Este jueves en sesión extraordinaria, la Camara de Diputados aprobó por 149 votos a favor y 100 en contra, la baja de la edad de imputabilidad a 14 años. La iniciativa impulsada por el Gobierno nacional busca ser una medida contundente contra la inseguridad, aunque estadísticamente son muy pocos los delitos cometidos por menores de edad.

Sobre esta cuestión, Política del Sur consultó al diputado nacional del bloque del Partido Socialista, Esteban Paulón quien expresó que “una cosa es la baja de la edad de imputabilidad, que sería la aplicación del sistema general penal a las personas menores de 18 años y otra cosa es el régimen penal juvenil, que es un régimen diferenciado de abordaje interdisciplinario a las personas menores que pudieran haber cometido un delito”.

En relación a esto último, comentó que “el Partido Socialista tiene un proyecto desde el año 2009 en relación al régimen penal juvenil, como un régimen diferenciado, con penas alternativas a la privación de la libertad. Con un abordaje desde los 14 a los 18 años y garantizando los dos principales objetivos de nuestro sistema penal: reparación y justicia para las víctimas, y resocialización y responsabilización para quien ha cometido un delito”.

Tras la media sanción del proyecto, Paulón consideró que “si el gobierno insiste con esto de la baja de la imputabilidad a los 14, a la edad que sea, ahí no hay ninguna posibilidad de discutir. Porque eso es condenar a los pibes y a las pibas al mismo esquema penal que tienen las personas mayores y sin ninguna posibilidad de la resocialización o de cualquier otra cuestión”. 

 

 

 

 

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Además destacó que el dictamen aprobado el año pasado tenía que ver con un régimen penal juvenil a partir de los 14 años, con instituciones diferenciadas, ciertas garantías y un financiamiento para las provincias. “Porque esto es una ley federal que se aplica provincialmente, porque la mayoría de los delitos son provinciales. El único delito federal por el que podrías juzgar a una persona menor es narcotráfico. Y no hay nadie de 14 o 15 años que haya sido denunciado. Para que sea un delito de narcotráfico tiene que haber una complejidad del delito que una persona de 14 años no puede desarrollar”.

“Las personas menores entre 14 y 18 años que entran en el marco del sistema penal juvenil, van a ser personas acusadas por un asesinato, delito contra la integridad sexual, por violencia, por un hurto, por un robo, son delitos que actualmente juzgan 17 de 24 provincias. Ya tienen un sistema penal de 16 a 18 años, que hoy sí son imputables”, detalló el diputado. 

Y agregó que “lo que nosotros haríamos con un régimen penal juvenil distinto es poner un estándar mejor de garantía de derecho y derecho a la defensa para todas las personas entre 14 y 18, y ponerle un estándar que hoy no tienen. Hoy cada juez y cada juzgado hace más o menos lo que le parece, ahí tenés una disparidad enorme de cómo se aborda el tema y sin un equipo interdisciplinario”.

En línea con esto, sostuvo que “si tuvieras la ley penal juvenil esos chicos se responsabilizan del delito que cometieron y pueden tomar dimensión de las consecuencias de sus decisiones y su accionar. Pero les das un tratamiento que no es carcelario porque la ley penal juvenil tiene un montón de instancias alternativas a la privación de la libertad. En ese tratamiento garantizás educación, acompañamiento, etc. Para que tomen conciencia de lo que han hecho y en definitiva, una vez que lleguen a los 18 años, puedan reinsertarse en la sociedad, que es un poco el objetivo de nuestro sistema penal”.

Finalmente, manifestó que “estamos de acuerdo con sancionar un régimen penal juvenil, que tiene que ser a partir de los 14 años y que tiene que tener un financiamiento nacional, si se cumplen esas condiciones. No hay que estigmatizar a los pibes, pero también creo que, en su momento, este debate se podría haber dado en mejores condiciones y no nos animamos a darlo. Eso finalmente terminó arrastrando una situación peor, porque la sociedad percibe que en determinado contexto no hay responsabilización por la comisión de un delito”.

“Nosotros tenemos que garantizar el derecho de reparación y justicia para la víctima, garantizar el derecho de resocialización para quien haya cometido un delito. Y vemos que la experiencia internacional nos muestra que el régimen penal juvenil es una herramienta válida para eso”, cerró.