Por: Diego Lanese

En dos años, sin reforma laboral, el mercado del trabajo argentino tuvo un aumento de la informalidad, una tendencia que comenzó hace décadas, y que tiene una aceleración en los últimos meses. El auge de las plataformas de entrega disparó la participación de trabajadores en sus esquemas, ya sea para lograr un salario mensual como para complementar los ingresos familiares, una realidad que habla de la baja de los salarios respecto de la inflación.

En este contexto, los argumentos de los promotores de la Ley de Modernización Laboral apunta a formalizar a estos integrantes de la llamada economía popular, que incluye a millones de profesionales que están bajo la modalidad monotributista. Incluso antes que la reforma facilite este tipo de contrataciones “flexibles”, eufemismo para decir precarizadas, el modelo libertario ya creo miles de fuentes de trabajo en esa condición.

De hecho, estos empleados están reemplazando a los formales o “en blanco” a un ritmo alarmante: según un informe, por cada empleo formal destruido, se crean dos informales. Esto generará alarma si la normativa se aprueba en el Congreso, ya que el contenido de la ley potencia este tipo de contratación irregular.

El informe del Instituto Argentina Grande (IAG) se basa en cifras oficiales, vinculadas a los despidos del personal formal y la creación de trabajo informal en los dos años de gobierno de Javier Milei. Según las estimaciones, en la actualidad hay 6 millones de trabajadores que están en negro y por ello fuera de toda cobertura, mientras del lado de los registrados, suman 11 millones, entre públicos y privados.

Según el trabajo, al que tuvo acceso Política del Sur, en el tercer trimestre del año pasado “aumentaron en 357 mil los puestos informales”, en tanto en el mismo período se destruyeron 193.590 puestos de trabajo privados registrados. Es decir, “prácticamente por cada uno que quedó sin empleo, casi dos pasaron a integrar la legión de los marginales”. En el medio, en el lapso de dos años cerraron cerca de 22 mil empresas en Argentina, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), por lo que quedaron en pie 490 mil y permanecen en actividad 9.566.571 trabajadores.

“El endurecimiento de las condiciones de trabajo y el menor costo de despedir personal inmanentes a la ley en cuestión no albergan demasiadas expectativas de que se amplíe el horizonte de contrataciones en un futuro inmediato”, analizó la entidad.

¿Cuáles son las consecuencias que tendría la reforma laboral de Milei en tu vida? Jornadas más largas, menos salario, más monotributo

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— Instituto Argentina Grande (@iargentinag) February 13, 2026

La industria manufacturera, sobre todo las pymes, que junto a la construcción son las mayores generadoras de ocupación para la mano de obra, pendulan entre la reconversión y el cierre. Si bien la tasa de actividad alcanzó el 48,6 por ciento, el nivel más alto para un tercer trimestre desde 2016, fue consecuencia, principalmente, del ingreso forzado de jubilados al mercado laboral.

Por un lado, “creció 11 por ciento interanual el número de personas de 66 años o más que volvió a trabajar por la pérdida del poder adquisitivo de los haberes y, en contraste, la participación de los jóvenes retrocedió 1,6 por ciento”, de acuerdo a los datos oficiales del INDEC. Pero al mismo tiempo se registró un pico de cantidad de horas trabajadas, unas tres horas, a 45,2, la semana laboral promedio en el tercer trimestre de 2025, que contra 2024 representa un incremento del 9 por ciento.

Es decir hubo “una mayor carga horaria en planteles formales que sobrevivieron a los cierres de fábricas, suspensiones y despidos”. Al vacío de la informalidad cayeron 193.590 empleos privados registrados desde la asunción de Milei, con la provincia de Buenos Aires como la más afectada, con 68.570 puestos.

El trabajo sin aportes, estabilidad, capital propio para emprender, ni calificación, ya representa el 44,2 por ciento de los 20 millones de trabajadores ocupados, de acuerdo al IAG, basado en los microdatos de la encuesta permanente de hogares del INDEC.

Todo este panorama se da en momentos que la reforma laboral está a un paso de aprobarse, lo que la mayoría de los análisis adelantan que profundizará esta realidad. Así lo dijo el Foro por la Defensa del Derecho al Trabajo y la Justicia Social, un espacio nacido en septiembre del año pasado en una cumbre realizada en la sede de la Unión de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (UTE), y que viene produciendo materiales para debatir las consecuencias de la reforma laboral.

Respecto al trabajo no registrado, este espacio emitió un documento donde aseguró que la eliminación de los sistemas de indemnizaciones y sanciones frente a los incumplimientos de las obligaciones derivadas de las relaciones laborales “no hará más que incrementar los niveles de precarización existentes, favoreciendo la evasión laboral, previsional y la informalidad”.

“Nada, absolutamente nada de los contenidos de este proyecto de tratamiento legislativo es admisible y compatible con ninguno de los tratados, convenios internacionales de la OIT, la Constitución Nacional, los principios generales y específicos del derecho internacional y nacional del trabajo y de la seguridad social y su inserción en el conjunto de los Derechos Humanos”, expresa este texto en su primer punto, al que tuvo acceso Política del Sur. “Nada tiene de ‘moderno’ su contenido; por el contrario, su aprobación nos retrotraerá al siglo XIX”, agregó.

#Advertencia ‼️ #PrecarizaciónLaboral ❌
Foro de especialistas considera que la reforma laboral es la “demolición del derecho del trabajo”https://t.co/mYwfxEpobY

— Data Gremial (@DataGremialCom) February 12, 2026

Para este foro, “a la indefensión individual de los trabajadores y trabajadoras en las relaciones sociales de trabajo se suma la reducción a límites extremos de la presencia y acción sindical y de representación colectiva, limitando el derecho de reunión y restringiendo de modo prácticamente prohibitivo el ejercicio del derecho de huelga”.

Ejemplo del verdadero objetivo de esta reforma es “el golpe mortal a la negociación colectiva por actividad a través del fomento de la creación de sindicatos de empresa para que negocien a la baja en ese reducido ámbito”. Además, se rechazó la idea de “industria del juicio”, ya que afirmaron que “eso no solo es falso en términos cuantitativos, sino que, en todo caso, la litigiosidad existente deriva del alto nivel de ilegalidad del mundo del trabajo y de una verdadera “industria del incumplimiento patronal”.

La implementación del Fondo de Asistencia Laboral disminuye los ingresos del Sistema Previsional (SIPA), mediante la reducción de tres puntos porcentuales en las contribuciones patronales, “desfinanciando de tal manera los ya escasos recursos de la seguridad social en detrimento de trabajadoras y trabajadores”.

“Las discusiones que debieran abrirse, necesariamente, han de ser las que conciernen a un fortalecimiento del sistema protectorio del derecho laboral y una política estatal que elimine la clandestinización y privación de derechos y garantías constitucionales para un universo que ya está representando la mitad o más de la totalidad de la fuerza de trabajo activa en la República Argentina”, concluyó el foro.