Lo que ocurre en la vieja Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires (FSTMPBA) ya no puede leerse como una simple “diferencia interna”. El escándalo por la venta de una propiedad sindical en Junín expuso una trama de decisiones opacas, documentos discutidos y responsabilidades que nadie parece querer asumir del todo.

Oscar Ruggiero, ex secretario de la vieja Federación, decidió detonar una bomba política y gremial al responsabilizar al fallecido Humberto “Nito” Bertinat por la presunta venta irregular de un inmueble perteneciente a esta  institución. Según su denuncia, la operación se habría realizado sin la autorización del congreso gremial y violando el estatuto. Una acusación gravísima.

La carta documento supuestamente enviada por Ruggiero al actual secretario general, Walter Leonardi, habla de una venta realizada hace cinco años que hoy vuelve como un boomerang y amenaza con comprometer a la conducción actual. El inmueble vendido era una sede sindical en Junín, escriturada a nombre de la Federación provincial. La pregunta es simple y brutal: ¿quién autorizó la venta y bajo qué condiciones?

Ruggiero asegura que Bertinat actuó solo, con una firma y sin consultar a nadie. Desde la vieja Federación responden lo contrario: que el propio Ruggiero le otorgó un poder especial para operar. Es decir, el denunciante habría sido, según esta versión, quien habilitó exactamente lo que hoy denuncia.

Y ahí aparece el dato que incomoda: el secretario de Finanzas, Juan José Maury, respondió con una carta documento donde afirma que los poderes especiales fueron otorgados el 27 de enero de 2021 en una escribanía Torralba, con firmas de Ruggiero y del entonces tesorero Alfredo Dulke. No se trata de una charla informal ni de un acuerdo de pasillo: se trata de un acto notarial.

Pero hay más. Maury sostiene que el dinero de la venta ingresó a la vieja Federación y figura en los balances oficiales. Balances que, según consta, llevan la firma del propio Ruggiero. O sea: habría aprobado los números de una operación que hoy califica de ilegal. ¿Descuido? ¿Cinismo? ¿O una interna que se salió de control?

El nivel de desprolijidad roza lo absurdo cuando el propio Maury afirma que la carta documento que originó todo este escándalo nunca llegó a la sede de la FSTMPBA. Entonces, ¿qué se está contestando? ¿Una denuncia formal o un título periodístico? ¿La vieja Federación responde por responsabilidad institucional o por pánico político?

Mientras tanto, Ruggiero niega haber otorgado un poder válido, habla de “exceso de poder” y reclama saber dónde terminó el dinero. Incluso asegura haber impulsado denuncias penales por malversación de fondos. Sin embargo, los papeles, las firmas y los balances parecen contradecir su propio relato.

 

 

 

 

Ver esta publicación en Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una publicación compartida de Prensa Federacion de Sindicatos de Trabajadores Municipales (@fstmpba)

El contexto no es menor. Ruggiero perdió el control del gremio de municipales de Tres de Febrero tras un fuerte rechazo de las bases, en medio de salarios a la baja, acuerdos paritarios cuestionados y denuncias de persecución interna. Hoy, desde afuera del poder, reaparece con una denuncia que huele más a ajuste de cuentas que a cruzada moral.

Para completar el cuadro, Política del Sur intentó ubicar a Ruggiero en el domicilio consignado en la carta documento, en Santos Lugares. Allí había un vehículo a su nombre, pero una persona negó que viviera en ese lugar, pese a que figura como su domicilio fiscal. Un detalle menor para algunos, pero clave cuando se habla de denuncias formales, responsabilidades legales y transparencia.

En definitiva, la vieja Federación que hoy conduce Walter Leonardi quedó atrapada en una telaraña de decisiones pasadas, silencios presentes y documentos que nadie explica del todo. Lo que ninguno de los involucrados aclara es que la venta de un inmueble sindical no es un trámite administrativo: es patrimonio de los trabajadores.

Pero más allá de las cartas documento, los balances cruzados y las versiones enfrentadas, hay una verdad incómoda que nadie en la vieja Federación parece dispuesto a decir en voz alta: una propiedad sindical se vendió y nadie puede explicar con claridad quién decidió, quién autorizó y quién controló esa operación.

Si la venta fue legal, que se muestre toda la documentación, sin recortes ni relatos acomodados. Si fue irregular, alguien debe responder ante la Justicia. Lo que a los trabajadores no les parece aceptable es este limbo de excusas, silencios y contradicciones, donde todos se señalan pero nadie asume responsabilidades.

Resulta difícil creer en una conducción que dice no haber recibido una carta documento, pero igual la contesta con ese formato. O en un denunciante que desconoce poderes que llevan su firma y balances que validó durante años. La desprolijidad no es un error administrativo: es una forma de gestión.

Mientras los trabajadores municipales siguen perdiendo poder adquisitivo y derechos, sus dirigentes discuten papeles, se cruzan denuncias tardías y usan el patrimonio sindical como ficha en una guerra interna. La vieja Federación, que debería ser una herramienta de defensa colectiva, aparece hoy convertida en un campo minado de internas, sospechas y operaciones políticas.

No se trata solo de una venta en Junín. Se trata de una forma de hacer sindicalismo. Uno donde los bienes de los trabajadores se manejan como propios, las decisiones se toman entre pocos y las explicaciones llegan —si llegan— cuando el escándalo ya explotó.

No es la primera vez que esta vieja Federación se ve envuelta en un escándalo inmobiliario, ya que un particular de nombre Sandro Silva ya había denunciado a Bertinat por una deuda millonaria en dólares por la compra de una propiedad en Hurlingham que no se pagó y que se hizo a través del Sindicato de Municipales de ese municipio sin personería gremial con lo cual la FSTMPBA quedó como garante de una de una deuda de 1.500.000 dólares, además de la denuncia de amenazas contra Silva y su familia.

Al cabo, ahora, la pregunta final no es quién mintió primero. La pregunta es cuántas operaciones más se hicieron así y cuánto más están dispuestos a tolerar los municipales bonaerenses antes de exigir que alguien rinda cuentas de verdad.