Según plantean sus allegados, el fallo habría estado sustentado exclusivamente en el testimonio de la denunciante. De acuerdo con esa versión, en el expediente no constarían pericias psicológicas concluyentes, estudios médicos ni registros fílmicos que respalden la acusación.

La denuncia fue impulsada inicialmente por un superior jerárquico más de un año después de los hechos investigados y posteriormente formalizada por una agente policial. Desde el entorno del condenado afirman que el conflicto se habría originado en el ámbito laboral, luego de que González se negara —según esa hipótesis— a avalar presuntas irregularidades en un depósito policial.

La defensa también señaló presuntas inconsistencias en la investigación. Entre ellas, que el supuesto episodio habría ocurrido en dependencias del tesoro del Banco Nación en Mar del Plata, en circunstancias que, de acuerdo con los protocolos de servicio, dificultarían la coincidencia de ambos agentes en ese lugar y horario. Siempre según esta postura, el análisis de cámaras de seguridad no habría registrado situaciones compatibles con la acusación.

En el marco de la causa, dos personas que declararon en respaldo de la denunciante fueron posteriormente procesadas por presunto falso testimonio. Asimismo, la defensa incorporó al expediente mensajes y fotografías que, según sostiene, contradicen la versión acusatoria. Sus abogados argumentan que ese material no habría sido valorado con la profundidad necesaria durante el juicio.

El impacto de la condena también se refleja en el plano personal. Familiares señalan que González perdió su empleo y su vivienda, y que permanece privado de libertad desde antes del nacimiento de su hija. Las visitas al penal, aseguran, implican traslados extensos y fuertes controles, lo que agrava la situación emocional del grupo familiar.

La causa se encuentra actualmente en instancia de revisión ante tribunales superiores. La defensa espera que se reevalúe la prueba producida en el juicio oral, mientras sectores que acompañan al policía convocaron movilizaciones públicas para reclamar mayores exigencias probatorias en este tipo de procesos.

El caso reaviva el debate en torno a los estándares de valoración de la prueba en delitos contra la integridad sexual, una discusión que atraviesa al sistema judicial argentino y genera posiciones encontradas tanto en el ámbito jurídico como en la opinión pública.