretende reformar este jueves.

“Desde enero 2024 hasta el 5 de febrero 2026 se registraron al menos 717 casos de conflictividad laboral en todo el país”, puede leerse en el informe de CEPA, al que tuvo acceso Política del Sur. Los cierres de empresas también fueron materia de estudio por parte de la organización Fundar. Desde el inicio de la administración Milei hasta la actualidad (el último dato consolidado corresponde a noviembre 2025), se destruyeron 21.938 empresas, el 4,3 por ciento del total. El incremento de la conflictividad laboral registrada en los últimos dos años – y sistematizada por el CEPA – “es tributaria de este modelo de pauperización de la administración Milei”.

La conflictividad laboral no deviene de “un corpus legislativo pensado para proteger los derechos de los trabajadores sino principalmente de un contexto social y económico de pauperización cimentado por un programa de ajuste”.

El incremento de la conflictividad laboral en los últimos dos años de Milei es tributario de este programa de miseria planificada, instituido como laboratorio de displinamiento social
Informes del @ctroCEPA y @fundarpoliticas | https://t.co/Te4RL0d570

— Sebastián Premici (@spremici) February 19, 2026

“Durante los últimos dos años, Argentina atravesó transformaciones macroeconómicas y productivas, caracterizadas por el ajuste fiscal, desregulaciones, apertura importadora y redefinición del rol del Estado (por solo nombrar algunas), lo que generó impactos directos sobre el nivel de actividad, empleo, salarios reales y la negociación colectiva”, resumió el CEPA en su último informe sobre la conflictividad laboral en el país.

Desde enero 2024 hasta el 5 de febrero 2026 se registraron al menos 717 casos de conflictividad laboral en todo el país. En el desagregado, se detectó que el sector industrial fue el más perjudicado, rubro que tiene casi la mitad de su capacidad instalada frenada, según los últimos datos del INDEC, que en el caso del caucho y neumáticos –FATE es una de las principales empresas del sector- apenas supera el 30 por ciento. El sector más perjudicado por los conflictos laborales fue la industria con el 62,1 por ciento.

Las ramas más afectadas fueron: textil, alimentos y la metalurgia y siderurgia, fundamentalmente como consecuencia de la apertura importadora, según el análisis realizado por el CEPA. El sector Servicios representó el 16,9 por ciento de los casos. Las actividades de Recreación y esparcimiento (Hotelería, Restaurantes, Bingos y Casinos), Transporte, Medios de comunicación y Sanidad fueron los de mayor alcance. El sector primario acumuló el 9,5 por ciento de los casos, donde la mayor afectación se dio en el sector de Hidrocarburos y Servicios Petroleros, el Pesquero, y la Minería.

El comercio representó el 8,2 por ciento de los casos, Supermercados fue el subsector más afectado. La Construcción acumuló el 3,3 por ciento de los casos, siendo la obra privada la más afectada.

En tanto, en los dos años de gestión de La Libertad Avanza, se cerraron 21.938 empresas, de las cuales 10.123 bajaron persianas el último año. El último dato consolidado es de noviembre de 2025. Ese mes se perdieron 892 empresas.

De acuerdo al informe realizado por Fundar, 22 de las 24 provincias tuvieron una caída interanual en la cantidad de las empresas registradas. En el caso de La Rioja, la caída de empresas en los últimos dos años fue del 12, seguido por Catamarca (-11,2), Chaco (10,24) y Tierra del Fuego (9,75).

En el caso de la planta de FATE de San Fernando, que esta semana los trabajadores denunciaron que la empresa simplemente puso un aviso en la puerta sobre el cierre, sin comunicación previa alguna, por lo que luego se impulsó una ocupación pacífica de la planta, con la participación del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA).

El gobierno nacional (que acusó al dueño de la firma Javier Madanes Quintanilla de intentar “desestabilizar” al oficialismo por su decisión de comunicar el cierre horas antes del debate de la reforma laboral en Diputados), dictó la conciliación obligatoria por 15 días, por lo que por el momento quedarían en suspenso las cesantías, aunque las perspectivas de recuperación de la fuente laboral son muy lejanas. Según estimaciones, el cierre implica la pérdida de 2.500 empleos, incluyendo a los indirectos, de proveedoras de la empresa.

ÚLTIMO MOMENTO!!
EL FRESU RESOLVIÓ UN PARO DE 36 HS CON MOVILIZACIÓN SI LA REFORMA VUELVE AL SENADO!!

No alcanza con la modificación del artículo de las licencias médicas. Esta ley nos conduce a una catástrofe social. La conflictividad tiene que escalar. Tenemos que profundizar… pic.twitter.com/i0piLZpUs8

— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) February 19, 2026

El sector textil es uno de los más golpeados por la política de apertura indiscriminada de las importaciones que impulsa el gobierno. En ese marco, la firma Hilado S.A., del grupo textil TN & Platex, solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores, denunciando que “durante los últimos meses, la industria textil argentina se ha visto fuertemente impactada por una combinación de factores adversos: la caída del consumo interno, la apertura de importaciones, la desregulación de ventas por plataformas digitales extranjeras, el ingreso de ropa usada, y el escaso y el elevado costo financiero que se ubicó muy por encima de la inflación durante el año 2025″, describieron desde Hilados.

Más allá de que la firma asegura que va a sostener los puestos de trabajo, la incertidumbre cunde entre sus trabajadores. Especialmente por el holding propietario cerró en enero su planta de la localidad tucumana de Los Gutiérrez, dejando sin fuente laboral a 190 empleados.

La localidad bonaerense de Tandil sufrió en estos días el cierre de la de la histórica fábrica de pastas secas Fideos Italia, que también bajó persiana definitivamente por el desplome del consumo interno, despidiendo todo su personal, al que además asegura no poder pagarle las indemnizaciones correspondientes.

Desde el Sindicato Argentino de Trabajadores de la Industria Fideera (SATIF) denuncian una “maniobra” de la empresa para pagar el 50 por ciento de las indemnizaciones, ya que en la comunicación de los despidos afirma que son por el el artículo 247 (“fuerza mayor”) pero no demostró la crisis ante la cartera laboral ni obtuvo el correspondiente Procedimiento Preventivo de Crisis.