Por: Diego Lanese

En diciembre de 2024, Brian Thompson fue atacado a balazos cuando entraba a un hotel en Manhattan, en Nueva York. El CEO de UnitedHealthcare, la mayor empresa de seguros médicos de Estados Unidos, murió a causa de las heridas, y a los pocos días se detuvo a Luigi Mangione, un ingeniero en sistema de 22 años  que está acusado del asesinato.

En medio de la investigación, se conoció que en los casquillos de las balas el atacante dejó las siguientes palabras: deny, defend, depose, que pueden traducirse en “negar, defender y deponer”.

Esto resume la estrategia de las empresas del sector de rechazo sistemático de reclamos de los pacientes. Además, el detenido dejó una especie de manifiesto, donde denuncia el “sistema corrupto” de salud en Estados Unidos. Esto confirmó que el asesinato no fue al azar, y que detrás hubo un motivo claro. En los meses siguientes, hubo un resurgir del debate sobre el sistema norteamericano, muy cuestionado por brutalidad en sus mecanismos, donde las personas sin seguro quedan indefensas, por la falta de un sistema público.

Este debate –un poco clausurado por el triunfo de Donald Trump –tiene especial interés en el país, donde  el gobierno sigue de cerca las políticas sanitarias del país del norte, y ya emitió alguno de sus pasos, como dejar la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Si pasa la reforma laboral, luego viene la reforma del sistema sanitario”, alertan desde distintos espacios.

La reforma laboral libertaria busca cambiar el mercado del trabajo como se conoce. Por su profundidad, es más ambiciosa que las planteadas por otros gobiernos, y transforma de manera permanente las relacionales laborales.

Esto incluye la seguridad social, la cual depende especialmente de las obras sociales sindicales. Esto ya fue advertido por la CGT, que luego de que se formalizara la presentación del proyecto, elaboró un documento donde critica el impacto en la atención de la salud de los trabajadores.

Según este trabajo, las modificaciones propuestas “no solo afectan las condiciones de contratación, sino que impactan de manera directa en el acceso a la salud de millones de argentinos a través del desfinanciamiento de las obras sociales”. El tema que más preocupante es la reducción de la contribución patronal obligatoria, que pasaría del 6 al 5 por ciento.

Desde la secretaría de Acción Social de la central obrera aseguran que este recorte “desfinancia de forma crítica el sistema de obras sociales, el cual se sostiene exclusivamente con el trabajo registrado y no a través de impuestos o subsidios estatales”.

El informe estuvo a cargo del “ministro de Salud de la CGT”, José Luis Lingeri, que detalló una serie de perjuicios que afectarán directamente al sistema sanitario sindical. En primer lugar se habla de menos prestaciones: La CGT advirtió por restricciones en estudios clínicos, tratamientos complejos y en la cantidad de prácticas médicas cubiertas actualmente.

Recorte en cobertura: “Existirán mayores límites para el acceso a medicamentos esenciales y servicios de odontología”. Deterioro de la calidad: “El desfinanciamiento se traduce en una menor oferta de turnos, escasez de profesionales y el cierre de centros de salud disponibles para los afiliados”.

🏥🚨 LA REFORMA LABORAL TAMBIÉN IMPACTA EN TU SALUD

La reducción de aportes patronales desfinancia el sistema de obras sociales y afecta la atención sanitaria de las y los trabajadores.👩‍⚕️👷‍♂️

Menos recursos no generan beneficios reales:
generan más dificultades, menos… pic.twitter.com/CzCznC43xC

— CGT (@cgtoficialok) January 6, 2026

Pero esto no sería todo lo que quiere cambiar el gobierno. Es que en Azopardo hablan de un segundo paso, más allá de lo que defina la reforma laboral. Muchos dirigentes piensan que luego de los cambios laborales, irán por el modelo solidario que rige en la salud argentina. “Si pasa la reforma laboral hay muchas chance que vaya por la seguridad social”, le dijo a Política del Sur un dirigente que los pasillos de la central obrera.

Los cambios ya no sólo están vinculados a la financiación o las afiliaciones. Las alarman se encienden por la posibilidad de una cambio de paradigma en materia sanitaria, la construcción de un nuevo modelo vinculado a las empresas de aseguramiento, como el que rige en Estados Unidos,  uno intermedio, como el de vouchars, que se intenta tanto en lo sanitario como en el sector educativo.

En este último caso, ya existe un ejemplo en la Argentina: el del municipio de San Nicolás. Según se explica, busca subsidiar la demanda y no la oferta, permitiendo que personas sin obra social o prepaga accedan a atención primaria en sanatorios privados, financiados por el municipio. Funciona mediante un token digital gestionado por el paciente para servicios básicos (urgencias, consultas), optimizando recursos. El problema, dicen en la CGT, que esos vouchers son limitados, y abarcan a prestaciones de baja complejidad.

“Una vez que se acaban los vouchers, hay que pagar, lo mismo que para cuadros graves. Ahí la gente queda desamparada”, agregaron los dirigentes consultados.

Por el momento, este modelo sólo adoptó esta política el municipio de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires. El voucher de salud denominado Seguro Médico Municipal está dirigido a quienes no cuentan con obra social ni medicina prepaga, unos casi 50 mil vecinos que representan un 30 por ciento de la población local, según cifras oficiales.

Según indicó en su momento el intendente del municipio, Santiago Passaglia, el sistema se encuentra funcionando desde enero del 2024. El Seguro Médico está vigente en el GO Sanatorio San Nicolás (administrado por el Grupo Oroño) y próximamente se sumarán otras clínicas y consultorios privados de la ciudad que quieran adherir al sistema de voucher, según explicó el Gobierno nacional.

Además, las versiones indican que en cinco intendencias de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba se analiza implementar el sistema de vouchers de salud, aunque todavía no está confirmado. En San Nicolás, el sistema cubre la atención primaria de la salud, como pediatras, ecografías y radiografías. A través de este sistema, el municipio se hace cargo de pagar solo por aquellas prestaciones médicas que el vecino recibe.  

“Si un chico llega a la guardia o a un consultorio externo del sanatorio por un broncoespasmo, se lo asiste, se le hace una radiografía, que es una práctica que está incluida en la atención de primer nivel, y se le da tratamiento. Si requiere atención de mayor complejidad, se lo deriva a un segundo nivel de atención, que es hospitalario, y puede ser público o privado. Esa internación no la cubre el voucher, sino el sistema público por el DNI del paciente”, explicó en su momento Mirna Bottazzi, secretaria de Salud de San Nicolás.

🚨 Se LANZAN los VOUCHERS en SALUD.

✅ El GO Sanatorio San Nicolás, primer centro público-privado en implementar el Seguro Médico Municipal que brindará cobertura a 50.000 vecinos sin obra social. pic.twitter.com/z20wJPm4FS

— Tv Pública Libertaria (@Tv_Libertaria) June 10, 2024

En el caso del modelo de Estados Unidos, se rige con un sistema de aseguramiento de salud, predominantemente privado y mixto, sin cobertura universal. Se basa en seguros contratados a través del empleador o comprados de forma independiente por los trabajadores, con programas públicos (Medicare para mayores de 65 años, Medicaid para bajos ingresos) para grupos específicos, pero con prestaciones muy reducidas.

Es conocido por sus altos costos, la necesidad de redes de médicos (redes cerradas) y la complejidad de los deducibles y copagos. En el país en el gobierno de Mauricio Macri se avanzó con un primer paso en materia de aseguramientos: la implementación de la Cobertura Universal de Salud (CUS). Esta vieja imposición del Banco Mundial otorgaba un certificado a los pacientes para atenderse en el sistema, pero se limitaba a hospitales y centros públicos.

No hubo avance en los privados, que mantuvieron su prioridad en los afiliados de la seguridad social. El sistema suele defenderse bajo el argumento que la oferta hace a los seguros más accesibles, y por ley el 80 por ciento de las cuotas de los seguros deben destinarse a la mejora de la atención médica.

Pero también sucedió que la expansión obligada de las coberturas y la inclusión de personas con condiciones médicas preexistentes han resultado en un aumento en las primas de seguro. Además, muchos proveedores de salud rechazan tratar a personas que están en programas estatales como Medicaid o SCHIP porque el reembolso que reciben por sus servicios es muy bajo.